Los resultados de la primera vuelta dejaron claro que existen grandes y legítimas demandas sociales, y que de no ser atendidas, los estallidos de violencia pueden volver, en la medida que para algunos pareciera que es un método lícito de conseguir cambios en una sociedad democrática. Esto afecta severamente la percepción de estabilidad política del país y pospone la tan ansiada reactivación económica, en tanto la incertidumbre se acrecienta y deteriora las expectativas, la inversión se posterga y el consumo se debilita, afectando el empleo y dinamismo de la economía.

¿Se puede ser menos pesimista? Sí, pero primero el Estado tiene que garantizar el  control de cualquier acto de violencia anarquista, por cuanto lo peor que nos puede pasar, es que volvamos a dar la idea de una democracia débil, con poco poder de defensa. Después, se necesita fijar márgenes o bordes a la hoja de ruta del próximo gobierno que no puede ser en blanco, puesto que afecta la incertidumbre. Por ejemplo, los derechos sociales deben ser compatibles con el derecho de propiedad, hay que recuperar la autonomía del Banco Central, con prohibición de prestarle al gobierno, y establecer que la conducción fiscal asegure la solvencia de las finanzas públicas.

Hay que repensar el país que queremos y avanzar en una nueva hoja de ruta, que debe considerar mejoras inmediatas en la calidad de los servicios públicos: seguridad ciudadana, salud, educación y seguridad social. No obstante, para una agenda sostenible, la política económica debe priorizar el crecimiento, mejores empleos y mayor productividad. Sin ellos habrá poco que repartir, acentuándose el malestar social. El motor del desarrollo debe ser el sector privado, en un contexto de libre competencia con una economía abierta comercial y financieramente al mundo.

Por último, la precariedad de las finanzas públicas introduce el riesgo de los paquetazos en cualquier momento y aumentos en el costo de financiamiento. Por lo cual, se requiere un compromiso político transversal para reasignar gastos públicos mal evaluados y, una vez asegurada los equilibrios macros, considerar mecanismos que permitan reducir la carga tributaria para fomentar la inversión y el emprendimiento, a la vez que proteger el empleo formal y asegurar la reactivación económica.