¿Qué es la Asamblea Nacional? Una entidad privada, dentro de la institucionalidad pública, en la que ciertos grupos de interés, llamados partidos o movimientos políticos, se dedican a trabajar para
          satisfacer los deseos de sus miembros y mantenerse en el poder.

A fin de conseguir sus objetivos, los miembros de la Asamblea ejercen con dedicación las tres formas de política características del medio: la imposición, la componenda y la obstrucción.

La imposición es la toma de decisiones, basada en la mayoría, que deja de lado los puntos de vista de las minorías que pueden mejorarlas o corregirlas en beneficio de la colectividad. La obstrucción es la negación irracional o maliciosa de proyectos legislativos y el impedimento de los actos de gobierno que dependen de ellos, sin presentar alternativas realistas y viables a las propuestas que se impide realizar. La componenda es el método del acuerdo impublicable. Es decir, de ese acuerdo, cuyo sentido no es público sino privado, del que la ciudadanía conoce los resultados, pero no las condiciones.

En estas formas de hacer política, las instituciones públicas son nada más que el escenario en el que los políticos actúan y los instrumentos de los que se valen para obtener sus fines. Ellos no respetan las instituciones, las usan, como irrespetan y usan la ley.

Como era de esperarse, la Ley de Atracción de Inversiones, presentada por el Gobierno, fue archivada. Y se conoce, por boca del presidente de la república, que cinco legisladores de Pachakutik solicitaron dinero para aprobarla. Xavier Hervas, excandidato presidencial por la Izquierda Democrática, en cambio, habría pedido al presidente que intervenga ante el Servicio de Rentas Internas para que no le cobren lo que debe.

Las revelaciones hechas por Guillermo Lasso no hacen sino confirmar que la Asamblea Nacional, tal como está conformada, y dadas sus maneras de hacer política, no es conveniente para el país: es una rémora y un factor de ingobernabilidad y conflicto. Pretender conducir el país en su compañía equivale a juntar en el mismo equipo a los policías y los ladrones. Con el riesgo, además, de volver realidad eso de que “quien con lobo se junta a aullar aprende”.

Para librar al país de un grupo de personas que día a día conspiran contra sus intereses, no queda otra opción que enviarlos a la casa. Y la Constitución establece la vía para hacerlo: la disolución de la Asamblea o muerte cruzada.

Optar por la muerte cruzada es, para el Gobierno, optar entre sobrevivir y gobernar. Si quiere gobernar y no simplemente mantenerse ejerciendo un poder inútil, el Gobierno debe decidirse por disolver la Asamblea. Hacerlo le supondría algunas ganancias: reafirmar su legitimidad, superar la obstrucción de la que es objeto, sancionar políticamente a los obstruccionistas y poner en su sitio a las fuerzas políticas que dominan la Asamblea. Es decir, corregir la representación surgida en las últimas elecciones.

De darse la muerte cruzada, Pachakutik, sin Yaku Pérez, y con las acusaciones hechas formalmente por el Gobierno contra cinco de sus asambleístas, ¿conseguiría, en unas futuras elecciones, la cantidad de legisladores que ahora tiene? Es bastante improbable. Tampoco, en un país en el que la gente vota por individuos y no por partidos, se ve una figura que, pese al descenso de la popularidad de Guillermo Lasso, pueda hacerle frente.

Mantener el statu quo político es contribuir al debilitamiento de las instituciones y formas de convivencia democráticas, y ahondar el deterioro de la actividad política, convertida en imposición, obstrucción y componenda. Optar por la muerte cruzada es iniciar el camino hacia la reinstitucionalización del país.