
Los no profesionales se acuerdan que existe en el Estado algo llamado inteligencia cuando esta falla. Y hasta cierto grado esto puede ser entendible porque el trabajo de la mejor inteligencia es el que no se conoce debido al carácter estratégico que esta posee. Pero, fijarse únicamente en los fracasos de forma aislada puede dar una lectura inadecuada sobre la proporción general entre errores y éxitos alcanzada, debido a que los desastres que no ocurren no son observables.
Este podría ser el caso de la inteligencia estratégica del Ecuador, si apartamos de este análisis todas las malas actuaciones registradas en la época del correato. Periodo en el que se desnaturalizó a la inteligencia convirtiéndola en un instrumento de espionaje político similar a la Gestapo alemana o la KGB soviética, organismos que se enfocaban en vigilar minuciosamente la opinión pública y las acciones de los opositores políticos para anular posibles acciones en contra del régimen.
Profundizando en la realidad ecuatoriana, debido a la clasificación de los productos de la inteligencia no se conocerán públicamente cuáles fueron los aciertos del sistema, que seguro existieron a partir del cambio de rumbo de la política del expresidente Moreno a mediados del 2018. En ese momento se decidió dejar atrás un régimen autoritario y se optó por la recuperación de la democracia, lo que resultó también en un cambio en cuanto la forma de conducción de la inteligencia. El interés nacional recuperó su jerarquía y se sobrepuso a los intereses partidistas. Aunque también existieron desaciertos, pero propios de la actividad.
El Estado no puede prescindir de la inteligencia estratégica, porque es una herramienta esencial con la que cuenta el decisor político para una óptima toma de decisiones en temas de defensa y seguridad
Ahora, el ministro de Defensa, Fernando Donoso, por disposición del Presidente de la República tienen el gran desafío de reestructurar el sistema de inteligencia estratégica. Tarea no menor si se considera que hasta el momento no existe una teoría normativa completa de la inteligencia, es decir, una teoría que diga cómo puede hacerse para que la inteligencia funcione y no se distorsione. Los académicos y estudiosos de este ámbito se han preocupado en el desarrollo de una teoría descriptiva, enfocándose en la comprensión empírica de los errores cometidos por el sistema a fin de proponer soluciones y evitar los mismos errores del pasado, pero sin indicar cómo enfrentar los desafíos futuros. Uno de ellos, la conformación de un organismo eficiente.
Ante esto, no existen puntos nítidos de cómo hacerlo y las respuestas no serán y no deberían ser rápidas, lo urgente es enemigo de lo importante y lo trascendental.
Son pocos los puntos claros y compartidos entre los especialistas sobre este reto capital. El más importante, el Estado no puede prescindir de la inteligencia estratégica porque es una herramienta esencial con la que cuenta el decisor político para una óptima toma de decisiones en temas de defensa y seguridad. Un segundo lugar de coincidencia es la necesidad de encontrar mecanismos correctos y prevenir otro despropósito de la inteligencia como el mencionado en los primeros párrafos de este texto.
En esta línea de ideas, la responsabilidad no es exclusiva del Ejecutivo. El esfuerzo debería ser acompañado por los demás poderes estatales, principalmente el Legislativo. Ahora, el problema sería encontrar a un legislador que comprenda de forma precisa en qué consiste la inteligencia y qué debería ser. Así, sería casi imposible conformar una comisión especializada para tratar esta cuestión determinante para la seguridad del Estado y su población. En consecuencia, el asesoramiento técnico para el Legislativo en esta materia es apremiante.
Por último, podría decirse que el uso adecuado de la inteligencia depende menos de la burocracia que del intelecto del tomador de decisiones, por lo tanto, las primeras decisiones serán fundamentales para una efectiva reestructura.
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