La elección de Jorge Glas —luego declinada por el favorecido— como candidato del movimiento Revolución Ciudadana a la presidencia de la república es un escupitajo a los valores democráticos, una bofetada a la justicia, y el desafío más afrentoso que ha lanzado el crimen políticamente organizado a la comunidad ecuatoriana y al Estado de derecho. Desafío del que tuvimos una muestra reciente con el intento de Pabel Muñoz, alcalde de Quito, de volver a colocar ante el edificio de la Unasur la estatua del expresidente argentino, Néstor Kirchner. Y que ha sido reafirmado por la ilegal decisión de un juez de Yaguachi de devolver los derechos políticos a Jorge Glas, y la aceptación, de un juez de Pichincha, de una fianza de 10.000 dólares, del prófugo Fernando Alvarado, a fin de que este pueda volver a Ecuador a dirigir la campaña electoral del correísmo.

Rafael Correa, otro prófugo de la justicia ecuatoriana, gobierna desde el extranjero una organización que, siguiendo sus órdenes, nombra como candidato a la mayor magistratura del país a un delincuente sentenciado y con un juicio por peculado encima, y el mencionado delincuente, que sabe que no puede aceptar la postulación, legitima la elección de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la república que, finalmente, hace el movimiento. A estos candidatos, y eso es lo oprobioso, no los legitima la virtud, los legitima el crimen. Y ellos lo acatan con alborozo y lágrimas de agradecimiento.

En Ecuador, los criminales ya no se esconden para cometer sus fechorías, se exhiben, y exigen el reconocimiento que se debe a los honestos y a los justos. Y sí, hay mucha gente que está dispuesta a concederles lo que ellos demandan. Y no porque sufran presiones ni violencias, sino porque aceptan, convencidos, que quienes les exigen ese reconocimiento tienen el derecho de hacerlo, como si de una autoridad legítima se tratase.

Si la frase “los derechos del crimen” llega a adquirir sentido en una comunidad es que en esta las instituciones fundadas en el ideal de justicia y en el principio de legalidad se han derrumbado o están a un tris de hacerlo. La función judicial en el país está absolutamente podrida. Y, como lo demuestra no solo el último fallo a favor de Jorge Glas sino una serie de decisiones judiciales que han beneficiado a criminales de alta gama, la función judicial tiene amos. Y esos amos son criminales.

Los resultados de las próximas elecciones nos revelarán si el pueblo ecuatoriano, expresión tan manoseada por los políticos delincuentes, se encuentra en la misma condición que los jueces que los sirven.