
En la entrevista El Ejército se halla en una profunda transformación realizada el 27 de febrero 2020 por el diario El Comercio al general Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército, se ponía en conocimiento de la ciudadanía ciertas cuestiones sobre un supuesto proceso de transformación que se efectuaba en el interior de la institución. Proceso iniciado en junio del 2018, cuando Altamirano asumía la Dirección de Planificación en la Comandancia General.
Suscitada la temprana salida de Altamirano varias son las hipótesis que se han planteado sobre el repentino cambio, pero existe una que sería la principal. Dentro de un claro esfuerzo de reinstitucionalización de la Defensa Nacional, generado por el ministro Oswaldo Jarrín, no podría aceptarse la concepción de una estrategia sin política. Es decir, iniciar un proyecto de diseño de fuerza, sin que existan las directrices y lineamientos políticos para ejecutarlo, afecta directamente a la conducción política de la defensa en un contexto democrático, principal legado del actual gobierno.
Desde su génesis, la estrategia ha sido entendida como la íntima conjunción entre fines-medios-formas. Los fines entendidos como los objetivos que deben ser alcanzados por la estrategia, mediante el empleo de los medios disponibles a través de la ejecución de ciertas tácticas.
Suscitada la temprana salida del general Luis Altamirano de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre, varias son las hipótesis que se han planteado sobre el repentino cambio, pero existe una que sería la principal: haber iniciado un proyecto de diseño de fuerza sin que existan las directrices para ejecutarlo
En un ambiente democrático —aún perfectible— como en el que vivimos, los fines deben ser planteados exclusivamente por el máximo nivel de conducción política de la defensa, la Presidencia de la República. En este sentido, la Política de Defensa Nacional promulgada a través del Libro Blanco 2018 y expedida mediante Decreto Ejecutivo 633, establece los objetivos políticos para la defensa, y en ninguno de ellos se dispone iniciar un proceso de diseño de fuerza. De hecho, en el contenido del Libro Blanco no aparece la palabra “transformación” en el contexto de un proyecto de fuerza.
Así las cosas, únicamente quedaría una hipótesis que justifique la ejecución de dicho proyecto. Parte de los documentos estratégicos de la conducción de la defensa es la Directiva de Defensa Nacional, que se encuentra en un nivel inferior de la Política de Defensa y cuya naturaleza es entregar mayores directrices y lineamientos del ámbito político al Comando Conjunto de las FF.AA. para la concepción de su estrategia. Debido a su carácter reservado no se puede acceder a su contenido, pero se podría conjeturar que el Ejército hizo una mala interpretación de dicha Directiva y encontró así una justificación política para avanzar con un proyecto que al parecer no fue consentido por el máximo nivel.
Por lo tanto, el proyecto de transformación del Ejército, además de incurrir en problemas conceptuales y doctrinarios —en un país con las condiciones económicas actuales como las del Ecuador únicamente se podría hablar de un proceso de adaptación de fuerza o máximo de modernización— recae en una grave dificultad que afecta a las relaciones civiles-militares en un ambiente democrático. La estrategia debe siempre ajustarse a los fines políticos que persigue el Estado y no al revés.
De ser apropiado lo aquí mencionado, quedaría al Ministerio de Defensa Nacional y al Comando Conjunto de las FF.AA. corregir el impasse, regidos siempre bajo un riguroso respeto de los niveles de conducción de la defensa, cuestión que distingue a un Estado democrático institucionalizado y permite el desarrollo de una adecuada relación civil-militar para el fortalecimiento del poder nacional y así mantener inalienable la soberanía e integridad territorial en un ambiente internacional de características anárquicas.
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