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9 de Diciembre del 2022
Ideas
Lectura: 4 minutos
9 de Diciembre del 2022
Juan Cuvi

Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.

TLC: los privilegios del poder
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La advertencia que consta en el Acuerdo suscrito por el ministro Prado es categórica: no se permitirá que la eventual filtración de información comprometa los intereses del país. Obviamente, en ninguna parte se especifica cuáles son esos intereses.

Con la publicación en el Registro Oficial del último Acuerdo, el ministro de producción y comercio exterior, Julio José Prado, acaba de confirmar una vieja condición del poder: el manejo reservado de la información. El Acuerdo estaba vigente desde mayo de 2022, pero recién se lo hizo público a pocos días de que el Ecuador concluya las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. En síntesis, el Acuerdo fue sometido a la misma confidencialidad que quiere regular. Nadie que no esté cerca de las alturas del poder sabía de su existencia.

Que los TLC son un instrumento jurídico para favorecer a los grandes negocios privados no es ningún secreto. Desde que empezaron a implementarse, hace más de tres décadas, las críticas al sesgo empresarial que imponen han sido constantes. En varios países que los han suscrito las economías comunitarias han sufrido afectaciones catastróficas. En el Ecuador, las consecuencias no tienen por qué ser diferentes.
 
Pero la reserva de la información que se aplica a todas estas negociaciones comerciales tiene un doble rasero, a todas luces abusivo, porque los grades grupos económicos del país, que son una de las partes interesadas, sí están al tanto de los términos y contenidos. Basta constatar que tanto el ministro Prado como el presidente Lasso no solo representan, sino que son parte de estos grupos empresariales, para
confirmarlo.
 
la advertencia que consta en el Acuerdo suscrito por el ministro Prado es categórica: no se permitirá que la eventual filtración de información comprometa los intereses del país. Obviamente, en ninguna parte se especifica cuáles son esos intereses.
 
Así ocurrió con las negociaciones del TLC con los Estados Unidos: en los denominados “cuartos de al lado”, donde supuestamente participaban los sectores de la sociedad interesados en discutir los términos de las negociaciones, las organizaciones sociales tenían vetado el acceso. Únicamente intervenían los delegados de cámaras de la producción.
 
Esta particularidad coincide plenamente con la visión oficial que se ha impuesto desde que el Ecuador empezó a negociar los primeros TLC. Todos los gobiernos de turno han confundido el interés general del Estado con los intereses particulares de los sectores empresariales. Por eso, la advertencia que consta en el Acuerdo suscrito por el ministro Prado es categórica: no se permitirá que la eventual filtración de información comprometa los intereses del país. Obviamente, en ninguna parte se especifica cuáles son esos intereses.
 
En esencia, de lo que se trata es de bloquear todas aquellas observaciones que se han hecho a propósito de los impactos de los TLC en varios ámbitos de la vida nacional. El colapso de las economías de pequeña escala, el sometimiento jurídico del país, la expropiación de la biodiversidad o la devastación cultural –por citar solo algunos aspectos– son temas que no pueden entorpecer el libre avance de los intereses comerciales privados.
 
Una condición para asegurar este objetivo es, precisamente, mantener hasta el último la reserva sobre los contenidos de las negociaciones. Dicho de otro modo, impedir que las organizaciones sociales o que los sectores potencialmente afectados generen ruido. Únicamente los privilegiados pueden conocer los arcanos de la política exterior del país.

[PANAL DE IDEAS]

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Rodrigo Tenorio Ambrossi
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