Mucho se ha escrito últimamente sobre el déficit fiscal, endeudamiento público y la insostenibilidad en las finanzas públicas, y ciertamente que las cifras fiscales en rojo y la falta de decisión del gobierno para corregir el rumbo dan para ello, y lamentablemente parece que vamos a tener tela para cortar de largo en esta materia.

Sin embargo, es conveniente comenzar a discutir otros temas que siendo igualmente importantes, se les está dejando de lado por las urgencias fiscales. Uno de ellos es la Seguridad Social que tiene fuertes implicancias en el crecimiento económico de largo plazo y el alivio de la pobreza.

Debemos comenzar reconociendo que los principales problemas que aquejan la Seguridad Social en Ecuador son:

La insostenibilidad del sistema de reparto por la inversión de la pirámide poblacional, gracias a la mayor expectativa de vida, menor tasa de natalidad y la tecnología que reduce las relaciones laborales.  En otras palabras, no hay posibilidades de mantener la equidad intergeneracional, en tanto los trabajadores activos son cada vez menos para poder financiar los pensionados que son cada vez más.

Una crisis fiscal de grandes proporciones que no permitirá mantener en el tiempo los aportes estatales al sistema de reparto.

La contribución individual que va 100% a un fondo común y no a una cuenta individual por lo que termina siendo vista como un impuesto al trabajo, y como tal reduce el empleo total y aumenta la informalidad agravando el problema. Para el caso de los trabajadores esporádicos o que no cumplen 10 años, su grado de regresividad es monstruosa.

La falta de competencia que permite la captura política de la administración plena del IESS con incentivos político-clientelares perversos, y que han hecho de esta institución el botín político y la caja chica de los gobiernos de turno con ineficiencias espantosas (exceso de personal, publicidad exagerada en promoción de figuras o partidos políticos, inversiones direccionadas con un enorme costo de oportunidad, cruce entre fondos de pensiones y salud contra ley expresa, decisiones de incorporar afiliados que no cotizan y reciben beneficios, etc.).

Falta de transparencia con balances reservados y desconocimiento pleno de la comisión implícita por gastos administrativos, relación retorno riesgo entre otros.

Con estos antecedentes, una agenda de reformas para la seguridad social en Ecuador basada en argumentos técnicos y números, y no componentes ideológicos o electorales, debería seguir la siguiente hoja de ruta, con el principal objetivo de procurar la sostenibilidad de las pensiones:

Ajustar el cálculo de la tasa de reemplazo que actualmente alcanza el 96% promedio de relación de la pensión con el último salario del trabajador, en tanto resulta insostenible en el tiempo por cuanto una pensión sostenible queda determinada solamente por el valor del total de activos acumulados en su vida laboral. Debemos destacar que para algunos pensionados estos ajustes implicarían más bien un incremento de la pensión, en tanto el actual sistema de reparto más bien les impone un impuesto.

Las proyecciones demográficas evidencian que hay espacio para ampliar la edad de jubilación, y particularmente en el caso de mujeres que debería llegar a los 70 años igual que los hombres.

Transparentar y sincerar balances financieros, evidenciando las cifras en rojo y la insostenibilidad del sistema de reparto para ganar viabilidad política y poder vender las reformas requeridas que ciertamente distarán mucho de ser populares.

Generar incentivos tributarios para posponer la decisión de jubilación y que puedan seguir aportando. 

Subir la tasa de aporte en cambio resulta inviable porque Ecuador con una tasa actual de más del 20% está por encima del aporte promedio de los países de la OCDE (18.4%), más aún si no existe vinculación directa entre el aporte y la pensión en una cuenta individual. Pensar en cargarle una mayor tasa al empleador sería simplemente catastrófico en términos de empleo. Alternativamente podríamos pensar en aumentar la base imponible y buscar una mayor formalización de las relaciones laborales con un buen esquema de premios – castigos, como es una mayor flexibilización del mercado laboral y otras consideraciones para la provisión de la salud pública.

Apertura de cuentas individuales como el mejor instrumento para proteger nuestros aportes,  respetando la existencia de aquel pilar solidario que garantice pensiones definidas a la población de menores ingresos que no tiene la capacidad de acumular recursos para financiar su jubilación y con base al presupuesto estatal, pero permitiendo que se genere un pilar contributivo obligatorio que se acumule en cuentas individuales y adicionalmente un pilar de ahorro voluntario, orientado a complementar el pilar contributivo y que se fomente con incentivos tributarios.

Abrir a la competencia privada, destacando que no hay que tener miedo a la participación del sector privado y como mejor referencia tenemos a Chile que de acuerdo al Índice Global de Pensiones, Melbourne 2017, elaborado por la Consultora Mercer les sitúa a sus fondos de pensiones privados en los diez primeros puestos a nivel mundial y la primera de América Latina en los mismos rangos de Noruega, Singapur, Nueva Zelanda y Finlandia, un tema nada menor ciertamente.

A manera de conclusión, podemos señalar que nuestro actual sistema de reparto ciertamente es muy generoso, pero totalmente insostenible y como los incentivos políticos son perversos y no garantizan para nada una mejora real de la eficiencia del sistema, debemos pensar seriamente en abrir a la competencia privada o al menos a la apertura de cuentas individuales. Las otras propuestas son menores, aunque más viables políticamente hablando, y ciertamente en algo ayudarán a una mejor seguridad social, pero los retos de una verdadera reforma al sistema de seguridad social creo que pasan definitivamente por los dos últimos.