El anuncio de los últimos días del gobierno de concesionar algunas de las empresas públicas, como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), o algunos de los proyectos hidroeléctricos no puede ser música para el oído de un economista liberal, en tanto y cuanto la propuesta gubernamental se concibe como una medida fiscalista y no como una de eficiencia económica, que es lo que justifica este tipo de propuestas.  

El gobierno nacional, dentro de su emergencia fiscal, propone al país arrendar al sector privado algunas de las joyas de la corona a cambio de un pago inmediato que permita relajar los desequilibrios fiscales actuales, pero a costa de perder los flujos anuales futuros que dejarían dichas empresas y proyectos en una operación bastante similar a lo que hacía el gobierno anterior con las ventas anticipadas de petróleo.

Me parece que el gobierno está recetando un remedio peor que la enfermedad, todo lo cual queda evidenciado en algunos de los temas claves que siempre se deben analizar en este tipo de esquemas de concesión o privatización:

¿Es el mejor momento para concesionar activos públicos?

Las autoridades económicas evidencian una notable confusión entre una situación fiscal ciertamente delicada —como es llevar un déficit fiscal crónico y un endeudamiento público elevado que lleva a una crisis de iliquidez en las arcas fiscales— con uno de abierta y plena insostenibilidad de las finanzas públicas, que solamente se lo puede verificar con el incumplimiento de la restricción presupuestaria del gobierno, algo que por lo menos no se ha transparentado.

Es decir, si bien no podemos estar relajados, tampoco las circunstancias dan para que comencemos muy precipitadamente a deshacernos de activos (por más que sea en arrendamiento), en tanto y cuanto todavía estamos a tiempo de presentar a los mercados un paquete de reformas fiscales estructurales que aseguren, en el mediano y largo plazo, la consecución de superávit fiscales primarios que compensen la actual deuda pública y aseguren el cumplimiento de la restricción presupuestaria del gobierno.

En otras palabras, no estamos en el mejor momento para alquilar o vender activos, por cuanto hacerlo en medio de grandes urgencias, el mercado simplemente va a apostar por comprar las joyas de la corona a precio de gallina con mal.

Adicionalmente tenemos otro costo de hacerlo en un mal momento, que es desgastar políticamente una buena opción económica que debería planteársele al país como medida de eficiencia para empujar el crecimiento económico de largo plazo, una vez que el gasto público y tamaño del estado estén absolutamente acotados. 

¿Cómo se está evaluando el precio de la concesión?

Un par de zapatos seguramente se puede vender de un rato a otro, pero si yo vendiera tan solo mi vehículo y que decir de mi casa, segurísimo que exijo una buena cotización antes de sacarla a venta, por lo que no entiendo cómo las joyas de la corona ya tienen un precio, cuando dicen que no tienen un inventario de activos actualizado y la contabilidad no se encuentra al día.

Un elemental conocimiento de finanzas corporativas y valuación de inversiones, determina que el valor de concesión o venta de cualquier activo debe ser estimado como el valor presente de los flujos de caja futuros, descontado a la tasa de descuento relevante, por lo cual me parece una torpeza anticipar los valores de una eventual adjudicación, porque genera  una enorme estela de duda sobre la trasparencia del proceso que es una condición sine qua non para el éxito de los mismos, y como con los verdes nunca se sabe, peor.

¿Qué se va a hacer con los recursos de la concesión?

Que el gobierno pretenda vender o alquilar algunos de sus activos que por su rentabilidad son las verdaderas joyas de la corona, para mantener un presupuesto de gastos totalmente inflado y con más de dos tercios destinado al gasto corriente, es tan aberrante como que una familia venda la casa para mantener la farra y el relajo, los lujos en exceso y otros gastos ineficientes.

No estamos hablando de un gasto de salud emergente que pueda justificar la venta de una casa de un momento a otro, sino simplemente de buscar ajustar los ingresos, esta vez por venta o alquiler de activos, a una estructura de gastos que pretendemos se mantenga absolutamente constante, lo cual es totalmente irracional y desvirtúa al proceso de concesiones que en otras circunstancias debería ser totalmente plausible.

En esta materia no debemos olvidarnos que el principal aporte de la concesiones o privatizaciones es la eficiencia en el uso de los recursos, través de la optimización del gasto. Esto es muy difícil que el sector público lo haga, sin que tengamos que temer por una fijación de precios arbitraria y sobre ganancias del operador, porque la tecnología y una buena regulación hoy permite controlar cualquier exceso, liberando además recursos para que el Estado los pueda direccionar a los sectores donde efectivamente se necesita.

En conclusión, la buena teoría económica está a favor de las concesiones o privatizaciones, pero dadas las actuales circunstancias del Ecuador, me parece que no es conveniente entrar a jugar en estas ligas.