La ausencia del Gobierno en las dos audiencias públicas sobre Ecuador que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo con motivo de su 149 Período Ordinario de Sesiones no es un hecho que debe tomarse a la ligera. El 28 de octubre pasado, dos delegaciones de peticionarios esperaron en vano a las autoridades ecuatorianas para exponerles sus preocupaciones sobre temas de trascendencia nacional, como la consulta previa en proyectos de extracción petrolera; las restricciones en  la Ley de Comunicación al derecho a la libre expresión, y la compatibilidad del Decreto 16 con el derecho a la reunión y asociación pacífica. Lo que encontraron fue un montón de sillas vacías y una carta enviada por la Misión del Ecuador ante la OEA a última hora. Su contenido se desconoce hasta hoy salvo en la parte en la que el Gobierno nacional anunciaba que no asistiría a ninguna de las dos audiencias.

Este no es un incidente aislado. La ausencia del Ecuador es parte de una campaña de ataque que el Gobierno nacional viene llevando a cabo contra la CIDH desde el año 2011 con miras a evitar que se pronuncie en temas que le son sensibles: libertad de expresión, consulta previa a pueblos indígenas en megaproyectos de desarrollo, protección a pueblos no contactados, entre otros. El mal llamado proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que hasta  marzo de este año fue liderado por Ecuador y otros países del Alba,  en realidad era un intento de coartar las facultades de monitoreo y protección de ese órgano. Afortunadamente, los estados de la región no  aceptaron estas propuestas y extendieron su apoyo a la Comisión, aunque se dejó abierta la posibilidad de seguir dialogando sobre estos temas dentro del Consejo Permanente de la OEA. Con ello, la amenaza al trabajo de la CIDH sigue latente.

A partir del fracaso de las propuestas de reformas planteadas por Ecuador, el presidente Correa y las más altas autoridades del Estado han venido amenazando con denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos tal como lo hizo Venezuela en septiembre del 2012. Si bien no se tiene certeza de cuándo o sí estas amenazas se llegarán a materializar, lo cierto es que esto evidencia la existencia de una política estatal encaminada a desconocer  obligaciones internacionales en materia de derechos fundamentales mediante el rechazo frontal a cualquier propuesta, recomendación, o pronunciamiento que venga de la CIDH.   La no comparecencia de una delegación del Estado de Ecuador a las audiencias del 28 de octubre pasado, y los posteriores pronunciamientos del Presidente, el Vicepresidente y el Secretario Nacional de Comunicación en redes sociales y enlaces ciudadanos, son la mejor muestra de que el Ecuador ha decidido, de manera arbitraria, dejar de colaborar con la Comisión Interamericana en su tarea de protección y promoción de derechos fundamentales.

Esto además, refleja un profundo desconocimiento de las funciones de la Comisión Interamericana y el rol de los Estados en cuanto al respeto y garantía de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales en la materia. Las audiencias públicas, al contrario de lo que el Estado cree, no son espacios de ataque a algún gobierno, ni un 'banquillo' para sentar a funcionarios públicos y acusarlos internacionalmente. Tampoco son un 'ring' de boxeo donde los agentes del Estado deban enfrentarse a los peticionarios con insultos y agravios. Las audiencias públicas son, principalmente, un mecanismo de diálogo entre Estados y peticionarios con miras a solucionar de manera no litigiosa, posibles problemas que existan en el cumplimiento sus obligaciones en la materia. De ahí la necesidad de que los Estados comparezcan de buena fe a las mismas. Cumplir con ello no se agota en un simple acto de rendir su versión de los hechos planteados, pues no se trata de un proceso contencioso, sino que  implica un compromiso serio de analizar las cuestiones planteadas y buscar mecanismos para dar solución a las inquietudes de quienes comparecen a la CIDH. 

En este sentido, la ausencia del Ecuador a las audiencias del pasado 28 de octubre, más allá de ser una muestra más de la mala disposición que el Gobierno nacional tiene para con la Comisión Interamericana, constituye una manifestación clara de su desprecio por el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza y, en general, por cualquier ciudadano que busque mecanismos para tutelar y hacer valer los derechos constitucionalmente reconocidos por el Ecuador. Implica que desde el Estado, el ejercicio de derechos humanos es un privilegio reservado a aquellos que comulgan con el gobierno de turno, y que quienes no lo hacen, no serán escuchados, atendidos o siquiera respetados por las autoridades públicas, pues sólo podrán esperar del Estado ataques, actos de estigmatización, ridiculización y agravios, pero nunca respuestas.