A partir de este miércoles 24 quedan exactamente nueve meses para que Rafael Correa deje el poder. Ese poder que tanto le ha gustado, ese poder en el que se ha refocilado, ese poder con el que ha hecho y deshecho en ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Ese poder con el que ha borrado del país la democracia efectiva, con el que ha atropellado los derechos humanos y ha dirigido un gobierno despótico.

Pero Correa juega hasta el último con la paciencia ciudadana al dejar que el colectivo Rafael contigo siempre entregue sus, dizque, 1’248.000 firmas para provocar un referéndum y dejar sin valor la transitoria que impide la reelección. Correa sabe que no podrá ser reelegido jamás en elecciones transparentes y limpias, y por eso ha reiterado que se irá a Bélgica “por un tiempo” porque eso es lo que debe a su familia, ya que sus suegros están “viejos”, pero permite que se haga la pantomima de la entrega de firmas porque quiere dejar la puerta entreabierta hasta el último instante de la inscripción de las candidaturas.

Por lo demás, es absolutamente imposible que las activistas Pamela, Estefanía y compañía haya podido recoger 1’248.000 firmas en el corto tiempo del que dispusieron, 45 días, es decir seis semanas. Y es fácil demostrarlo con solo ver el caso de la Izquierda Democrática, cuya reinscripción como partido político fue finalmente aprobada la semana pasada.

Trabajando con un esfuerzo gigante, y contando con estructura en cada provincia ––conformada por los viejos militantes y los muchos jóvenes que han adherido a la causa––, el partido, cuya organización siempre fue reconocida en la vida política del país, logró presentar 650.000 firmas en un año. Lo hizo, como es sabido, en varias entregas, porque el Consejo Nacional Electoral se dio a la ingrata tarea de desconocer miles de miles de firmas válidas presentadas. Habría sido un escándalo gigantesco que no se reconociera al partido mejor organizado y con más amplia base del Ecuador, así que finalmente el CNE lo reconoció y le devolvió el número 12, el color naranja y su lema “Justicia social con libertad”, lo que es una muy buena noticia para la democracia ecuatoriana. Pero a lo que voy es que, contando con esa notable estructura, esa buena organización y esa magnífica militancia, el partido reunió en un año la mitad de firmas que lo que estas jóvenes afirman haber recogido en seis semanas, sin infraestructura ni organización. Es desde todo punto de vista imposible. Además, ¿dónde estuvieron las brigadas?, ¿alguien las vio en alguna parte del país?

Sería una engañifa del tamaño del volcán Pichincha que el Consejo Nacional Electoral, que rechazó las firmas de los Yasunidos y que eliminó casi medio millón de firmas presentadas por la ID, vaya ahora a reconocer las firmas de ¡Ay Pame! y su combo, y a dar paso a un referendo cuando solo faltan seis meses para las elecciones. Pero en el Ecuador de hoy vemos que es posible tostar granizo.

Mientras Correa sigue expectante, lanza globos de ensayo como la candidatura de Ricardo Patiño que, según lo explicó, podría ser candidato a presidente o vicepresidente con Glas o con Moreno. Se trata de barajar fichas a ver cuál resulta mejor, a partir del 22 por ciento de voto duro que aún tiene Correa, pero no necesariamente sus delfines. En el supuesto no consentido de que cualquier fórmula de Alianza PAÍS ganara las elecciones, es obvio que Correa preferirá estar lejos porque se le reventará el hígado cuando no pueda mangonear, como lo ha hecho por diez años. No se trata de la fórmula “Cámpora a la presidencia, Perón al poder” que quiso repetirse en el Ecuador con el “Roldós a la presidencia, Bucaram al poder”, pues para un gobernante autoritario, que por lo demás solo piensa en él y se siente la corporización de la verdad revelada, sería insoportable quedarse fuera del mando directo.

Entre los más recientes actos del despotismo que nos gobierna está la orden dada por Correa para que se sancione a Teleamazonas y a la periodista Janet Hinostroza por supuesto linchamiento mediático. La ágil Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) emitió una doble sanción el 8 de agosto, al medio y a la periodista. Y lo que había hecho Janeth, en pleno uso de su derecho humano y profesional, es cuestionar una subasta inversa corporativa de medicamentos que realizó el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). ¿Qué tiene que ocultar Sercop que no permite que se investigue y cuestione su subasta inversa? ¿Por qué el presidente sale en su defensa y actúa, una vez más, como un gobernante tiránico, al que la Supercom obedece de inmediato?

