Quito está atrapado entre la comedia, en la que el papel estelar lo tiene el cantinflesco Yunda —sin el genio ni la gracia de Cantinflas—, y la tragedia consagrada por una mayoría de la Corte Constitucional. La comedia, tarde o temprano, pasará al anecdotario de la ciudad, que tiene muchas y muy sonadas historias. Mientras la comedia sigue en el gran escenario de las redes, la tragedia avanzaba en medio de una densa discusión jurídica y en la confrontación entre defensores del medio ambiente y las grandes corporaciones mineras. En la Corte Constitucional se impusieron estos últimos al negar el pedido de consulta popular sobre la minería en gran escala.

No hagas un drama de esto, dirían. Pero lo cierto es que es un drama. Quito creció incontenible y aún crece hacia los valles. De zonas agrícolas, tierras comunales y reserva ecológica (aunque esta es una invención relativamente reciente) se convirtieron primeramente en ciudades dormitorio y luego en centros o subcentros urbanos con todos los servicios y, en consecuencia, con una relativa autonomía de la ciudad que en poco tiempo buscará extender esa autonomía a la administración y a la política: Cumbayork, Lumbicity. La urbanización —imparable hoy— disputa la cima del monte tutelar de los valles: el Ilaló.

Ocupados los valles, la única reserva ecológica que le queda a la ciudad es el noroccidente. El gobierno de Correa, generoso en grado superlativo con las empresas mineras, no dejó un centímetro de aquel territorio sin ser concesionado. El noroccidente no solo es un área con un enorme potencial turístico —como el caso de Mindo—, sino el lugar de vida y trabajo de miles de productores de caña, café, cacao, de áreas ecológicas donde se materializan proyectos innovadores de uso sustentable del bosque húmedo tropical y donde este se convierte en la prolongación del aula —como la experiencia bosque escuela— y, por cierto, de la menguante fauna silvestre. El noroccidente es el pulmón de la ciudad y mucho más: es una parte de nuestra existencia que debe ser respetada y preservada.

¿Cuáles son las razones de una mayoría pro-minería de la Corte Constitucional? La solicitud para la consulta habría presentado problemas de forma y de fondo tanto en los considerandos como en las preguntas. Estas últimas se refieren a dos ámbitos geográficos distintos: el subsistema metropolitano y la mancomunidad del Chocó Andino (parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto) que no forman un solo conjunto territorial ni guardan correspondencia con el universo de electores. La Corte también estimó que «…aunque el cuerpo electoral de la consulta que se propone está conformado exclusivamente por los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, los referidos considerandos establecen ciertos efectos jurídicamente vinculantes para determinadas autoridades del nivel de gobierno nacional». Existiría una incongruencia.

Los jueces Ramiro Ávila Santamaría y Enrique Herrería Bonnet salvaron su voto. Los argumentos centrales en que fundaron su decisión son: 1) La consulta es un instrumento de la democracia y en este caso apunta a velar por los derechos de la naturaleza y «la Corte debió haber interpretado las normas jurídicas aplicables a la consulta desde la perspectiva más favorable a la participación». 2) «La iniciativa de consulta tiene una mirada ecológica que, para efectos del caso, supera una simple división parroquial. Lo que tiene en común todo el territorio implicado en la iniciativa es que es un hábitat, un ecosistema en el que existe una diversidad inmensa de vida, tanto animal como vegetal. Ese único territorio tiene, lastimosamente para efectos de la consulta y del voto de mayoría, dos divisiones territoriales: el subsistema metropolitano de áreas naturales protegidas y la Mancomunidad del Chocó Andino (ambos dentro del Distrito Metropolitano de Quito). Los consultantes, desde nuestro criterio, sí aportan razones para referirse a estos dos territorios: ambos se encuentran dentro de la reserva de biosfera del Chocó Andino». La mayoría de la Corte ignoró este hecho en su decisión. 3) La congruencia, según el Dictamen, consiste en que debe haber correspondencia entre el cuerpo electoral consultado y el nivel de gobierno vinculado. Los jueces Ávila y Herrería sostienen: «No estamos de acuerdo con este criterio porque establece requisitos que no están en la Constitución, va en contra de la descentralización, que es además un mandato constitucional y deber estatal, favorece la visión estatal centralista por sobre la consideración de los derechos, y en la práctica haría imposible cualquier consulta local».

La minoría arrancó una postrera y ambigua declaración de la mayoría de la Corte Constitucional: la resolución «no afecta la posibilidad que tienen los peticionarios de subsanar, en futuras solicitudes, los defectos detectados en este dictamen». No soy jurista. Me pregunto: ¿Se pueden presentar futuras solicitudes sobre el mismo asunto y los mismos territorios?

En medio de la comedia del cantinflesco Yunda, de la desidia de la mayoría de sus habitantes y de la ceguera de los políticos locales, el futuro de la ciudad y de su entorno es incierto y con tintes de tragedia: minería, destrucción ambiental y violencia van de la mano. ¡Qué diferencia con Cuenca!