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5 de Abril del 2015
Ideas
Lectura: 5 minutos
5 de Abril del 2015
Consuelo Albornoz Tinajero

Profesora universitaria, investigadora y periodista, con un doctorado por la Universidad Nacional del Cuyo, de Argentina.

En riesgo el derecho a la vida en Ecuador
La Constitución aprobada por el 80 por ciento del electorado ecuatoriano en 2008 ordena a todos, incluidos los mandatarios, aunque no sean estadistas, sino apenas caudillos, a proteger a las personas mayores del abandono, incluso de “las instituciones establecidas para su protección”.

Ni más ni menos. La pretensión inconstitucional de evadir la responsabilidad del Estado ecuatoriano de contribuir obligatoriamente a la seguridad social pondrá en riesgo el derecho a la vida de quienes más han aportado al país, pues más larga vida han alcanzado: los jubilados actuales y los futuros, particularmente.

Afirmar, sin basamento, que la Ley del Seguro Social está por fuera del marco legal y que cambiarla la colocará en armonía con la Constitución, es una falacia que afectará a toda la población, en algo más de una década. ¿Cómo comprender que este régimen que amplió el número de afiliados y pretende incorporar a las amas de casa a la seguridad social, ahora se emplee a fondo en destruir financieramente al fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)?

Incomprensible, al menos para mí. Pues dos estudios, uno de 2010 y otro de 2014 lo afirman.

La Constitución aprobada por el 80 por ciento del electorado ecuatoriano en 2008 ordena a todos, incluidos los mandatarios, aunque no sean estadistas, sino apenas caudillos, a proteger a las personas mayores del abandono, incluso de “las instituciones establecidas para su protección”. Este artículo es el 33 y prescribe la sanción legal para quienes desamparen a los ecuatorianos con más años de vida. El castigo no exceptúa a los gobernantes. Y resulta que son adultos mayores la mayoría de jubilados, y serán adultos mayores quienes se jubilen en 12 años y ya no cuenten con recursos para su buen vivir.

¿En dónde está la inconstitucionalidad del deber estatal de contribuir a la seguridad social? Obvio: en quienes pretenden desechar el mandato de la norma fundamental y sabotear el futuro de las generaciones por venir.

El título VII del “régimen del buen vivir”, en su sección tercera, sobre la seguridad social, determina de modo explícito lo siguiente: Conforme el artículo 370 reconoce la autonomía del IESS y su compromiso con “la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados”. Evidentemente, una enfermedad, incluida una catastrófica, es una contingencia. El artículo 371 establece que el financiamiento de la seguridad social se concretará con los pagos de los trabajadores afiliados, de sus empleadores y “con los aportes y contribuciones del Estado”. No exime a los gobiernos transitorios de la revolución ciudadana.

El artículo 372 dictamina que los “fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio”. Esto implica que ningún ministerio, ni dependencia de un gobierno, por más nivel jerárquico superior en el que se encuentre, podrá apropiarse de esos recursos, pues son ajenos. Este artículo agrega: “Los fondos provisionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; su gestión se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano competente”. Se refiere al banco del IESS, el BIESS, que en modo alguno podrá esquivar tal precepto. Si lo hiciera, incurriría en una incorrección.

Desconocer lo señalado en la máxima ley, en nuestra norma fundamental, equivale a repudiar al derecho a la vida de quienes lleguen a su adultez y se mantengan vivos. Es una sanción a la vida larga, y a garantizar su tranquilidad: su buen vivir. Es, también una expresión de un odio a la conservación de la vida, a su longevidad. Seguramente consideran que es una maldición la vejez, por eso su desprecio y maltrato a quienes han acumulado muchas décadas; con aquello de la “jubilación voluntaria obligatoria”, por ejemplo. 

Tal incongruencia se magnifica frente a la propaganda correísta que sus publicistas se inventaron como “marca país”: el eslogan de “Ecuador ama la vida”. ¿Qué vida? ¡No la de los jubilados! ¿Qué vida? ¡Tampoco la de los adultos mayores próximos! ¿Qué vida? ¿La existente en nuestra geografía mega diversa? ¿Qué vida? ¿La que será destruida por el extractivismo? ¿Qué vida?  ¿La de los incondicionales, o la suya, la nuestra y la de nuestros descendientes?

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