Hace 16 años, como parte de la historia de saqueo que caracteriza el desarrollo colonial de los países latinoamericanos desde antes de su formación como Repúblicas periféricas, el pueblo ecuatoriano sufrió uno de los más violentos e infames atracos de su riqueza.

El descaradamente llamado “Feriado Bancario” decretado por el gobierno neoliberal de Jamil Mahuad, en el contexto de una de las peores crisis financieras que el país ha vivido producto de la economía neoliberal que se ejecutaba -protagonizado como no pudo ser de otra manera por el poder político y financiero corrupto – congeló y decomisó  todos los depósitos de los ecuatorianos para “salvar” a la banca. 

Literalmente los corruptos banqueros neoliberales, respaldados por el Estado, metieron su mano delincuente en los bolsillos de los y las ecuatorianas y se sustrajeron sus ahorros, su dinero, producto de su trabajo. No voy a decir como cualquier ladronzuelo de la calle, pues no hay punto de comparación entre un ladrón cualquiera que se roba una  cartera, quizá porque de ello depende la comida del día para él y su familia, con la voracidad y la indecencia de los atracadores de terno y corbata, apoyados por los gobiernos corruptos.        

Los ladrones de cuello blanco, vinculados con el poder político, no atracan en un acto traído por una circunstancia azarosa y particular, ni se reúnen para organizar el robo en los extramuros de la ciudad  o el país; lo hacen como parte de una lógica sistemática de ganar y acumular capital y lo preparan en los salones elegantes de las instituciones estatales,conjuntamente con los cómplices gobiernos de turno. En medio de cenas de exquisitos platos y costosas e importadas bebidas alcohólicas, planifican los atracos con los que se apoderan de la riqueza del pueblo.  Recordemos que los banqueros que se adueñaron de los dineros del pueblo ecuatoriano no solo eran banqueros, muchos de ellos o sus cercanos eran parte del gabinete ministerial del Gobierno de Jamil Mahuad.

Esta colonial y capitalista alianza, entre el poder económico y el poder político, es la que asegura que los atracos se hagan en el marco de las leyes que ellos mismos crean, para garantizar sus negocios (i) lícitos.  

El nefasto lunes 8 de marzo de 1999, el gobierno neoliberal y corrupto de Jamil Mahuad, servidor y cómplice de los banqueros cleptómanos, en un acto de absoluta ilegitimidad se inventa y decreta feriado bancario por 24 horas, las que se volvieron 200. Cinco días los dineros de los ecuatorianos quedaron congelados ante la desesperación de sus dueños, que nada podían hacer ante la providencia del Gobierno respaldado por los aparatos represivos del Estado. Robaban nuestro dinero frente a nuestros ojos y con todo el apoyo del Estado, al tiempo que reprimían la legítima protesta del pueblo. Mientras esto sucedía, cínica y descaradamente el jefe de gobierno anunciaba con total frialdad que las cuentas de más de 2 millones de sucres serían retenidas por un año.  El argumento para justificar semejante despojo era la de prevenir la amenaza de una hiperinflación, lo cierto era que sin los dineros del pueblo el sistema financiero nacional colapsaría.

Y como siempre, el Estado a través de los gobiernos serviles transfiere la riqueza social a pocas manos donde se acumula la expropiación.

Hay que señalar que: la Constitución Política de 1998 en la disposición Transitoria Cuadragésima segunda, dice textualmente lo siguiente: "Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación”.

Adicional a esta disposición, a finales de 1998, el Congreso Nacional, y su mayoría conformada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, principalmente, dio paso a normativas e instituciones (como la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD) para que sea el Estado el que se haga cargo de la insolvencia de la banca privada.

Obsérvese como el poder político en el Estado, construye las normativas necesarias para asegurar los negocios del poder económico al cual está  vinculado. Sin embargo  de esto, la justicia popular llega. La indignación social frente a semejante atraco defenestró a Jamil Mahuad de la presidencia de la República en el año  2000.

El gobierno de Alianza PAIS, asumió como parte de su presentación “revolucionaria” nunca olvidar el feriado bancario. 16 años después del mayor atraco del siglo XX y a ocho años del gobierno de la Revolución ciudadana, el 15 de mayo del 2015, día que tampoco vamos a olvidar, el Estado decreta que el Fondo de Cesantía del Magisterio pasa a ser administrado por el BIESS.  Como es costumbre en las operaciones del poder político, vinculado al económico, funcionarios de gobierno respaldados por los aparatos represivos del Estado intervinieron las oficinas del Fondo para asegurar que los ahorros de los maestros pasen al Banco del IESS.

Las declaraciones de los maestros que han venido administrando su Fondo de Cesantía, ante esta “legal” pero ilegítima decisión han sido absolutamente claras: “se está cometiendo un asalto a las oficinas del Fondo de Cesantía”. Al igual que hace 16 años, esta ilegítima decisión se ampara en la normativa legal (artículo 220 de la Ley de Seguridad Social) construida por el poder político, la misma que crea el marco de posibilidad para traspasar los ahorros de los maestros al BIESS. Así también, hay que tomar en cuenta que la economía fiscal no está en sus mejores momentos, se sabe que al Estado le falta los recursos monetarios para cubrir sus gastos, debido a la caída del precio del barril de petróleo y a la “magnífica” administración económica de este gobierno.

Como todos sabemos, pues no es secreto para nadie, el IESS no ahora, sino siempre ha sido la caja chica de todo gobierno, donde mete la mano para cubrir sus necesidades económicas urgentes. 

No bastó con eliminar el aporte del 40% que el Estado entregaba al fondo de jubilación del IEES, con el argumento absurdo de un superávit, aún con esto no logran saldar la brecha fiscal.

Entonces había que echar mano a los 431 millones de dólares del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, usando otro argumento absurdo como aquello de que el Fondo tiene dinero público, lo cual además aún no ha sido comprobado, a no ser que sean tan cínicos y se estén refiriendo a que los sueldos de los maestros paga el Estado. Si esto es así, entonces pueden tranquilamente agarrar los dineros ahorrados en las cuentas privadas de todos los funcionarios públicos, empezando por los más altos ellos, siempre y cuando sus cuentas de “ahorros” sean de bancos nacionales y no de paraísos fiscales.

Nadie hizo una consulta universal a los maestros para ver si quería o no que sus ahorros de toda la vida pasen a ser administrados por el BIESS, pues si así lo hubiesen querido simplemente no habría generado este fondo y estaría esperando la jubilación del IESS, que además hoy, con el retiro del 40% del aporte estatal está en peligro. Nadie les consultó, como nadie nos consultó en 1999 si queríamos que congelen nuestros depósitos. Otra vez estamos observando impotentes como deciden sobre nuestros dineros, sobre nuestros derechos, sobre nuestras vidas.    

Si esto no es un nuevo atraco al pueblo ecuatoriano, entonces ¿qué es?