Todo era cuestión de tiempo. El caso Purga termina por destapar los pormenores del pacto por la impunidad. No el de ahora último, sino el de febrero del 2021, con el cual socialcristianos, correístas y lassistas le escamotearon la presidencia de la república a Yaku Pérez.

En ese entonces, todos suponíamos que el pacto era parte de los típicos amarres políticos para repartirse la torta del Estado. Particularmente, para repartirse el control de instituciones claves para consolidar el poder de grupos específicos. Hoy nos enteramos de que todo respondía a propósitos aún más siniestros.

Con el caso señalado, más los casos Gran Padrino y Metástasis, se revela un escalofriante contubernio entre política, corrupción y crimen organizado, que involucra a las tres fuerzas políticas de marras. El pacto no fue otra cosa que una coincidencia para tapar y perpetuar un complejo entramado delictivo.

La verborrea de la gobernabilidad y la estabilidad con que han pretendido justificar este pacto solo es un cínico insumo de nuestra politiquería criolla.

Si no fuera por la intervención de la Fiscalía General del Estado, el país seguiría ingenuamente convencido de la faceta menos indecente de nuestra política. Esa de los chanchullos. Pero ahora se sospecha hasta del cometimiento de un magnicidio. A la luz de la información que sigue apareciendo, el asesinato de Fernando Villavicencio ingresó en la lista de los eventuales objetivos del pacto por la impunidad.

¿Qué ha cambiado en estos tres años? Pues que ahora entró en escena un nuevo actor: el gobierno de Daniel Noboa. En principio, se supone que la modalidad del nuevo pacto sería un intercambio de favores para aprobar ciertas leyes a cambio de viabilizar la metida de mano en la Función Judicial, sobre todo de correístas y socialcristianos. No obstante, los casos Metástasis y Purga evidencian los gravísimos alcances de los términos del pacto. Aquí no hablamos únicamente de impunidad para los delitos de corrupción, sino de control mafioso de las instituciones públicas.

Por ahora, y a pesar de lo escandaloso de la situación, el gobierno no ha dicho ni pío. Mal presagio. Porque lo que la ciudadanía se pregunta es si el régimen va a pasar por alto este esquema delictivo que involucra directamente a sus aliados. Lo peor que le puede pasar al país es que el actual partido de gobierno, Acción Democrática Nacional, también tenga rabo de paja. Y que luego de un tiempo salte otra liebre.

Marcar distancia con los involucrados, y apoyar frontalmente las investigaciones en los tres casos señalados (que no son todos, pero sí los más sonados), es una exigencia nacional al presidente Noboa. Incluso a riesgo de sacrificar una gobernabilidad cada día más espuria.