En el año 1215 el rey Juan I de Inglaterra, Jean Sans Terre, obligado por las circunstancias firmó la Magna Charta Libertatum. Esta primera carta magna constituyó un rústico marco institucional que sirvió para limitar el poder del rey frente a sus súbditos. Ochocientos años después se reconoce a este como uno de los cimientos del Rule of Law, estructura institucional de corte liberal que responde a la necesidad de limitar el poder y evitar el potencial daño a los derechos y garantías individuales. Esta ha sido una de las más poderosas fuentes de la prosperidad en los países desarrollados.

El monopolio de la coerción -el Estado- en pocas manos es una peligrosa herramienta que atenta contra la libertad. Sin un adecuado marco institucional que permita un equilibrio, se produce una acumulación excesiva del poder y los ciudadanos quedan indefensos ante la coacción arbitraria fruto de las decisiones de la élite que gobierna, al estilo de la nomenklatura en la ex URSS. Un ejemplo actual es Corea del Norte, donde Kim Jong-un controla absolutamente todos los poderes y así controla la vida de todos los norcoreanos. Un ejemplo más cercano, Cuba donde una familia controla todos los aspectos de la isla hace 50 años o Venezuela que mediante una serie de cambios constitucionales que facultaron la concentración de poder mantiene secuestrado al pueblo venezolano.

El resultado de este tipo de arquitectura institucional es: menos libertad, más pobreza y una serie de incentivos para producir beneficios para sectores económicos y políticos específicos de la sociedad, forjando una élite corrupta que luego se enquista en el poder. Son estos beneficiarios, empresarios y políticos, los que hacen luego posible sostener el modelo. Para el filósofo postmarxista Ernesto Laclau,  sin embargo, esta es una condición necesaria para el cambio político en América Latina. En sus palabras, el momento presidencialista, el momento populista va a ser más fuerte en la región dadas las necesidades de la agenda política regional (¿Foro de Sao Paulo?) a diferencia de otras regiones donde predomina el institucionalismo. 

Lógicamente en regímenes parlamentarios, donde existe una institucionalidad que permite las auditorías cruzadas,  el jefe de gobierno es una persona diferente al jefe de Estado, donde existe peso del senado, papel activo de las cortes,  estructura federal, etc., no es imprescindible limitar el poder por la vía de limitar la reelección. En Ecuador ha predominado el régimen presidencialista con un sistema institucional débil, sin contrapeso en la Asamblea Nacional, sin cortes de justicia independientes, con una estructura centralizada. Y es justamente esa condición la que debería motivar a crear un límite al poder.

La reciente reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional que faculta la posibilidad de la reelección inmediata indefinida, abre la posibilidad de un peligroso escenario de pérdida mayor de las libertades individuales. Ante la apatía de los ciudadanos -producto de la falta de incentivos para estar informados de la política, es más productivo concentrar los esfuerzos en actividades que nos traen beneficios más inmediatos, y un gobierno con tal nivel de poder- solo nos lleva ,a recordar el título de la obra de Friedrich Hayek: Camino de Servidumbre.