Una encuesta reciente muestra las percepciones, frustraciones y anhelos acerca del segundo problema que afecta al país, luego del desempleo, la corrupción. Esa palabra que abarca prácticas que van contra la integridad. Y entre las acciones más comunes están el soborno, la extorsión, la instigación a delinquir, el trafico de influencias y el blanqueo de activos que han dejado esas prácticas. Y en el caso de la encuesta llamada ‘Estudio de Ética Empresarial’, la primera de este tipo en Ecuador, están las acciones destinadas a que el trabajador incumpla sus obligaciones hacia una empresa o una institución pública, o que ayude a combatir las malas prácticas.

El objetivo del estudio, realizado entre agosto y septiembre pasado, precisamente fue obtener un diagnóstico acerca del grado de desarrollo de la cultura ética en las organizaciones ecuatorianas, identificando los diferentes tipos de transgresiones. Los 776 encuestados fueron trabajadores de empresas privadas, en un 70%, y de instituciones públicas, en un 30%.

Los trabajadores consideran que los eventos antiéticos considerados como ‘muy graves’ son: conflicto de intereses, la corrupción de algún tipo (coimas, sobornos, etc.), tráfico de influencias y robos. Las ‘graves’: irregularidades en contrataciones y despidos, abuso de poder contra colaboradores y proveedores, abuso de los recursos de la empresa, gastos impropios o inadecuados. 

Y sorpresivamente las ‘moderadas’ están relacionadas con el día día en la oficina: atrasos o ausencias injustificadas al trabajo en forma recurrente, incumplimiento de compromisos con los empleados, asistencia al trabajo sin cumplir con las obligaciones del cargo, despreocupación real por promover la vida familiar de los trabajadores.

Entre los resultados finales hay algo muy desalentador. Apenas el 2,3% de los colaboradores no percibe ningún incidente antiético en su organización durante el último año.

En la evaluación al comportamiento ético de las empresas e instituciones, en general, el 47% de los trabajadores tuvo una percepción desfavorable, el 27% neutro y el 27% una evaluación favorable.

Entre los problemas que identifica la encuesta, los quiebres de la confianza según la medición, están algunos que indican el detalle sobre qué piensan los trabajadores sobre las actuaciones ilícitas y el comportamiento de los directivos de una empresa o una institución pública. Por ejemplo, un 21% de los trabajadores tiene un criterio desfavorable acerca de que no recibiría información de las acciones que se tomaron a raíz de una denuncia. El 53% cree que sí sería informado.

El 21% de los encuestados tiene una percepción negativa sobre el trato igualitario a los colaboradores del entorno laboral inmediato; un 60% cree que si hay trato equilibrado. El 21% considera que no hay oportunidades en el entorno laboral inmediato como para discutir dilemas morales; un 52% cree que sí.

Asimismo, un 22% cree que una actitud antiética reportada, sin atención suficiente, no sería indagada por un superior; un 53% cree que sí. Un 27% cree que no se recompensan las conductas éticas, mientras que un 48% considera que si. Un 42% cree que el tiempo dedicado a sus tareas no es suficiente para ejecutarlas a cabalidad; un 39% considera que sí.

Estos resultados muestran que ese segmento de la población que tiene un trabajo requiere de un fortalecimiento de la cultura anticorrupción. De esta manera los trabajadores y directivos pueden mejorar su ambiente de trabajo en la empresa o en una entidad pública. De hecho, respirar honestidad también hace bien a una empresa o una institución. Por ello se requieren de mayores incentivos para las personas que denuncian casa adentro y mayor actitud de sanción de los directivos. El campo todavía es amplio y está abierto.

La medición contó con el apoyo de el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Comercio de Quito, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y empresas privadas, como Schlumberger, Banco Pichincha y Phillip Morris International.