Además de ser una prueba más de que es una mentira sarnosa decir que este organismo es autónomo ––la última en afirmarlo es la embajadora y ex pésima ministra Gloria Vidal Illingworth en una réplica al diario argentino Clarín de Buenos Aires––, la Supercom demuestra que la tristemente célebre figura del “linchamiento mediático” es empleada directamente para amedrentar a los medios y a los periodistas de investigación, a quienes revelan verdades que al Gobierno le duele (¿Qué paradoja! Tienen cuatro años a Assange, campeón de las filtraciones, asilado en la embajada en Londres. Es que, para un gobierno autoritario, las filtraciones son buenas siempre que sean contra otro gobierno. Lo comprueban las declaraciones de Alexis Mera este lunes de que “es delito divulgar mensajes hackeados”, y que desea que “en el país se aprenda que no se pueden interferir llamadas telefónicas ni mensajes electrónicos. Se los publica y nadie dice nada, eso no puede ser”. Si quieren que eso aprenda el país han aplicado la peor pedagogía: dando asilo a un hacker, Assange, y dando pasaporte ecuatoriano a otro, Snowden. Pero además, han publicado mensajes hackeados, como los que interfirieron a Martha Roldós. Una desvergüenza impresionante o, como dría Correa, ¡qué cara dura!).

Otra tomadura de pelo es sancionar a Janeth por incumplir el artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación cuando lo que precisamente estaba haciendo es verificar, contextualizar y contrastar la información para saber qué había pasado en la Sercop.

Una acción igualmente despótica es la decisión de disolver la Unión Nacional de Educadores (UNE). Es cierto que los ecuatorianos no siempre hemos estado de acuerdo con la actuación de la UNE, con sus constantes atentados a la calidad de la educación pública al buscar por medios ilegítimos sus fines gremiales y, con frecuencia, políticos. Pero eso no implica que se pueda suprimir de un plumazo a una institución que tiene 70 años de lucha por el magisterio. Y no olvidemos que la UNE tuvo logros muy grandes, como el Fondo de Cesantía del Magisterio, también arbitrariamente intervenido por el gobierno de Correa.

Esta disolución tan abusiva comprueba lo que defensores de los derechos humanos y miles de personas preocupadas por nuestro país hemos venido denunciando: el andamiaje montado desde 2007 para impedir el derecho a la libre asociación y que se cristalizó en los decretos 016 y 739. En el Ecuador no se puede cuestionar nada, ni se puede organizar nada que esté fuera de la obediencia o se separe un milímetro de lo que le gusta al régimen o a su caudillo más propiamente dicho.
Para el Gobierno, el crimen capital de la UNE es que lo denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) precisamente por la violación a la libertad sindical y al derecho a la huelga, así como por los despidos masivos e injustificados. La OIT envió una misión de expertos a inicios de 2015 en que le pidió al Estado que registre la nueva directiva de la UNE que aquel se resistía a reconocer. Riéndose, como todo autoritarismo, de la recomendación de la OIT, el régimen de Correa no la cumplió y, con todo derecho, la UNE participó en la presentación de los informes de la sociedad civil ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en junio de este año. Como consecuencia, ese comité entre las recomendaciones al Gobierno que emitió hace un mes, expuso su preocupación precisamente por estas disposiciones “que permiten disolver organizaciones sociales que cuenten con personería jurídica con base en causales que podrían resultar muy amplias o ambiguas” y recomendó al Estado ecuatoriano permitir la plena libertad de asociación y dejarse de hacer trampa (lo dijo con un lenguaje diplomático, pero así se traduce lo que expresó). Una vez más el gobierno de Correa haciendo caso omiso de las recomendaciones internacionales y violando el Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Políticos, disuelve a la UNE con un proceso y unas razones ridículas.

Ahora bien, alguna vez estas disposiciones autoritarias no llegan a cumplirse. Es notable que el Consejo de Disciplina Militar de la Armada Nacional haya decidido por unanimidad no admitir a trámite la sanción planteada por el ministro de Defensa, por orden de Correa, contra el capitán de navío Edwin Ortega, por haber mostrado su inconformidad con las reformas planteadas por Correa a la ley del Issfa. Correa cree que ser “obediente y no deliberante” implica que todos piensen igual que él. Recuérdense, si no, los ataques de ira que sufría contra el Coronel Carrión, director del Hospital de la Policía, a quien quería obligarle a callar y aceptar la versión de Correa porque era su subordinado, aunque esta fuera falsa.

Ojalá los otros dos casos de pedidos de sanción, contra la teniente del Ejército Karla Pozo, y contra el teniente de Navío, Daniel Realpe, sean rechazados con igual claridad y contundencia. Así algo se habrá salvado de los derechos humanos damnificados por este proceso eruptivo de atropellos que hemos vivido casi diez años y del que quedan solo nueve meses.