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7 de Marzo del 2016
Ideas
Lectura: 5 minutos
7 de Marzo del 2016
César Coronel Garcés

Abogado y periodista guayaquileño. Ha colaborado en medios impresos y radiales de su ciudad. Actualmente cursa una maestría en Derecho de Empresa. 

Solca, una mirada diferente
Solca no es la única institución que recibe valores por leyes especiales, pero lo que está claro es que la Ley especial de impuesto a favor de Solca –nos guste o no- sigue vigente y por esa razón el Estado debe cumplir con la entrega de los valores ya recaudados: esto no es una deuda, se trata de la retención ilegítima de valores que deben ser devueltos en su totalidad y sin excusa alguna a la entidad beneficiaria mientras la norma jurídica esté vigente.

El tema de Solca tiene varias dimensiones que debemos analizar con detenimiento, porque el tratamiento de cientos de niños, adultos y ancianos que padecen cáncer es un tema en extremo delicado.

Mi análisis esta vez se centrará en tres grandes aspectos: la deuda que mantiene el Estado con Solca, la obligación que tiene el Estado de atender a pacientes con enfermedades catastróficas y el asunto de la contribución especial que hacemos los ecuatorianos mediante un impuesto especial a esta institución.

Las deudas que tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como el Ministerio de Salud mantienen con Solca, evidentemente, deben pagarse. Esto luego del normal, aunque debería ser inmediato, proceso de auditoría médica a las facturas presentadas. Pero aprobadas las auditorías y si está todo en orden, cada centavo debe ser cancelado porque son atenciones que ya se realizaron a cientos de personas que hoy han recobrado su salud o están siguiendo un tratamiento adecuado que por propia iniciativa no podrían pagar.

La respuesta que salta inmediatamente al momento de pensar en estas deudas es que el Estado no tiene plata. Evidentemente la crisis que hoy vive el gobierno no la ocasionaron los cientos de ecuatorianos que necesitan atención médica y ellos no tienen por qué pagar y sufrir las consecuencias de una crisis provocada irresponsablemente por otros.

Resulta realmente indolente por parte de las autoridades que se dé prioridad a gastos realmente absurdos e innecesarios y no se paguen inmediatamente las deudas que el Estado mantiene con varias clínicas y hospitales en todo el país, porque Solca no es el único caso, son muchos los prestadores médicos que hoy ven interrumpido su trabajo porque han tenido que dirigir recursos para cubrir una deuda que el Estado asumió y hoy no paga.

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Constitución de 2008, hecha por ellos, el Estado debe garantizar el tratamiento a enfermos catastróficos. De conformidad con el artículo 50 de la Constitución vigente “El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente."

Sin Solca, ¿estaría el Estado en capacidad de atender de manera gratuita, oportuna y eficiente los tratamientos que necesitan todos los enfermos de cáncer del país? ¿Podrá el Estado administrar de manera eficiente Solca si consigue que pase a ellos su administración? Ambas preguntas tienen respuestas obvias y sustentadas en los hechos.

Termino mi análisis con otro aspecto que ha traído al debate el presidente Correa en uno de sus últimos conversatorios con la prensa: la contribución especial a Solca por parte de quienes conseguimos créditos de la banca.

En parte coincido con el Presidente: no deberían existir leyes especiales que obliguen a los ciudadanos a contribuir con entidades privadas. Aunque no es popular, llevo varios años diciendo que el voluntariado debe ser voluntario y no pueden obligarnos por Ley a ser filántropos.

En el caso de Solca está claro que existe una Ley –creada por los asambleístas del partido de este gobierno- que obliga a los ciudadanos, en ciertas circunstancias al obtener créditos de la banca, a pagar un impuesto en favor de esa institución.

Este tema debe ser debatido porque Solca no es la única institución que recibe valores por leyes especiales, pero lo que está claro es que la Ley especial de impuesto a favor de Solca –nos guste o no- sigue vigente y por esa razón el Estado debe cumplir con la entrega de los valores ya recaudados: esto no es una deuda, se trata de la retención ilegítima de valores que deben ser devueltos en su totalidad y sin excusa alguna a la entidad beneficiaria mientras la norma jurídica esté vigente.

Las consecuencias de una crisis provocada por el manejo irresponsable de este gobierno no tenemos por qué pagarla todos los ecuatorianos y menos quienes están en situación de especial vulnerabilidad. Los compromisos adquiridos por IESS y Ministerio de Salud deben cumplirse y los valores recaudados por concepto de la Ley especial de Solca deben ser inmediatamente entregados.

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