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4 de Octubre del 2016
Ideas
Lectura: 8 minutos
4 de Octubre del 2016
Patricio Moncayo

PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.

Trago amargo o salvación de las almas
Pretender llegar a acuerdos entre las dos oposiciones para la segunda vuelta electoral supone dar por hecho que habrá segunda vuelta. ¿Y qué pasará si ello no ocurre? ¿De quién será la responsabilidad por no haber evitado un desenlace previsible? ¿Cuáles serán las consecuencias y costos de esta falta de previsión? ¿Ganarán con ello la oposición de izquierda o la de derecha? ¿Saldrá el país beneficiado por tan monumental ceguera?

Max Weber (1864-1920), notable académico alemán, muestra la relatividad de la ética cuando están de por medio fines “buenos” para unos y “malos” para otros, que obligan a apelar a medios “moralmente dudosos” o acaso “peligrosos”, sin que tengamos certeza de sus “consecuencias laterales moralmente malas”.

“Ninguna ética del mundo puede eludir el hecho de que para conseguir fines ‘buenos’ hay que contar en muchos casos con medios moralmente dudosos, o al menos peligrosos, y con la posibilidad e incluso la probabilidad de consecuencias laterales moralmente malas”, afirma Weber.

A partir de lo que Weber dice, es posible que nos resulte muy duro aliarnos con sectores ideológicamente contrarios a nuestras convicciones en aras de evitar un nuevo triunfo del correismo. En efecto, Correa se catapultó a la presidencia de la República con el apoyo de la izquierda; a la luz de los resultados de su gobierno es posible afirmar que la izquierda se equivocó y eso explica que muchos convencidos izquierdistas se apartaran del gobierno y optaran por la oposición. Esta oposición responde a la convicción de que Correa traicionó al proyecto político propuesto por la izquierda. En el 2013, hubo una medición de fuerzas en el campo electoral: la izquierda obtuvo un porcentaje electoral exiguo. Sin embargo no desmayó en su combate por los principios y contra tal claudicación de Correa.
   
El correísmo, no obstante haber traicionado a la izquierda, se quedó con el discurso, y con este discurso atacó a los grupos económicos “capitalistas”, a los partidos políticos de la “derecha”, a los medios de comunicación privados, voceros supuestamente de esos intereses; se alineó con los gobiernos contrarios a los Estados Unidos, y en la región levantó la bandera de la “patria grande”. Este discurso legitimó su embestida a la democracia “burguesa”.

El deslizamiento del gobierno hacia un populismo sustentado en el vínculo carismático entre el líder y el pueblo, ha ahondado las brechas sociales, por ejemplo la confrontación de pobres versus ricos, y ha desatado una “cacería de brujas” contra los propietarios.  Algo semejante a la que el macartismo emprendió en Estados Unidos en 1953 “contra funcionarios de gobierno, sindicalistas, militares, miembros de los medios de comunicación e industria del cine (escritores, actores, directores), sospechosos de colaborar o espiar para el bloque comunista”.   

De esa manera, el gobierno ha puesto en interdicción los derechos humanos, las libertades de opinión y expresión, la libertad de asociación y también las libertades económicas; y sin ser socialista se ha declarado enemigo del capitalismo. De ahí ha nacido otra oposición: la de derecha.

Esta oposición responde a concepciones liberales tanto en la economía como en la política. Congrega a fuerzas sociales que abogan por una economía de mercado y por el pluralismo político y que sienten que sus espacios de acción se han contraído en ambos campos. La democracia “burguesa” pone límites al ejercicio del poder y en este marco es posible la política que implica desavenencias pero también acuerdos y consensos. Esta oposición no es huérfana de apoyo popular. De ahí que en las elecciones del 2013 obtuvo un porcentaje electoral nada despreciable. Tampoco desmaya en su combate contra los abusos de poder de Correa, y respaldó las acciones de protesta de los movimientos sociales. La lucha contra la reelección presidencial demostró que Correa no es invencible si las fuerzas que se le oponen, convergen.

Si las dos oposiciones, la de izquierda y la de derecha, no logran acercarse para el evento electoral que se avecina, más allá de sus diferencias ideológicas y programáticas, lo más probable será que el correismo vuelva a triunfar en las elecciones del 2017 y en la primera vuelta. No cabe olvidar el poder electoral del gobierno, no solo en términos de sus seguidores, del voto duro, sino del poder institucional que detenta en todas las funciones del estado.

Pretender llegar a acuerdos entre las dos oposiciones para la segunda vuelta electoral supone dar por hecho que habrá segunda vuelta. ¿Y qué pasará si ello no ocurre? ¿De quién será la responsabilidad por no haber evitado un desenlace previsible? ¿Cuáles serán las consecuencias y costos de esta falta de previsión? ¿Ganarán con ello la oposición de izquierda o la de derecha? ¿Saldrá el país beneficiado por tan monumental ceguera? ¿Cómo explicarán al pueblo su obstinación cuando éste, que es el soberano en la democracia, les exigió unirse, desprenderse de intereses particulares antes de que ocurra tal siniestro?  

De allí la necesidad de reflexionar sobre el costo de la fragmentación. La ética en política supone actuar de conformidad a nuestras convicciones, pero también a la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros respecto de las consecuencias de nuestra acción u omisión.

En el análisis que Weber establece sobre la relación entre ética y política señala que hay una diferencia abismal “entre obrar según la máxima de una ética de la convicción, tal como la que ordena” al cristiano actuar bien y dejar “el resultado en manos de Dios”.  O conforme “la ética de la responsabilidad, como la que ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción”.

Esto no quiere decir que las dos éticas sean excluyentes; la ética de la convicción puede verse acompañada de la ética de la responsabilidad, y viceversa. El problema surge cuando se las separa irreductiblemente, como cuando tenemos que elegir “entre algunos años más de guerra que traigan la revolución o una paz inmediata que la impida”. Si un revolucionario contesta que elige la guerra para que advenga la revolución, asume la ética de la convicción pero deja de lado la ética de la responsabilidad. Las consecuencias de dejar que la guerra continúe pueden ser contrarias a las convicciones revolucionarias, sin que ni siquiera haya la certeza de que la revolución advenga. Esto es lo que en “carne propia” enfrenta Colombia.

Algo parecido está ocurriendo en el Ecuador en el momento actual: podemos “salvar nuestras almas”, esto es estar en paz con nuestras conciencias, sin importarnos las consecuencias.  Las dos oposiciones pueden aferrarse a sus convicciones y “dejar el resultado en manos de Dios”; o, por el contrario, construir una unidad que sin sacrificar las convicciones de cada una, eviten que la guerra continúe y ganen una partida que haga posible ventilar esas diferencias ideológicas y programáticas en democracia.

Ante una infección que amenaza con destruir su organismo biológico, la persona que la padece no vacila en sorber un remedio por desagradable que sea, si este le cura o alivia su dolor. El sistema político ecuatoriano, sin duda, está gravemente infectado; el remedio que tenemos a mano puede no tener buen sabor; pero la sensación es momentánea. Al contrario, si dejamos que la infección avance, no sabremos cuánto esta pueda durar ni tampoco cuánto nos pueda afectar.

[PANAL DE IDEAS]

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