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14 de Octubre del 2019
Ideas
Lectura: 11 minutos
14 de Octubre del 2019
Hugo Cahueñas Muñoz

Abogado, catedrático de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito. 

Reflexiones frente a la crisis: FMI, subsidios, abusos y corrupción
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Cualquier alternativa debe basarse en el marco constitucional y la transparencia, además debe fundamentarse en el pragmatismo y debemos estar conscientes que cualquier medida generará impactos negativos a nivel social. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de proteger a las personas en mayor vulnerabilidad frente a estos efectos.

La crisis en Ecuador, exacerbada en la ciudad de Quito, tiene causas estructurales que deben abordarse para alcanzar una solución que sea sostenible. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la CONAIE, es un paso importante pero no aborda las raíces del problema, por lo que es necesario analizarlo desde diferentes visiones. En este espacio comparto algunas reflexiones preliminares sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los subsidios a los combustibles, los abusos cometidos por los diferentes actores y la corrupción que se muestra como raíz del problema.

Primero, el acuerdo con el FMI (Carta de Intención) es solo la punta del iceberg, frente a un grave problema de déficit fiscal. Este acuerdo con un organismo internacional, al comprometer la política económica del Estado, requería la aprobación previa de la Asamblea Nacional (artículo 419 de la Constitución) e informe previo y vinculante de la Corte Constitucional (artículo 438.1 de la Constitución). En su momento la ex defensora del Pueblo, Gina Benavides, alertó de este incumplimiento constitucional; sin embargo, las autoridades que debían exigirlo se hicieron de la vista gorda. Hoy vemos las graves consecuencias de la falta de discusión y transparencia ante este tratado internacional. Por lo que, la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional deben pronunciarse sobre el acuerdo con el FMI. Además de incumplimiento constitucional se debe realizar un análisis crítico de los programas del FMI dado que diversos estudios macroeconómicos (Dreher, Oberdabernig, Forster, Kentikelenis, Reinsberg, Stubbs, King, entre otros) concluyen que los programas que promueve el FMI generan mayor inequidad y pobreza.

Sin embargo, el problema no es solo el acuerdo con el Fondo Monetario sino el grave déficit fiscal por lo que se deben identificar otras fuentes de financiamiento. Cualquier alternativa que se realice debe basarse en el marco constitucional y la transparencia, además debe fundamentarse en el pragmatismo y debemos estar conscientes que cualquier medida generará impactos negativos a nivel social. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de proteger a las personas en mayor vulnerabilidad frente a estos efectos. Esta protección también implica la inclusión de los diferentes colectivos en los diálogos previos que toda política pública debe contemplar.

Segundo, el pernicioso subsidio a los combustibles debe eliminarse. Es evidente que el Decreto 883 (Que eliminó el subsidio a los combustibles) no fue debidamente discutido con todos los sectores y tampoco se tomaron medidas de prevención y preparación frente a sus efectos negativos. Sin embargo, estos subsidios se deben eliminar como parte de esas medidas para equilibrar el presupuesto fiscal. Adicionalmente, este subsidio ha sido distribuido de forma inequitativa y promovió actos delictivos.

Por un lado, el subsidio beneficia más a las personas con mayor capacidad adquisitiva, incluidas grandes industrias lícitas e ilícitas, incluidos el narcotráfico y el contrabando. Por lo que se debe diferenciar los argumentos legítimos de aquellos rechazos que tienen raíces delictivas. El Estado debía actuar de forma preventiva y no reactiva ante los justos pedidos de ciertos sectores a quienes la medida les afecta gravemente, y con quienes el gobierno no dialogó en el momento que correspondía. Por ejemplo, se debía implementar (de formar preventiva y no reactiva, insisto) medidas de compensación para los sectores de mayor vulnerabilidad como ciertos sectores productivos. Además, estos subsidios pueden eliminarse de forma progresiva, cumpliendo así los compromisos adquiridos por el Estado ecuatoriano en los tratados internacionales sobre cambio climático. Por cierto, los derechos ambientales han sido parte de la bandera de lucha de ciertos colectivos sociales, incluido el movimiento indígena. Por lo que se debe esperar coherencia en este proceso.

Tercero, durante estos días hemos sido testigos de lamentables y repudiables abusos. Empezando por quien debe respetar y garantizar los derechos, el Estado. El informe del Defensor del Pueblo señala “que existen graves violaciones a los derechos humanos”. Además, se han registrado en video varios abusos por parte de ciertos militares y policías. Los abusos y violaciones a los derechos humanos deben ser sancionados, por el mismo bien de las instituciones castrenses. Lamentablemente, ante estos hechos ha existido permisibilidad e inclusive han sido arengados por la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, mucho antes de estos hechos fue permisible ante los abusos de la fuerza, como ocurrió en Quevedo cuando un policía pateó en el suelo a un delincuente. En estos días esa permisibilidad se agudizó. Además, la ministra de Gobierno no ha actuado con asertividad, como la crisis lo requería, desconociendo los abusos y ponderando de manera indiscriminada las actuaciones policiales.

