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5 de Febrero del 2024
Ideas
Lectura: 4 minutos
5 de Febrero del 2024
Giovanni Carrión Cevallos

Economista y Magister en Estudios Latinoamericanos.
@giovannicarrion

Sofisma económico
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Es necesario abordar esta discusión con la suficiente responsabilidad, sin recurrir a sofismas, fantasmas o monstruos que infundan miedo o pánico, con el propósito soterrado de recibir adhesiones a una propuesta hoy huérfana de respaldo popular.

Los defensores del ‘Proyecto de Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica’ que fue enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional y que, en lo sustantivo, pretende incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en tres puntos porcentuales; muchas de las veces acuden a sofismas para explicar las supuestas bondades de una iniciativa que apunta a recaudar anualmente alrededor de 1.300 millones de dólares, con un IVA equivalente al 15%.

Hemos de coincidir que al momento hay una real necesidad de financiamiento para atender el combate al crimen y restablecer la seguridad interna, así como corregir los desequilibrios de un persistente déficit fiscal que cada vez se profundiza y que –en buena medida- ha sido cubierto con mayor endeudamiento interno y externo, con lo cual se ha hipotecado el futuro de los ecuatorianos.

No obstante, se pretende acudir a razonamientos aparentemente creíbles, pero en su esencia falsos, para suavizar una crítica generalizada que existe dentro de la población al incremento de un impuesto indirecto y, por lo mismo, regresivo, que coloca el peso de la crisis sobre los hombros de los que menos tienen.

Por un lado, es claro que, en una economía ralentizada, casi estancada, como la ecuatoriana, que apenas proyecta un crecimiento de 0,7% del PIB para el año 2024, el incluir un IVA del 15%, se traducirá en una contracción del consumo y, consiguientemente, del dinamismo de la economía en su conjunto, afectando el ya precario nivel de empleo como resultado de una menor oferta de bienes y servicios como ajuste a la situación del mercado. Entonces, decir que ‘no hay evidencia de tal contracción’ es tratar de desconocer principios teóricos básicos relacionados con el comportamiento de la demanda agregada.

Otro aspecto que llama la atención, desde el lado de quienes participan de la tesis del incremento del IVA, es aquella afirmación que dice que ‘Para el caso del Ecuador se puede evidenciar que durante la subida del IVA al 14% del año 2016 que duró hasta el 2017, el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue inferior que el de años pasados’.

Ciertamente, en el año 2016, el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 1,12%, cifra menor al de los años precedentes. No obstante, es importante señalar que en el año 2015 la economía doméstica se estancó al registrar apenas un 0,1% de variación del PIB y en el 2016, un decremento del orden de 1,2%. En esa línea, la inflación tiene que ser interpretada tomando en cuenta el desempeño de la economía e identificar si la reducción de la tasa de inflación no está vinculada con una contracción de la demanda. De otra manera se podría terminar justificando incluso a la deflación, que refiere a la caída general y continua de los precios, con impacto nocivo en el crecimiento económico y los niveles de empleo.

De ahí que es necesario abordar esta discusión con la suficiente responsabilidad, sin recurrir a sofismas, fantasmas o monstruos que infundan miedo o pánico, con el propósito soterrado de recibir adhesiones a una propuesta hoy huérfana de respaldo popular.

Confiamos que este proyecto de ley sea debidamente analizado y que el resultado final sea producto del consenso, sin tener que acudir a la aprobación de un proyecto por el ministerio de la ley, que implicaría un lavatorio de manos, privilegiando el cálculo político frente a lo que más le conviene al país.

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