El habeas corpus, la acción de protección, el habeas data, la acción de acceso a la información, así como otras garantías jurisdiccionales, son mecanismos previstos en la Constitución para brindar amparo directo y eficaz frente a la vulneración derechos constitucionales.

Son, por tanto, acciones creadas en favor de víctimas. De personas cuyos derechos fudamentales  y la dignidad que los sustenta, han sido violados por un acto u omisión del Estado o, en algunos casos graves, de particulares. Buscan que un juez declare la vulneración y mande a reparar integralmente los daños que se hayan causado.

Las garantías jurisdiccionales son muy importantes en los estados democráticos porque ponen límites al ejercicio abusivo del poder. Por ello, los altos tribunales internacionales, los organismos de supervisión de los tratados de derechos humanos y en nuestro país la Corte Constitucional, se han preocupado por establecer estándares para que se entienda mejor su contenido y alcance. Actualmente dicho contenido y alcance, así como el procedimiento para tramitar las garantías está claro en la legislación y en la jurisprudencia constitucional.

Lo que no queda claro es porqué algunas personas poderosas, por su trayectoria política, económica, delincuencial o por todas ellas en conjunto, se benefician de una garantía jurisdiccional, en concreto el habeas corpus, obteniendo sentencias que rompen con el trámite y con los criterios de aplicación establecido en las normas y en los precedentes constitucionales obligatorios.

Mediante sentencias injurídicas, jueces que no cumplen con los estándares establecidos para que en ellos radique la competencia, se permiten resolver habeas corpus que desnaturalizan su alcance, para devolver la libertad a quienes no lo merecen.

¿A quien hay que atribuir la culpa? Evidentemente a los jueces que pronuncian esas sentencias haciendo interpretaciones torcidas de los precedentes constitucionales para tratar de justificar lo injustificable. También a las entidades responsables de haberlos seleccionado, haberlos contratado, de haberlos capacitado para el cargo. Y de aquellos que tienen potestades legales para supervisar su trabajo y eventualmente sancionarlos y destituirlos.

Pero son precisamente esos funcionarios quienes ahora claman por desviar la mirada acusadora de la opinión pública hacia la institución del habeas corpus y las otras garantías jurisdiccionales y proponen, si no eliminarlas, por lo menos restringirlas, moderarlas, cortarles las uñas y los dientes. Para ellos, como siempre, la calentura está en las sábanas.   

La verdad sea dicha: el habeas corpus y las otras garantías jurisdiccionales están bien como están, sin perjuicio de que siempre puedan ser perfeccionadas.  Los que está mal son los jueces que las aplican desnaturalizándolas, desoyendo lo que dice la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, los precedentes constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos. Las más de las veces por crasa ignorancia, por falta de estudio, de dedicación al Derecho. En algunas otras, lamentablemente, evidenciado mala fe.

La ciudadanía no va a caer en la ingenuidad de creer que restringiendo el habeas corpus se va a evitar la impunidad. Lo único que puede evitar que los actos delincuenciales queden impunes, es tener una justicia honesta y preparada que actúe de manera oportuna y apegada al Derecho.