Casi nadie quiere soltar la… administración de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). De los 221 alcaldes que existen en el Ecuador, 206 pueden ir a la reelección en los comicios locales que se desarrollarán en 2023.

Esto representa el 93,2% del total de aspirantes que hasta la fecha están inscritos y aprobados en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ellos/as dicen que los mueve el amor por sus territorios. Que no pueden irse sin culminar las grandes obras que han planificado y que su pueblo, entrañable y generoso, es el que clama por su permanencia —si fuera posible eterna—.

¡Ja! La realidad es que el ejercicio del poder suele motivar diferentes tipos de dependencias. Al dinero, por ejemplo. A los micro privilegios del cargo (escoltas, vehículos, honores, atenciones) y al engorde del ego.

Muchas veces, también, a la impunidad, porque mantenerse en el poder es su única forma de encubrir las acciones dolosas. Reelegirse, por tanto, es un buen negocio.

Cuentan con toda la estructura de las alcaldías (desde personal hasta recursos logísticos), para hacer campaña encubierta. Basta con disfrazarla de rendición de cuentas o de acciones solidarias por la época de Navidad. ¡Jo Jo Jo!

Además, alientan el respaldo financiero de proveedores, empresarios y mafias interesadas en mantener el control y flujo de las contrataciones con cada Gobierno Autónomo Descentralizado.

Por eso, cuando son reelegidos en las urnas, no solo repiten los alcaldes, sino también sus círculos cercanos de poder.

¿Qué hacen las autoridades que deberían sancionar y observar estas prácticas? Exacto. Nada. La guía básica de reelección incluye como requisito indispensable ubicar en las delegaciones provinciales a personas de confianza y que sean diligentes.

Sería injusto caer en la generalización. Es verdad. Alguna autoridad habrá que, en medio de todo ese entramado de aspirantes, destaque por impulsar el desarrollo de su territorio con ética, transparencia, vocación de servicio y buena fe (léase la ironía). El resto, no obstante, merece la censura de los electores.

Si un alcalde logró el favor de la ciudadanía para llegar al cargo y fue una decepción, los mandantes no tienen la responsabilidad. Apostaron y perdieron. Pero si es ratificado por esos mismos mandantes, entonces la culpa ya no es del reelecto, sino de quien no aprende de su historia.