Una reforma integral. Esa fue la solución planteada por la Ministra de Inclusión Social, luego de varios meses de un proceso llevado por diversos sectores de la sociedad civil para revisar ambigüedades y contradicciones del Código de la Niñez y Adolescencia. En la práctica, la propuesta de la señora Cordero cerró el debate sobre las reformas al Código. Aunque se supone que legalmente el proyecto de ley sigue en discusión en la Asamblea Nacional, desde que apareció la “Reforma Integral”, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional no ha hecho pronunciamiento alguno, ni ha dado continuidad a las acciones que se venían dando. Se coligaría que tácitamente ejecutivo y legislativo asumen esta propuesta y esperan el accionar de la Ministra de Inclusión Social.

Desde ese lado, la ministra Cordero no ha dicho cuándo o cómo será presentada la propuesta de reforma, pero desde su carácter de integralidad, supondría una revisión completa, detallada y con ello larga. Es decir, se podría conocerla en ¿un año? ¿dos?. Siendo mal pensados, quizás el tiempo necesario para que “se calmen las aguas“ y se olviden las propuestas de reforma “no integral” ¡Viva Lampedusa!. En cualquier caso, se han cerrado meses de debate testimonial, jurídico y académico sobre el tema. Con o sin propuesta, no se vislumbra posibilidad alguna de que la Comisión esté cerca de dar un informe sobre el Proyecto de Ley presentado.

Sería injusto decir que la dilación surge desde que apareció la “Reforma Integral”. Todo el proceso de discusión del Proyecto de Ley y de las reformas fue lento y con largas temporadas de inactividad. La discusión convenientemente quedaba detenida por semanas y hasta por meses, desde el ritmo del cronograma legislativo, por las urgencias de la coyuntura, debido a los tiempos políticos de la Asamblea. La Comisión no se reunía para tratar el tema, la Comisión no llegaba a acuerdos, la Comisión actuaba desde la “real politik”. Miembros de la Comisión debieron usar su tiempo en otros temas, ante los requerimientos de Contraloría. Pero sobre todo, la Comisión difícilmente llega a consensos, la pugna de intereses de los miembros de la Comisión es constante, e incluso prima el cálculo ante las elecciones venideras: Apoyo la posición que luego me traiga más votos, o mejor no opino mucho y no me quemo. Asambleístas de la Comisión, así como miembros del Ejecutivo, tienen intereses personales en que no continúe el debate y no se reforme nada. Algunos hasta hacen eco al anterior Defensor Público, quien planteó el archivo a la propuesta de reformas.

Diversos son los puntos que necesitan revisión. De manera general el derecho superior de los niños y la responsabilidad que con ellos tienen ambos progenitores, pero también los mecanismos para garantizar ese ejercicio de derechos, que en las actuales condiciones han demostrado no ser efectivos o no responder a sentidos de justicia.  Mostrar todos los aspectos a revisarse no es posible en este artículo, pero desde lo jurídico, han trabajado profusamente estos temas prestigiosos abogados como Farith Simon y Salim Zaidán, entre otros. También se han realizado estudios académicos que miran desde una dimensión socioantropológica las consecuencias que han tenido en ecuatorianos y ecuatorianas las aplicaciones del “Código”.

Varios ecuatorianos y ecuatorianas están en la cárcel por no pagar pensiones de uno de los hijos, y al estar presos no pueden alimentar a los otros. Las estadísticas dicen que la mayoría de ecuatorianos no gozan de las bonificaciones décimo tercero y décimo cuarto sueldos, pero sin recibir dichos aguinaldos, en su condición de alimentantes, tienen que desembolsar esas dos pensiones al año, con ello en esos dos meses quedan con un mínimo para satisfacer sus necesidades y de los otros miembros de su familia. Hay una tabla de pensiones organizada en función de porcentajes que no cumplen el fin inicial: satisfacer las necesidades del niño o niña, ni desde su piso ni desde su techo. El piso de la tabla de marras, manda que quién no tiene ingresos fijos, menores o iguales al salario mínimo vital, entregue un aporte monetario que no cubre las necesidades del menor. El techo no existe…  No hay un techo para esta tabla que sigue subiendo porcentualmente de acuerdo a los ingresos. A mayor ingreso del alimentante, mayor es el porcentaje que este tiene que pagar a la persona que está a cargo de su alimentado. Otra vez, las entregas monetarias, no están en función de las necesidades de los hijos, sino desde montos de pago, en el fondo, arbitrarios. En ningún caso se consideran los ingresos de la persona que está a cargo del alimentado para fijar la pensión, aun cuando esta persona tenga ingresos mayores que el alimentante... Estos son algunos ejemplos que muestran prácticas alejadas de la justicia.

Diversas legislaciones de países “desarrollados” han adoptado la Coparentalidad y la Custodia Compartida. Con esos mecanismos, el menor de edad puede disfrutar del amor de ambos padres y ambos padres tienen responsabilidades claras para con su hijo/hija. En países como Suecia, estos mecanismos han sido impulsados por movimientos feministas, en tanto que en Ecuador, algunos movimientos así autodenominados, se oponen con uñas y dientes a dicha posibilidad. Muchos son los aspectos de fondo y de forma, contradicciones del Código con la Constitución, con los derechos del niño/niña, con las reivindicaciones de género... La aplicación del Código ha generado durante estos años inequidades a ecuatorianos y ecuatorianas, sin embargo, un estudio académico recientemente publicado muestra en una de sus conclusiones que la actual normativa desfavorece directamente a hombres mestizos de clase media.

Son demasiadas las reformas que deben hacerse al famoso “Código”, que no pueden esperar un consenso entre los miembros de la Comisión de Justicia que nunca llega, o a la voluntad de los impulsores de la “Reforma Integral” oficial, que no muestran su planteamiento. Muchos son los temas y muchos los hombres y mujeres que no pueden esperar a los “tiempos políticos”, al gatopardismo, a la imposición de la hegemónica postura de funcionarios interesados en no cambiar una letra del Código actual, pero que se escudan en la “Reforma Integral”. Fuentes gubernamentales, que han pedido anonimato, dicen que se piensa crear una “Comisión ocasional” en la Asamblea, formada por conocidas opositoras, con lo cual no se realizarían reformas sustanciales sino meros maquillajes.

Es de esperarse que un tema de trascendental importancia para el país sea tratado con la celeridad requerida, con la seriedad necesaria, con el debate adecuado y no privilegiando discursos y posicionamientos corporativos y conservadores. ¿Qué dicen los asambleístas de la Comisión de Justicia sobre la continuidad del proceso? ¿Para cuándo nos entregarían un informe serio y coherente? ¿Cuál es la “hoja de ruta” (palabra de moda) que la ministra Cordero ha diseñado para la mentada “Reforma Integral”? ¿Qué dicen el presidente Moreno, la presidenta de la Asamblea Nacional y sobre todo la Ministra de Justicia Rosana Alvarado sobre esto?