Por los años 90 hubo un escándalo de corrupción y, ELLA, con las enseñanzas marxistas de sus profesores universitarios aún en su cabeza, dijo: “Algún día llegará al poder uno del pueblo y acabará con la corrupción”. ÉL rió: “¿Sabes por qué los pobres no roban? Porque no han tenido la oportunidad de gobernar, pero cuando lo consigan, robarán quizás más que los ricos.”

ELLA no creía, pero la teoría de ÉL se comprobó en 1996 cuando la fuerza de los pobres llegó al poder y tras su festín de nuevos ricos saquearon con total sinvergüencería al Estado. ("Saqueó", literalmente, porque los billetes los llevaron hasta en sacos).

Por casualidad, hace pocas horas nos encontramos con un constructor que confirmó: “No había obra por la que la fuerza de los pobres no cobrara coima. Y lo que era peor, ya recibían la coima del primer contratista y la misma obra le daban a un segundo contratista sin devolver la coima al primero”. Selló el diálogo revelando que en más de 20 años que lleva como contratista del Estado, todo gobierno: de derecha, centro, izquierda, le ha cobrado coimas entre el 20% y hasta 40%.

¿Los indígenas nos salvarán?

Tras las malas experiencias con los ricos y la fuerza de los pobres, ELLA vio un atisbo de esperanza en los indígenas que desde su primer levantamiento, a inicios de los 90, empezaron a participar activamente en la política nacional. Algunos tenían formación universitaria y ya podían ejercer altos cargos, honesta y eficazmente. Un ejemplo era Auki Tituaña, un economista graduado en Cuba, elegido alcalde de Cotacachi 1996–2009 y elogiado por su gestión, incluso a escala internacional. Era el perfil de la nueva generación indígena.

Pero faltando un mes para el violento Estallido #2 de junio pasado, Auki Tituaña advirtió: “La Conaie perdió la hoja de ruta, pero está a tiempo de enmendar”. (El Comercio. 11 de mayo de 2022).

¿En qué momento la Conaie se perdió? Curiosamente, los tiempos de su perdición coinciden con los tempos de la revolución ciudadana (2007-2017) cuando se registró la mayor corrupción en la historia del país. Entonces, algunos indígenas que ocuparon altos cargos, también aparecieron en el selecto grupo de los nuevos ricos hechos a base de coimas, diezmos y glosas juzgados a medias por leyes blandas y una justicia miedosa.

¿La corrupción es contagiosa? Parece que sí, pero robarle al Estado es un delito que se paga con la cárcel y la pena debería ser doble porque al robarle al Estado, también están robando a los ciudadanos menesterosos que pudieron haber recibido alguna ayuda social con ese dinero.

Contaban en Chimborazo que el dinero que un alcalde de Guamote, luego prefecto de la provincia, robó, pudo haber solucionado el problema de desnutrición infantil en esa zona, la más más desnutrida del país y Latinoamérica.

A propósito vale contar que, también en días recientes, conversamos con un ex funcionario de una organización internacional de apoyo a los campesinos. Dijo que vieron con preocupación cómo las ayudas económicas para los pobres, se quedaba en la familia de los dirigentes.

¿Retorno al ayer?

Estos malos actos se conocen por los periodistas a quienes los corruptos odian y buscan mecanismos para impedir que continúen con sus denuncias. Ese es el propósito principal de la Reforma a la LOC aprobada el 21 de julio pasado que nació y fue apoyada por correistas y pachakutiks resentidos.

Intentan crear dudas sobre la veracidad de las denuncias y así afectar a la credibilidad que es el mayor tesoro de un periodista. Gracias a esta, el periodismo tradicional, clásico, independiente de Ecuador mantiene una alta aceptación del público. Según encuestas recientes, está en los primeros lugares, después de los sectores empresarial y financiero, de la iglesia y los militares.

En síntesis, esta reforma pretende el retorno al sistema de amedrentamiento y represión de la LOC 2013 festejada en su tiempo con bombos y platillos por el ex presidente Rafael Correa y su círculo de poder. Con esta reforma 2022 sueñan con el retorno de él y su círculo de fugitivos. ¿Retorno a Latacunga?, se preguntan muchos.

Felizmente estamos en otros tiempos. El gobierno de Guillermo Lasso ya calificó a esta reforma como “ley mordaza” y anunció que la vetará totalmente. Su criterio es coincidente con el de varios sectores de la comunicación y ciudadanos que saben que el periodismo es el dique de contención de las mañoserías ocultas y de la tiranía.