Las profesoras de literatura del Colegio San Gabriel de Quito me invitaron a una charla a través de Zoom. El propósito era hablar sobre El hombre pez y las tablillas de la memoria (Loqueleo, 2016).

Escribí la novela juvenil entre fines de 2015 y comienzos de 2016, y se desarrolla en una comunidad donde se asentó la cultura Jama-Coaque (355 a. C. - 1532 d. C.), uno de los pueblos precolombinos más sofisticados que habitaron la costa norte de lo que hoy es Ecuador. Estos pueblos contaban con una cerámica muy elaborada que se puede admirar en La Casa del Alabado y en el pequeño Museo de Jama, reconstruido después del sismo con ayuda de USAID. Era una cultura de grandes navegantes en embarcaciones que se impulsaban por velas y que contaban con un tipo de timón que permitía viajes de larga distancia. Un aspecto central de su cultura era la concha spondylus, no solo por haber sido el principal bien de intercambio con Mesoamérica y Perú, sino porque era la ofrenda más apetecida por las huacas, como consta en ese extraordinario testimonio quechua recogido por el extirpador de idolatrías Francisco de Ávila y traducido por el gran José María Arguedas, Dioses y hombres de Huarochirí.

¡Disculpas! Me fui por las ramas. Quiero reflexionar sobre esta actividad. Los alumnos se hallaban en sus casas, aislados, viviendo una experiencia que seguramente marcará (no necesariamente de manera negativa, al menos eso espero) sus vidas. La tecnología permitió que una novela, un autor y —en términos más amplios— la literatura, se convirtiera en una oportunidad de diálogo entre generaciones.

Entiendo que la mediación de las profesoras fue clave. No puedo dejar de reconocer la emoción que me provocaron sus preguntas, que apuntaron no tanto a la novela cuanto al oficio de escritor: ¿Cuándo se comienza a escribir? ¿Cuándo nace el escritor? No sé si mis respuestas aclararon sus dudas. Por allí algunos se animaron a poner un «Me gusta». Me habría agradado escuchar los cuentos que ellos han escrito sobre los días de aislamiento; intuyo que debe haber vivencias sorprendentes.

Lo acontecido ayer me llevó a preguntarme acerca de lo que sucede con los estudiantes de la educación pública, cuyas familias no tienen acceso a computadoras ni a Internet. La pandemia los ha golpeado por partida doble. No solo en la precaria economía familiar, sino también en la deficiente calidad que, lamentablemente, hoy caracteriza a buena parte de la educación pública. Oportunidades como las que tienen aquellos que asisten a colegios privados, que cuentan con maestros y recursos tecnológicos, están negadas para la gran mayoría.

En los ochenta, cuando se pusieron en boga los radicales «ajustes estructurales», Unicef difundió globalmente una estrategia denominada Ajuste con rostro humano (Unicef, 1987). El propósito era proteger a los grupos vulnerables de las devastadoras consecuencias sociales de las medidas económicas. Las prioridades eran privilegiar los servicios primarios de salud, la educación pública básica y mantener políticas de compensación de ingreso a los más pobres. Los servicios primarios de salud atienden a niños, mujeres embarazadas y tercera edad de los sectores más pobres; la educación básica tiene efectos sobre la equidad a mediano plazo mucho más significativos que la educación universitaria; en tanto que la compensación de ingresos puede evitar la deserción escolar y el hambre.

Superada la fase más dura de la pandemia, en la que los hospitales cumplen una función esencial, las políticas de salud y el gasto público deben enfocarse en el fortalecimiento de la atención primaria, abandonada hace mucho. Esta prioridad, junto con la movilización comunitaria, propulsada entre otros por destacados epidemiólogos como Fernando Sacoto, se debe convertir en la primera línea de combate contra futuras olas de contagio. Priorizar la educación básica por sobre otros niveles educativos es clave en un escenario de carencia de recursos.

Las escuelas no tienen mecanismos de autofinanciamiento, en tanto que las universidades sí los tienen y pueden poner en juego el enorme talento que concentran en volver más eficiente cada dólar que reciben como contribución de la sociedad; aportar decididamente a encontrar soluciones y protestar menos. ¿Podrían las universidades públicas declarar en cuarentena por un par de años algunas carreras en las que es evidente que existe una sobreoferta de profesionales? No tengo nada contra los abogados, arquitectos y administradores de empresas, por ejemplo, pero no sé si se justifica el número de facultades de Jurisprudencia, Arquitectura y Administración de Empresas que existen en las universidades públicas ecuatorianas. Además, hay un hecho incuestionable: a pesar de los pequeños avances, el acceso a la educación superior ha seguido beneficiando a los grupos de mayores ingresos. La deserción escolar tiene mayor incidencia en los más pobres lo que impide que accedan a niveles más altos de educación.

Creo que la inversión pública en la educación superior debe ser tamizada por la más rigurosa autocrítica acompañada de la crítica externa, y su defensa no debe estar solamente basada en puntos de vista ideológicos vinculados con intereses estamentales.

Hoy por hoy —infinidad de estudios se han realizado sobre el tema— una educación básica de calidad con un buen nivel de comprensión lectora y de matemáticas puede ser el mejor aporte a un país que se desintegra a pasos agigantados y que carece de un salvoconducto para el futuro.