Nicolás Maquiavelo, nacido en 1469, sabiamente declaró, muy a tono con lo que la humanidad está viviendo en el 2020, con la epidemia de la COVID-19, “los médicos dicen de la tisis que en los comienzos es fácil de curar y difícil de conocer, pero que más tarde, si no la discernieron en su principio, ni la aplicaron remedio alguno, es fácil conocer y difícil de curar”.

Y agrega: “Con las cosas del estado sucede lo mismo. Si se conocen anticipadamente los males que pueden después manifestarse, lo que no concede el cielo más que a un hombre sabio y bien prevenido, quedan curados muy pronto. Pero cuando, por no haberlos conocido, se les deja tomar un incremento tal que llega a noticia de todo el mundo, no hay ya arbitrio que los remedie”.

Es justamente el caso de la corrupción. Un gran pensador del siglo XX, Carlos Matus (economista chileno) utilizó otra metáfora para referirse al Estado, en su larga y fructífera reflexión sobre el gobierno y la planificación, ahora que se discute si se lo achica o se lo deja como está. Se refirió al aparato administrativo del estado como la “bicicleta estacionaria”. Lo cual quiere decir que más que el tamaño del estado lo que importa es si éste se mueve o no se mueve. Los gobernantes que se turnan en el poder pedalean esta bicicleta, pero como es estacionaria no pueden recorrer el camino que se han trazado y su gobierno termina siendo mediocre.

¿Qué hacer para que tal bicicleta ruede?

Cada presidente que llega a Carondelet proclama que será mejor pedalista que el anterior, pero al término de su período, su desempeño es tan o más deficiente que el de su antecesor. La historia, entonces, parece que se repite. Y como dice el Miche “para qué voy a renovar mi repertorio si el Ecuador desde hace 50 años no cambia, ni el Estado ni la sociedad: los mismos actores, las mismas promesas, las mismas frustraciones”.

De ahí es que en los Estados Unidos surgió el término account, que significa, hacerse cargo, y la ciencia política elaboró el concepto de accountability que significa evaluar periódicamente a los gobernantes para verificar si se han hecho cargo de sus responsabilidades como gobernantes o si, por el contrario, se lavan las manos frente a los problemas que, como la corrupción, no nacieron ayer, sino décadas o siglos atrás y que no supieron detectarlos a tiempo, dejando que crezcan descomunalmente y  poniendo a la democracia como una vitrina que muestra el desate de la corrupción.
Pero ¿qué es la accountability y cómo funciona?

En un  estado de derecho, la división de funciones permite el control recíproco que cada una ejerce sobre las otras. A esto se lo denomina accountability horizontal. En democracia, además, funciona la llamada accountability vertical que ejercemos los ciudadanos cuando concurrimos a las urnas, sea para premiar o para castigar al mandatario que concluye sus funciones.

Además de ellas también existe la accountability social que emerge de la sociedad civil y que tiene en los medios de comunicación serios e independientes uno de sus canales de expresión. También las movilizaciones sociales hacen parte de la accountability social.

Solo de estas maneras, activando todos estos mecanismos de control, se hace posible que los candidatos electos asuman su responsabilidad ante sus mandantes, ante la sociedad y ante los propios integrantes de sus gabinetes.

Pero si nada de ello funciona, no hay que sorprenderse que cunda la corrupción y que la democracia se vea desbordada por el mal gobierno.

En este entramado, el papel de los organismos de control es relevante, siempre que gocen de autonomía respecto del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional y, por cierto, de los poderes fácticos.
La Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura deben ser dirigidos no solo por abogados sino por funcionarios entrenados en las técnicas de organización y gestión. Deben estar atentos para anticipar, como dice Maquiavelo, los comienzos de las irregularidades, y no cuando ya sea demasiado tarde.

Esos organismos de control también deben ser objeto de evaluaciones por parte de las demás funciones del estado y de la sociedad civil. La accountability no es una función burocrática. De ahí que el llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esté demás. Los organismos de control deben ser ágiles, eficientes, y oportunos.

La necesidad de armar un sistema estatal basado en el cobro de cuentas por desempeño debe discutirse en la opinión pública. Bajo este sistema cada responsable de una unidad administrativa estaría sometido a un evaluación sistemática y periódica de su gestión, que evitaría el cometimiento de negligencias e infracciones.

El problema, por tanto, no es solo el gasto operativo de la burocracia, sino su rendimiento. Reducir las entidades del sector público, el personal que labora en dichas entidades, no altera la lógica burocrática de la baja responsabilidad. Tal lógica se ve agravada por la designación de funcionarios, no por méritos sino por las famosas cuotas políticas. Plagas como el piponazgo, por ejemplo, son producto de la inexistencia del cobro de cuentas.

La rendición de cuentas en el país se ha convertido en una formalidad, en un informe ritual de actividades, pero no en una evaluación técnica y verificada por todos quienes nos vemos afectados por ellas, en la que los funcionarios evaluados deban responder por sus acciones u omisiones.
La supresión de entidades estatales como TAME, Servicio de Gestión Inmobiliaria, Ferrocarriles del Estado, Correos responde más a la necesidad de recortar el gasto fiscal, ante la carencia de fondos, que a una evaluación de su gestión. No se examinan, por ejemplo, las causas de la quiebra o mal manejo de esas empresas públicas por el pago de favores políticos o personales. O si se lo hace, esto pasa a segundo plano. 

Se puede, sostener, por tanto, que hay un desconocimiento de cómo funciona una administración pública eficiente. Un examen de este tipo también debe hacerse en las universidades y en todo el sistema de salud.

¿Cuál es la responsabilidad de los partidos políticos en la gestación de este sistema de baja responsabilidad? ¿Existen al interior de los partidos prácticas serias técnicamente bien diseñadas de petición y rendición de cuentas? ¿Bajo qué criterios se candidatea a tales o cuales personas para los diversos cargos públicos?  ¿En qué medida los partidos se responsabilizan por la idoneidad, no solo moral, sino técnica de sus candidatos?¿Son éstos, una vez electos, objeto de evaluaciones sistemáticas y periódicas por  los partidos a los que pertenecen? ¿Qué confianza podemos tener los ciudadanos si los candidatos son seleccionados por ser los mayores aportantes económicos para las campañas, o los que más votos pudieran obtener, y no por ser los más preparados técnica y éticamente?  
La corrupción no cae del cielo, no es un problema solamente moral ni cultural, es también un problema que atañe al funcionamiento del régimen democrático como un todo. La inexistencia de partidos políticos debidamente organizados, el clientelismo político, los clubes electorales, la demagogia predominante en los eventos electorales, el mercadeo político, son factores en los que se incuba la corrupción.

El estado puede ser grande, mediano o pequeño. No se trata de que sea obsoleto o raquítico. Sea cual sea su tamaño lo que cuenta es la responsabilidad con que sus personeros y dirigentes ejercen sus funciones, comenzando por la presidencia de la República, los ministerios y llegando a todos los niveles de dirección política y administrativa.

El Código de la Democracia ¿recoge estos criterios? ¿Qué hace el Consejo Nacional Electoral para que los partidos políticos erradiquen prácticas que atentan contra su rol de representación y de responsabilidad frente al estado y la sociedad? ¿Qué dice la academia respecto de este mal que es práctico pero también teórico? ¿Cuál es la responsabilidad de las universidades en la formación de los profesionales, a todo nivel, incluido el que tiene que ver  con la preparación de los futuros dirigentes políticos del país? 

El problema de la corrupción concierne a todos estos organismos y funciones del estado, y desde luego, a la ciudadanía y a la sociedad civil.