El sábado 27 de enero del 2018, San Lorenzo amaneció convulsionada: un artefacto explosivo había destruido el cuartel de la Policía y varias casas aledañas. Este evento, anunció la escalada de la violencia en cuanto a hechos ligados al conflicto colombiano en territorio ecuatoriano. Pese a que para varias autoridades y para el resto de la sociedad ecuatoriana era un “hecho novedoso”, para la población local implicaba otro punto más de un sistema de violencia que ha ido en aumento los últimos años.

Violencia que ve en la pobreza extrema, en la falta de atención por parte de autoridades y en la carencia de alternativas de desarrollo un suelo fértil para emerger y consolidarse. La respuesta – más desde el punto de vista publicitario antes que el real – fue que las autoridades “mostrasen su indignación y preocupación”. Situación que poco influyó para posteriores hechos: el enfrentamiento entre grupos irregulares y el Ejército de Ecuador, el secuestro y posterior asesinato de por lo menos 5 personas (el equipo de diario El Comercio de Ecuador y 2 civiles), entre otros eventos que solo muestran la fragilidad que se vive en la zona.

Pero un año después ¿cambió la situación? ¿las autoridades tomaron en serio las necesidades de San Lorenzo y sus lugares aledaños? ¿se transformó la realidad de vida en la zona? La respuesta a todas estas preguntas es una negativa constante.

La vida en San Lorenzo (como en muchas otras ciudades del cordón fronterizo) se mantiene en medio de la inacción de las autoridades y la falta de voluntad para establecer alternativas de desarrollo.

Los eventos de violencia (que precedieron al 27 de enero y que se han mantenido hasta la actualidad), solo muestra que no hemos sido capaces – ni como sociedad ecuatoriana y peor aún como gobierno – de entender que la dinámica de una zona fronteriza puede ser muy cruenta porque la vigencia y acción de los grupos armados solo responde a intereses económicos que se han arraigado y amenazan permanente la tranquilidad de esas poblaciones.

Y es que son intereses económicos, muy conocidos y reconocidos, que se amparan en la complicidad de los sectores de poder (tanto locales como aquellos con influencia en la zona). En muchos casos la “fachada legal” de negocios como palmicultoras, madereras, mineras, entre otras solo ocultan el auténtico negocio: el tráfico en todas sus formas y dimensiones posibles.

No solo me refiero al tráfico de estupefacientes, sino también al de precursores químicos (elementos necesarios para la fabricación de drogas), de armas, de bienes, servicios e inclusive formas crueles de tráfico y trata de personas con fines de explotación en diversas áreas (desde el sexual hasta el laboral).

Todo esto a vista y paciencia de quienes debiendo garantizar el desarrollo de la zona se han enriquecido y que encuentran incluso diversas formas para “camuflar” su acción. Muchas de estas personas incluso han llegado a contar con el voto popular para dirigir sus negocios desde las más altas esferas de la acción pública.

Obviamente esto ha generado un sin número de víctimas que han carecido de la visibilidad pública. Pero le comento, a quien creyera que esta es una exageración, que en San Lorenzo (tal como en Chical o Maldonado en Carchi, Puerto El Carmen en Sucumbíos o en cualquiera de nuestras comunidades de zona de frontera), las y los muertos siguen apareciendo atados a los árboles o en medio de carreteras desoladas.

Pero sin ir a ese extremo, las miles de víctimas silenciosas de las redes delincuenciales que operan en la zona existen a diario y claman por la justicia que le ha sido negada. Son las y los niños que deben trabajar desde cortas edades en los cultivos de coca (los denominados raspachines), son las mujeres que deben asumirse como esclavas sexuales de los grupos armados, son las y los campesinos que permanentemente son sometidos a chantajes y formas de extorsión, e incluso son empresarios honestos que constantemente son sometidos a “vacunas”.

La realidad es que pese a los discursos oficiales, los ofrecimientos se han quedado tan solo en palabras. Se ha minimizado los hechos como que la vida de una sola persona no valiera lo suficiente para poner todos los empeños de sacar esta zona adelante. Se ha querido invisibilizar que el problema de tener grupos armados no era solamente la existencia de un personaje como el abatido “alias Guacho”, pues las condiciones están dadas para que aparezcan decenas o cientos de “Guachos”.

Viene a mi mente, aquella marcha pacífica de julio del 2018 (que ningún medio de comunicación grande lo transmitió). Se lo realizó a propósito del final de la Declaratoria de Emergencia en San Lorenzo. Congregó a no menos de 4000 personas. La consigna central fue “San Lorenzo es vida, San Lorenzo es paz, San Lorenzo es desarrollo”

Pero esta consigna no ha llegado a las altas esferas de la política en Ecuador. Aún no se concreta acciones para el desarrollo. Aún ciudades como San Lorenzo están condenadas a la marginalización. Aún la torpe visión gubernamental cree que la única solución va por la vía de la militarización y no del refuerzo de las políticas públicas.

Este es un llamado urgente, pues San Lorenzo (un año después) está peor que antes. Y no tengan la menor duda que ese es el mejor caldo de cultivo para que grupos violentos puedan afianzarse. Este es un pedido por los miles de habitantes que claman justicia y equidad, por aquellos y aquellas que luchan contra el olvido.

¿Queremos evitar que hechos como los de hace un año sigan repitiéndose? Reforcemos las escuelas, fortalezcamos los sistemas de salud, empoderemos a las comunidades, dotemos de servicios, generemos iniciativas productivas para las poblaciones. En fin, hagamos lo que hasta ahora el indolente estado ecuatoriano ha dejado de hacer.