Empiezo declarando mi profundo anhelo que las investigaciones que se están haciendo a los concejales Sergio Garnica y Eddy Sánchez den como resultado su absoluta inocencia. Pero el solo hecho de que se los haya detenido en la propia sede de la municipalidad de Quito ya deprime por el desprestigio que eso trae a todo el Concejo Metropolitano y, en general, a la política local.

¿Qué le hace una mancha más al tigre?, dirán los cínicos. Pero es que la democracia en el Ecuador no puede seguir dañándose y ha habido instituciones con nombre limpio y ejemplar, como el Municipio de Quito.

Sí, la corrupción en el gobierno de Correa fue monumental y sistemática. Esa es la gran diferencia para quienes dicen que “siempre ha sido así”: que antes había casos de corrupción, pero jamás se organizó todo un sistema para robar, desde la cúpula para abajo, que incluía la planificación de proyectos, la contratación de deuda, la adjudicación, las ampliaciones de contratos, todo con el exclusivo afán de robar decenas de millones de dólares al Estado y, en último término, al pueblo ecuatoriano. Pero, al menos, se suponía que quedaban otros ámbitos, como el de los gobiernos locales, que no se habían contaminado.

La investigación de la fiscalía sobre la corrupción en la Secretaría de Movilidad de la municipalidad capitalina despedaza esa ingenua pretensión. También allí ha habido, o eso es lo que sospecha la fiscalía, comportamientos sucios, corruptos y delincuenciales. El fiscal Salazar dijo que se trataba de un perjuicio de 80 millones de dólares, que no es pelo de cochino.

También habló de víctimas, y se supone que se refería a los transportistas (taxistas o buseros, no se sabe bien, aunque la mayoría supone que son taxistas, que debieron pagar para que se les dé el certificado de habilitación o permiso para operar), pero en realidad, la víctima principal es toda la ciudadanía porque si los taxistas o buseros tuvieron que pagar, es de suponer que muchos de ellos no llenaban los requisitos legales y no tendrán ni los vehículos ni la capacitación suficiente para brindar seguridad y comodidad a los usuarios.

Pero también daña a todos porque el municipio ya no es lo ejemplar que era. El descrédito que trae todo esto al gobierno local es un perjuicio permanente para una institución llamada a ser honra y prez de los quiteños, y es la consecuencia más dañina de este escándalo.

Y eso sí es imputable a la administración municipal de Mauricio Esteban Rodas Espinel. ¿Dónde estuvo auditoría interna del municipio que no detectó a tiempo estos comportamientos delincuenciales? ¿Qué pasó con ese sistema ejemplar de denuncia e investigación que era Quito Honesto, la comisión de lucha contra la corrupción que se implantó en la Alcaldía de Paco Moncayo?

Pero esta crisis tiene además un motivo más profundo, lo que yo llamo la feudalización de la administración municipal. El alcalde Rodas ha repartido a los concejales espacios de poder, verdaderos feudos en que hacen y deshacen, nombran y despiden, interfiriendo en las funciones administrativas que son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo municipal, o sea del alcalde. Los concejales ni pueden ni deben administrar: su función es legislativa y fiscalizadora, y pueden ayudar en trazar los planes más amplios y de largo alcance de la ciudad y los planes operativos anuales, en tanto en cuanto su función también es aprobar el presupuesto. Pero nada más.

Dejar que los concejales se vuelvan señores feudales, que manejan “sus” administraciones zonales, “sus” secretarías o “sus” empresas metropolitanas, es automáticamente convertir al alcalde en el feudal “primum inter pares”, es decir alguien que solo protocolariamente va primero, pero sin poder real.

El cambio principal que debe darse en Quito con el alcalde que sea elegido dentro de menos de un año, y que debe ser una persona con liderazgo y gran administrador, es precisamente volver a poner las cosas en su sitio: el alcalde manejando la administración y los concejales la legislación y la fiscalización.