La ministra no reconocía la gravedad de la situación y no supo gestionar debidamente los riesgos existentes, mismos que debía ser contemplados incluso con anterioridad, a partir de ejercicios prospectivos frente a las medias que se planteaban.

La ministra no reconocía la gravedad de la situación y no supo gestionar debidamente los riesgos existentes, mismos que debía ser contemplados incluso con anterioridad, a partir de ejercicios prospectivos frente a las medias que se planteaban. Esta falta de asertividad por parte de la ministra de Gobierno, ha llegado al punto de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas controle la seguridad interna. Por otro lado, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ha sido desacertado en el manejo de la crisis, sus declaraciones fueron incendiarias al hablar de “guerra” y al amenazar a los manifestantes. Con esto, el ministro de Defensa agravó más la situación. El ministro debía saber que esta no era una situación de “guerra” o conflicto armado no internacional, por lo que el empleo de la fuerza se rige bajo parámetros de derechos humanos. Bajo estas normas solo se puede emplear la fuerza letal cuando una vida está en riesgo, no por proteger bienes (así sean estratégicos) como desatinadamente amenazó el ministro.

Además, los ministerios de defensa y gobierno, debían proveer al personal operativo del material adecuado para el control del orden público, así como del entrenamiento requerido para estos escenarios. Este discurso es repetitivo, pero poco eco ha tenido en las autoridades dado que aún no se cuenta con una ley que regule el uso de la fuerza, solamente existe un acuerdo ministerial. La ciudadanía, incluidos militares y policías, requieren seguridad jurídica en materia de uso progresivo y proporcional de la fuerza. Esto incluye una debida investigación y sanción por las muertes ocurridas, así como de los abusos de la fuerza pública. Incluida la arbitrariedad en el uso de una ambulancia, cuyo único fin es transportar a personas heridas o enfermas.

También hemos sido testigos de abusos por parte de los manifestantes, quienes tienen todo el derecho a expresarse, a protestar, a resistir y a exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales. Sin embargo, algunas de protestas también se han visto marcadas por discursos y actos de violencia. Como son reprochables las acciones de los ministros del sector seguridad, también es reprochable el discurso del presidente de la CONAIE, donde se promovía que se derroque al presidente de la República, a quien también insulta bajo un lenguaje que es discriminatorio con todas las personas con discapacidad. Se deben investigar y sancionar los actos de violencia: ataques a las ambulancias y al personal de atención pre hospitalaria, ataques y retención de periodistas, saqueos, daños a bienes públicos y privados. Claro está que la mayoría de estos actos fueron realizados por infiltrados y por oportunistas (como lo manifestó la dirigencia indígena y, fue corroborado por el Gobierno).

También han existido abusos en las expresiones en las redes sociales donde se han expandido noticias falsas (fake news) y opiniones infundadas, mismas que han exacerbado aún más la crítica situación y han polarizado a la sociedad. En situaciones de crisis se puede limitar la información; sin embargo, también se debe contar con información. El equilibrio entre ambas no se alcanza simplemente por leyes o decretos, se requiere compromiso y consciencia ciudadana. En este aspecto es el que debemos intervenir todos y de forma inmediata, debemos hacer un buen uso de las redes sociales y de nuestra palabra con el fin promover calma en el proceso de reconciliación y reconstrucción social.

Cuarto, una nube que cubre todo este escenario es la corrupción, por lo que debemos unirnos en una lucha frontal contra ella. La corrupción y los corruptos son causantes en gran medida de la crisis económica, social e institucional que vive el Ecuador.  No es casualidad que algunos oportunistas incendiaron la Contraloría General del Estado, buscando eliminar todo registro de diversos actos de corrupción. Sin saber que existen registros digitales (esperemos que sea así). Por lo que ahora se debe tomar todas las medidas para proteger dicha información, así como dar todas las garantías para que la misma se pueda emplear procesalmente, a fin de sancionar a quienes han exasperado la violencia con el fin de proteger sus protervos intereses.

Esta crisis nos deja una sociedad aún más dividida. Pero la crisis puede representar una oportunidad. Como decía Albert Einstein “la crisis trae progresos”. Para ello, debemos unirnos y abordar los problemas estructurales, cuya lista es mucho más larga que este bosquejo.

[PANAL DE IDEAS]

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