Cuando se camina sobre escombros, es difícil saber dónde comenzar. “Que nos quiten todo, menos la esperanza,” ha sido la consigna. Esto ya ha sucedido. Hemos perdido mucho y también la esperanza, pero este quizás sea el paso necesario, como lo ha escrito de manera contundente Eliane Brum para Brasil, en lo que tomo como una respuesta a esa consigna: “tal vez haya llegado el momento de superar la esperanza. Autorizarse a la desesperanza o al menos no linchar a quien a ella se autoriza. Quiero afirmar aquí que, para hacerle frente al desafío de construir un proyecto político para el país, la esperanza no es tan importante. Creo, de hecho, que está sobrevalorada.”

La sociedad ecuatoriana está compuesta hoy por presuntos contraventores y criminales. Las sucesivas aprobaciones de leyes y códigos hacen de cualquier persona sospechosa de atentar contra la seguridad del Estado. En donde antes había un derecho conquistado, hoy hay una ley que criminaliza el ejercicio legítimo de ese derecho. “Si el Estado necesita el miedo para legitimarse, es entonces necesario, en última instancia, producir el terror o, al menos, no impedir que se produzca”, ha escrito Giorgio Agamben. La despolitización de la ciudadanía ha alcanzado un punto en que hoy, en Ecuador, están criminalizadas formalmente la libertad de expresión y la protesta social organizada. Esto, en conjunción con la progresiva acumulación del poder en el Ejecutivo, ha conducido a que su representante dé órdenes en público al Ministerio del Interior para aplicar la ley contra la ciudadanía que se expresa políticamente, en deleznables escenas de despliegue de ese poder. Desmontar estas leyes tomará años, sin contar con las pérdidas ya irreparables de medios cerrados; personas que han salido de prisión sin reparación; personas que han quedado con secuelas fìsicas y emocionales tras agresiones de la policía; la autocensura, como en el paradigmático caso de Crudo Ecuador, a cambio de una integridad que jamás tendría que ser puesta en riesgo por el Estado.

Hoy, en Ecuador, la asistencia médica a personas en situación de emergencia por parte de profesionales de la salud puede verse como delito, sobre todo si se trata de mujeres en situación de aborto, lo cual ha modificado las decisiones que se toman en las casas de salud, en donde deja de ser una prioridad la preservación de la vida y negar asistencia médica se convierte en un recurso ante el riesgo de la privación de libertad, tanto para quienes abortan como para quienes atienden estos casos. Este es el resultado de un código penal que modifica las relaciones entre la ciudadanía y sus instituciones, las vuelve hostiles e inoperantes.

Este grave retroceso en políticas de salud pública va de la mano con el retroceso de décadas en materia de educación sexual. En Ecuador, a fines del año 2014 desapareció el Plan Nacional de Educación sexual por censura directa del Ejecutivo y fue sustituido por el Plan Familia. Lo que la Revolución Ciudadana ha hecho con los derechos conquistados por la sociedad civil y los activismos feministas es una catástrofe histórica. Quizás sea posible volver a construir las instituciones y políticas que se habían ganado para las mujeres en estos últimos 40 años una vez que esta revolución se haya deteriorado lo suficiente para poder contrarrestar los daños provocados. Pero, ¿se puede volver a educar a las generaciones que están siendo adoctrinadas por el Plan Familia? ¿Cómo se va a sacar el temor a la sexualidad del cuerpo de las niñas, de la mente de los jóvenes que aprendieron que sólo la abstinencia los va a salvar de sí mismos y de su derecho a crecer? ¿Cómo progresan los derechos de una sociedad sexualmente diversa si debe soportar un poder homofóbico que la deslegitima? Veremos estas derrotas reflejadas todos los días en lo que nuna aprenderán los niños y los jóvenes, en los temores infundados que organizan a muchas familias ecuatorianas que hoy por hoy han perdido el derecho a una educación laica sin adoctrinamientos.

