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3 de Mayo del 2015
Ideas
Lectura: 5 minutos
3 de Mayo del 2015
Arturo Moscoso Moreno

Abogado y politólogo

¡Resistencia!
En pocos años la democracia y las libertades en Ecuador han sido reducidas de un modo alarmante y se hace necesario, así como esos valientes que lucharon por sus derechos en la Primavera Árabe y que aún lo hacen en el Mediterráneo para alcanzar un futuro mejor, apelar al derecho a la resistencia para que el cerco con el que nos están encerrando no termine por ahogarnos.

En enero de 2011 con la Revolución de los Jazmines en Túnez comenzó la Primavera Árabe, un movimiento ciudadano sin precedentes en Oriente Medio y África en reclamo de libertades democráticas y cambios políticos, económicos y sociales y que tuvo un efecto dominó en varios países de esas regiones. En Túnez y en Egipto los gobiernos fueron derrocados en pocas semanas (aunque luego el gobierno democráticamente elegido en Egipto sería depuesto a su vez por un golpe de estado militar), pero los gobiernos de Libia y Siria decidieron aferrarse al poder, causando sangrientas guerras civiles que han ocasionado miles de muertos y una tragedia humanitaria que se ha extendido ahora al Mar Mediterráneo, en el que cientos de personas han perdido la vida, buscando huir de los horrores de la guerra y tratando de alcanzar un futuro mejor en Europa, incitados claro, por esos monstruos que son los traficantes de personas.

Y es que la búsqueda de libertad puede llevar a los individuos a jugarse su propia vida y la intención de los gobiernos de restringirla siempre traerá únicamente caos, violencia y polarización. Es por esto que un gobierno responsable debe proporcionar a sus ciudadanos las máximas garantías para el disfrute de sus libertades, no restringirlas y en eso, en estos años el régimen ecuatoriano ha fallado estrepitosamente.

En 2011, mientras que en África y Oriente Medio la gente se jugaba la vida por sus libertades, el 7 de mayo se llevaban a cabo en Ecuador una consulta popular y un referéndum promovidos por el gobierno, que ponían en manos de una mayoría desinformada el destino de varias libertades intrínsecas a cada ser humano. De esa forma, a través de las preguntas 7 y 8 de la Consulta se dio paso para que una mayoría atropelle los derechos de una no tan pequeña minoría, violando principios fundamentales de derechos humanos; y a través de la pregunta 9 se dio carta libre para la aprobación posterior de uno de los instrumentos más restrictivos de derechos que se conozcan, la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada por la Asamblea Nacional en junio de 2013 y que contiene una serie de normas que contravienen flagrantemente los derechos a la libertad de expresión, de información, acceso a la información y prensa, y que parten de una disparatada pero peligrosísima desfiguración al convertirlos en un servicio público. Además se puso en manos del Ejecutivo la Justicia.

Pero la limitación a los derechos no ha parado ahí, el 10 de enero de 2014 se promulgó el Código Orgánico Integral Penal, COIP, cuerpo legal que endurece las penas y aumenta significativamente el número de delitos, criminalizando conductas que antes no contemplaban una sanción penal. Restringe la libertad de asociación y de reunión, sanciona la protesta social y establece severas restricciones a la libertad de expresión. Y además, determina que el aborto no será punible únicamente en dos casos: para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer, que no puede ser evitado por otros medios; y, si el embarazo es producto de la violación a una mujer con discapacidad mental, constituyéndose en una de las normas más restrictivas sobre aborto en Latinoamérica.

Finalmente, el 20 de abril de 2015 se promulgó la Ley de Justicia Laboral, que no únicamente suprime el 40% del aporte fijo que realizaba el Estado para el pago de pensiones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), poniendo en serio peligro el financiamiento de esa entidad, a pesar de las cuentas alegres que haga el oficialismo, sino que, en otra clara violación a las libertades fundamentales, como el derecho a la libre contratación o a la libre empresa , establece techo para las utilidades de los trabajadores, elimina el contrato de trabajo a plazo fijo y se fijan límites a las remuneraciones de gerentes o altos directivos de empresas privadas, lo que además desincentiva la inversión en un país ahora ávido de recursos.

Así vemos como en pocos años la democracia y las libertades en Ecuador han sido reducidas de un modo alarmante y se hace necesario, así como esos valientes que lucharon por sus derechos en la Primavera Árabe y que aún lo hacen en el Mediterráneo para alcanzar un futuro mejor, apelar al derecho a la resistencia para que el cerco con el que nos están encerrando no termine por ahogarnos.

[PANAL DE IDEAS]

Consuelo Albornoz Tinajero
Fernando López Milán
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