Voceros y analistas de la derecha empresarial están recurriendo a una serie de argumentos engañosos a fin de deslegitimar las mesas de diálogo entre el movimiento indígena y el Gobierno. Puros sofismas. El propósito central apunta a restarles toda validez política y jurídica a los acuerdos que puedan conseguirse. Veamos.

Primer sofisma: no se puede imponer decisiones políticas desde la lucha social. Supuestamente, el triunfo electoral le confiere al Gobierno la potestad exclusiva sobre las políticas públicas. Con este argumento se echaría abajo uno de los pilares del capitalismo y de la democracia liberal: el derecho a la huelga.

Tomemos un ejemplo. En cualquier país liberal de Europa, cuando los trabajadores de los servicios de trenes se paralizan, el Gobierno se sienta a negociar. Los sindicatos ferroviarios no necesitan ganar una elección para exigir respuestas del Estado a sus reivindicaciones económicas. A nadie en esos países se le ocurriría deslegitimar un derecho que está consagrado en la Constitución, al igual que ocurre en el Ecuador con el derecho a la resistencia y a la movilización social.

Segundo sofisma: las demandas del movimiento indígena se contraponen al plan de gobierno que fue aprobado por los votantes en las elecciones presidenciales. Desde esta visión, el plan de gobierno sería una suerte de Biblia política que tiene que ser acatada por toda la sociedad, sin cuestionamientos.

Toca preguntarse, entonces, qué se hace frente a los demás incumplimientos del mencionado plan por parte del propio Gobierno. Por ejemplo, la construcción de viviendas, la financiación de la salud, la infraestructura escolar, la seguridad ciudadana y un largo etcétera de incongruencias oficiales. ¿Acaso el triunfo electoral confiere al Gobierno una atribución discrecional para cumplir únicamente con la parte del plan que les conviene a ciertos sectores?

Tercer sofisma: el movimiento indígena quiere cogobernar desde la fuerza. En Inglaterra, uno de los paraísos del liberalismo moderno, la oposición cuenta con lo que se denomina un “gobierno en la sombra”, que no solo contempla un programa alternativo, sino que permite presionar al gobierno para que no ejecute el programa oficial en su totalidad. Se trata de un juego de equilibrios que impide la univocidad política. A nadie en ese país se le ocurre afirmar que esa figura constituye un atentado a la democracia.

Cuarto sofisma: con los acuerdos logrados en una de las mesas, los indígenas estarían trazando la política minera y petrolera del país y, por lo mismo, limitando las posibilidades del Estado de acceder a recursos indispensables para financiar el desarrollo nacional.

Está por demás demostrado que la mayor disposición de ingresos fiscales no se traduce ni en mejores condiciones de vida para la población ni en la reducción de las desigualdades sociales. Al contrario, ha sido una fuente inagotable de corrupción. El mayor latrocinio en la historia nacional está relacionado con la explotación de petróleo. De paso, viola el derecho constitucional de pueblos y comunidades rurales a vivir en un entorno saludable.