Hoy, hay comunidades y pueblos en Ecuador que aún están luchando por derechos tan básicos como el agua. El derecho a la tenencia de la tierra; la soberanía alimentaria más allá del elemental cliché que usa la demagogia de Estado; el derecho a defender la integridad de las comunidades, el derecho básico de habitarlas y de vivir en ellas sin sentirse amenazadas se les ha usurpado. A fines del 2015, el barrio de San Marcos, en la comunidad de Tundayme, es desalojado con unidades antimotines y una fuerza policial excesiva. Cuando en este país el derecho a la tierra aún es una lucha histórica y no finalizada que ha costado siglos, la entrada de transnacionales chinas con venia del gobierno nacional constribuye a destruir esas luchas. La destrucción de esos entornos es irreversible, eso ya lo hemos perdido. Los pactos hechos con los capitales transnacionales en contra de la progresión de los derechos sociales de la población a la que supuestamente favorecen constituyen un retroceso y una agresión contra esas comunidades.

También será difícil medir cuestiones menos tangibles pero fundamentales, como el derecho al pensamiento. Más de nueve años de revolución ciudadana han tenido un efecto importante, no en su apertura para cultivar el pensamiento crítico, sino para instrumentalizarlo. La preponderancia del lenguaje tecnocrático ha ido sustituyendo las palabras que elegimos para reflexionar. Hoy, “socializamos productos”. No formulamos preguntas porque la revolución no duda: la revolución genera productos. Ese archivo será kafkiano. Muchos de esos informes y consultorías reemplazaron casi imperceptiblemente lo que hubieran tenido que ser propuestas capaces de hablar fuera del lenguaje tecnocrático si en verdad se trataba de transformaciones. Una generación de cientistas sociales, científicos, gestores, fue convocada por la Revolución Ciudadana para reflexionar, pero a muchos de ellos se les exigió y aún se les exige ser técnicos orgánicos. El conocimiento de estas personas, muchas de ellas enormemente capaces, ha sido desperdiciado, así como se perdió la oportunidad histórica de escuchar a toda una generación, porque el poder no tiene capacidad de escuchar.

El pensamiento crítico generado en las universidades también ha sido amenazado porque se ha atentado contra su estabilidad institucional. En julio, el movimiento estudiantil Nueva Universidad de la Universidad Central y vinculado a Alianza País protagonizó una gresca en donde una estudiante casi perdió un brazo. En las elecciones de la FEUE hubo robo de urnas, papeletas no numeradas, agresiones. La universidad, política por naturaleza, necesita sostener debates, abrir campos de reflexión, pero este horizonte parece lejano y hasta ingenuo si prevalecen las artimañas mafiosas por sobre su legitimidad.

Hoy, la Universidad Andina Simón Bolívar es acosada por parlamentarios andinos en aparente alianza con funcionarios del gobierno nacional que han desconocido la consulta previa y luego la elección de rector llevada a cabo en noviembre. En el acoso a la UASB se juega la autonomía de la universidad ecuatoriana y la libertad que le corresponde para desarrollar sus proyectos académicos. Estas acciones ilegítimas, que desconocen los procesos democráticos de la universidad, han atentado contra su normal desenvolvimiento, y en ello ya hay un costo: el que supone organizar una defensa y buscar recursos para ello. De esto son responsables quienes han promovido dichas acciones. El proyecto académico de esta institución, que se ha consolidado durante más de veinte años, hoy se ve amenazado por un lamentable oportunismo político. El riesgo es enorme: perder este espacio de reflexión y el pensamiento crítico que allí se ha desarrollado; tirar por la borda años de desarrollo de campos de reflexión, de programas académicos, de redes de conocimiento vinculadas a la sociedad civil, lo cual supone, además o sobre todo, desechar preguntas que nunca podrán ser formuladas pues las condiciones para hacerlo son la libertad y la democracia.

La Revolución Ciudadana entra en una nueva etapa, quizás debilitada. Los efectos de sus decisiones sobre nuestros derechos y en nuestra vida cotidiana no han dejado nada sin tocar, como un rey Midas al revés. La respuesta de la presidenta de la Asamblea Nacional: “jamás se permitirá que se apruebe ninguna ley que implique retroceso de derechos”. Al sumar y restar, hemos retrocedido como sociedad, ha retrocedido el país, hemos perdido derechos que habían costado vidas y tiempo. Qué decir ante esto, sino preservar el imperativo ético del no olvidar y del hacer, como nos convoca Eliane Brum: “Tal vez haya llegado el momento de entender que, ante tal coyuntura, es necesario hacer lo mucho más difícil: crear/luchar incluso sin esperanza. O luchar incluso cuando ya se ha perdido. Hacer sin creer. El hacer como un imperativo ético.” Nos lo han quitado casi todo, pero sobre todo, la esperanza. Ya sin ella, podemos continuar.