Como si fueran quintacolumnistas infiltrados en las instituciones públicas, durante años han venido minando los cimientos del Estado de derecho en el país. Son jueces y políticos. Jueces y políticos, cuya misión dentro del Estado es proteger y colaborar con los criminales.

Recientemente, los quintacolumnistas infiltrados en la Asamblea Nacional amnistiaron, haciendo un uso doloso de la ley, a incendiarios, secuestradores y abusadores sexuales. Otros, infiltrados en los juzgados de Manglaralto y Guayaquil, liberaron al jefe de sicarios de una de las bandas de narcotraficantes más grandes y peligrosas de Ecuador, Junior Roldán, alias “JR”, y a uno de los ladrones mayores de toda nuestra historia republicana: el exvicepresidente de la república, Jorge Glas.

Rafael Lucero, jefe de la bancada legislativa de Pachakutik, viajó hace unos días a México para negociar con el prófugo de la justicia ecuatoriana, Rafael Correa. Al volver, sus coidearios le quitaron la jefatura de la bancada, pero no lo sancionaron, pues, dijeron, “traía buena información”. Según eso, Lucero no habría estado negociando con un criminal, sino “haciendo inteligencia”. Sí, Nebot y Lasso también se reunieron con el prófugo y, al hacerlo, mandaron a los ciudadanos el mensaje de que los criminales son actores políticos. Y no actores de segunda fila, sino protagonistas. Ellos, los que habían atentado de múltiples maneras contra la ciudad, la “polis”, que es el objeto de la política.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, pidió al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía que investiguen a la juez de Santa Elena, Érika Haydee Moriel, por haber entregado, de manera irregular, un habeas corpus en favor de un delincuente holandés, que estaba en proceso de extradición. ¿Por qué Saquicela no hizo lo mismo en el caso de Jorge Glas, o de “JR” y, en lugar de eso, se limitó a decir que pediría a la Corte Constitucional que precise el uso de esta figura jurídica?

La decisión del juez de Guayaquil, Enrique Moreira, de liberar a “JR”, ha provocado, hasta el momento, al menos tres asesinatos. Pero el juez que lo liberó contraviniendo la ley se autocalifica de “garantista”.

Los políticos y los jueces, sobre todo los jueces, al usar de manera fraudulenta la ley para proteger a los criminales están cometiendo un acto equivalente a la traición a la patria. Este acto es mucho, muchísimo más grave que el llamado “error inexcusable”, más grave que la asociación ilícita, más grave que el narcotráfico.

¿Por qué es tan grave el uso fraudulento de la ley por parte de servidores públicos con el propósito de proteger a los criminales más dañinos? Porque impide que seamos pueblo. Cicerón definía al pueblo como un grupo de personas unidas por un derecho común. Es decir, por una ley que sirve a todos por igual y que es igual para todos.

El uso criminal que de la ley hacen los jueces y políticos nos separa, nos aísla, nos debilita como pueblo y nos hace vulnerables a cualquier tipo de amenaza interna y externa. El uso fraudulento de la ley es una forma de traición a la patria. Debe, pues, ser tipificado como un delito especial, uno de los más graves que puede cometer una persona contra la comunidad política.