Lo épico

Tengo que admitirlo: mi corazón salta y la carne se me hace de gallina al contemplar, a dos calles de distancia, la marcha de trabajadores por el Primero de Mayo. Tal vez se hace sentir la memoria de mi padre, obrero fabril del comité de empresa, formado en la escuela católica de trabajadores que enseñaba conceptos claves como seguridad social y cooperativismo.

Recorro la Diez de Agosto y me impresiona la multitud. Un fotógrafo me cuenta que la plaza de San Francisco se ha llenado y vaciado sucesivamente, pero juntos no alcanzamos a dimensionar la cifra de manifestantes, entre quienes se distinguen diversos actores: obreros y trabajadores de las centrales sindicales, jubilados, militantes de frentes de izquierda, la UNE, gremios de médicos y estudiantes universitarios y secundarios, amén de asociaciones de familiares de desaparecidos, feministas, indígenas, ecologistas, hiphoperos y miles de ciudadanos sin militancia que quieren protestar. Llegar a San Francisco demanda muy largas pausas, y hay un momento en el que la masa es tan compacta que nadie se mueve.

Una de las consignas que se repite es “Yo protesto”, y eso lo han escrito en carteles: contra las sabatinas, la prepotencia, los insultos, la reelección indefinida. Se protesta también contra la enorme deuda con la China, que se hacen rimar con “cocina” –las de inducción-, y se apela a que Quito, claro, “no se ahueva”. No falta el ingenio expresado en pancartas como : “All you need is otro presidente”. Se puede advertir con facilidad que los quiteños más educados están hartos de las formas groseras del poder, mientras que aquellos de origen popular, una multitud cerrada, arenga contras y vivas. En un momento dado, el grito que más se escucha –idéntico a aquel contra Bucaram y Lucio- es: “Fuera, Correa, fuera”.

¿Conciencia política?

Tan irracional e instintivo es este “Fuera, Correa, fuera”, como a su tiempo lo fueron el “Fuera, Abdalá” o “Fuera, Lucio” –aunque nos hayamos sentido triunfantes en aquellos tiempos-. Pero más allá de la justa indignación, me resulta llamativa, en la marcha del Primero de Mayo, una conciencia tan baja sobre lo que implica el abandono de los gobernantes actuales de su obligación de garantizar la Seguridad Social para los trabajadores y aportantes. Como quienes somos dependientes de empresas públicas y privadas hemos recibido nula información sobre nuestros derechos, creemos que el acto irresponsable del Gobierno de dejar de aportar el 40% al fondo de pensiones afectará exclusivamente a los abuelos, pero no nos damos cuenta de que, además, se arroja a los trabajadores del presente a una vejez empobrecida y en extremo vulnerable, y que a los jubilados de hoy se les está condenando a ser atendidos en un saturado y deficiente servicio público de salud, y a pensiones congeladas. ¡Toda una vida de aportes, y expulsados del sistema de Seguridad social!

Pocos ciudadanos –especialmente de la clase media y sobre todo de las élites- han valorado y defendido las instituciones derivadas de la Seguridad Social. Siempre recordaré a un joven padre de familia que, frente a la inminencia del parto de su esposa, declaró: “Jamás permitiré que un hijo mío nazca en el Hospital del IESS”. El atenderse en centros de salud privados se convirtió en una señal de prestigio, mientras el IESS y sus dispensarios quedaron como reducto para los pobres que no tenían un costoso seguro privado. No siempre la deserción fue gratuita, pues el IESS había bajado la calidad de sus servicios, pero es evidente que a todos los afiliados nos ha hecho falta una postura firme de defensa de la Seguridad social y sus instituciones, lo que implica una defensa de los derechos a los que deberíamos acceder como aportantes.

Irracionalidad y subdesarrollo

En un reciente panel en la Facultad de Derecho de la PUCE, la doctora Carmen Corral explica desde distintas perspectivas lo irracional de las reformas de la llamada “Justicia Laboral” e insiste en que es plausible el principio de la seguridad social universal y obligatoria, pero no a través de parches, sino de una reforma técnica y jurídica que mejore  la seguridad social y no la sepulte. Marco Proaño Maya se refiere al deber primordial de todo Estado de proteger la vida, más allá de los aprietos económicos. Julio César Trujillo explica algo que yo había olvidado: lo que convierte a unos países en bárbaros o subdesarrollados es su irrespeto de la Constitución. En nuestro caso, coinciden los panelistas, varios de los artículos de la Constitución exigen no intervenir en las reservas del IESS ni menoscabar su patrimonio y prescriben que trabajadores, empleados y Estado entregarán aportes fijos. Las reformas, leyes y reglamentos, en países atrasados como el nuestro, se han hecho para violar normas constitucionales. Proaño Maya ofrece un dato estremecedor: el BID lo ha determinado con seriedad: las clases emergentes de la actual América Latina, con el sistema de seguridad social imperante, están amenazadas por la pobreza en la vejez.

¿Qué hacer?

Pensar en que basta con garantizar de modo dificultoso, “con las justas”, los doce o veinte años siguientes de jubilaciones o que son los esposos quienes están obligados a pagar a sus cónyuges una seguridad social a medias –amén de lo que se obtenga con las fluctuantes utilidades de empleados de las telefónicas- solo revela inmediatismo y demagogia.

El llamado  “Estado de bienestar” está en crisis en varios países desarrollados, y muchos luchadores tratan de preservar sus principios, que garantizan una vida digna para los ciudadanos. Lo que en nuestro medio se afirma con tanta ligereza: “No daré ni 20 centavos más al IESS”, “Hoy hay más aportantes que en el pasado”, “Hoy ha aumentado la esperanza de vida”, “No daremos el 40% sino el 100% si es necesario, pero esperamos que no lo sea”, en otros países, es objeto de análisis y debates abiertos y democráticos. Prima en ellos racionalidad, argumentos, cifras y proyecciones; se escucha a trabajadores, empleados y Estado; los actores luchan lealmente, cada uno por sus legítimos intereses. En el escenario que los afiliados y aportantes al IESS deberíamos exigir, se discutiría abiertamente y sin demagogia si civiles, militares y policías deben ser objeto de un trato distinto en cuanto al monto de aportaciones del Estado, así como sobre inversiones y mejora de todo tipo de servicios asociados.
Tal vez haya que dar el salto desde las cumbres de la épica hacia las llanuras de la racionalidad y la justicia.