El 5 de junio de 2021, Día del Ambiente, el presidente Guillermo Lasso puso en vigencia el Decreto Ejecutivo 59 que, al modificar la denominación de la autoridad nacional ambiental de “Ministerio del Ambiente y Agua” a la de “Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica”, dio testimonio de un compromiso de gobierno por buscar nuevas sendas para el desarrollo nacional, más acordes con el respeto y cuidado del ambiente.

El referido decreto incorpora importantes directrices. Así, dispone que se promueva la aplicación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional de derechos humanos vigente desde el 22 de abril de 2021, que fortalece el acceso a la información y la participación pública en los asuntos ambientales, así como los derechos de las personas defensoras ambientales. También declara de prioridad nacional el desarrollo sostenible al que define “como la mejora de la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan, con solidaridad y equidad hacia las actuales y futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social”.

Además, el Decreto dispone el desarrollo de incentivos para la protección de la naturaleza y ecosistemas, la reducción de impactos ambientales tales como gases de efecto invernadero, las mejores tecnologías, la energía limpia y los productos sostenibles, a la vez que prioriza el derecho de acceso al agua a las presentes y futuras generaciones, así como la gestión para la conservación y restauración de los recursos hídricos.

El Decreto 59, con una orientación claramente ambientalista, pone énfasis en un modelo de desarrollo respetuoso de los derechos humanos al ambiente sano y al agua, lo cual es evidentemente positivo. No aborda, sin embargo, los Derechos de la Naturaleza reconocidos en la Constitución y es esa su principal debilidad, puesto que una real transición ecológica solo es concebible si es hacia un modelo que respete el valor intrínseco de la naturaleza en armonía con los derechos humanos.

Aún cuando los lineamientos que formula son importantes y positivos, constituyen solo un primer paso, un primer trazado de cancha que tendrá que ser enriquecido y desarrollado en otros instrumentos de política pública que permitan definir pasos concretos hacia la transición ecológica. De no hacerlo, este decreto corre el riesgo de quedar sumido en el baúl de las buenas intenciones.

En el mismo orden de ideas, el gobierno del presidente Lasso ha puesto en vigencia una nueva política de hidrocarburos (Decreto Ejecutivo 95 de 7 de julio de 2021). Documento complejo, con decisiones contundentes que evidencian un giro de timón en la conducción política y económica en materia petrolera, siempre gravitante para el financiamiento del presupuesto del estado. Incluye un plan de acción inmediato para optimizar los ingresos estatales incrementado la producción de hidrocarburos “de una manera racional y ambientalmente sustentable” y reducir ineficiencias y costos en la industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. El fin que se busca es destinar recursos a programas de desarrollo social para la población más necesitada, “en particular en las zonas de influencia de la actividad hidrocarburífera”.

A ese efecto, incluso se plantea la creación de un Fondo de Sostenibilidad Petrolera, alimentado por un porcentaje de la renta petrolera neta, para programas de erradicación de la desnutrición infantil, en particular en las zonas de influencia de la actividad hidrocarburífera.

Es innegable que la experiencia petrolera ecuatoriana, en gran medida se resume en explotación irracional, ambientalmente insustentable, ineficiente y costosa, que ha generado zonas de exclusión social y contaminación precisamente donde se extraen el recurso. Así que un plan que busque remediar estos males siempre es bienvenido. El problema es seguir creyendo que la única y mejor apuesta ecuatoriana para salir de la crisis es aumentar los ingresos petroleros. Al efecto, la política aspira atraer la inversión privada al sector, con medidas como pasar del modelo de contrato de prestación de servicios petroleros hacia uno de participación, para prevenir, según dice la política, que el estado quede expuesto a riesgos financieros, geológicos y ambientales, incluyendo cláusulas como una de estabilidad económica, que permita a las partes restablecer el equilibrio económico del contrato en caso de factores exógenos que lo alteren y, por otra parte,  obligaciones claras y estrictas para la protección del ambiente y el desarrollo de las comunidades en las zonas de influencia.

Está fuera de discusión la conveniencia de que el estado siempre busque mejores condiciones contractuales. La nueva política, en este punto, busca profundizar la decisión adoptada por el gobierno anterior en 2018, de retornar a los contratos de participación luego de que, en 2011, bajo el gobierno de Rafael Correa, se los sustituyó por contratos de prestación de servicios que, a la larga, nunca permitieron alcanzar el objetivo de aumentar las inversiones y las reservas.

Menos consenso tendrán otras dos medidas incluidas en el plan: “Identificar los campos productivos que la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador debe delegar a la iniciativa privada para su reactivación e incremento de producción” y “Promover procesos de licitaciones internacionales, bajo el nuevo modelo de Contrato de Participación, observando la normativa sobre consulta previa a la comunidad y sobre áreas intangibles y reservas naturales.”

Sobre la primera de estas medidas, si bien la gestión de la empresa estatal, a la luz de los escándalos de corrupción que han terminado con varios de sus principales directivos procesados, prófugos o en la cárcel, no ha sido para nada pulcra y tampoco ambiental y socialmente responsable, siempre será controversial que el estado entregue a empresas privadas los campos productivos, con reservas probadas, es decir donde las inversiones que se esperaría haga el sector privado para ampliar las reservas, ya han sido hechas. Lo mismo se puede decir de la venta “prioritaria e inmediata” de todas las estaciones de servicio de EP Petroecuador que, en general, son buenos negocios que dejan ingresos interesantes al estado.

Por otro lado, convocar a nuevas licitaciones internacionales es una decisión que con seguridad afectará bosques tropicales en excelente estado de conservación en el Centro-Sur de la Amazonía que constituyen territorio ancestral de pueblos y nacionalidades indígenas. Aún cuando se pretenda explotarlos de manera ambientalmente adecuada y con respeto al derecho a la consulta previa, sin duda hacerlo profundizará el extractivismo que de ninguna manera nos ha traído prosperidad sino todo lo contrario.

El derecho a la consulta previa a las comunidades afectadas, ha sido sistemáticamente violado por el estado ecuatoriano desde hace décadas, por lo que ha sufrido al menos una condena internacional y varias otras a nivel de las cortes nacionales, pero tampoco es ni la panacea ni el único derecho que hay que respetar. Las nacionalidades y pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación, a la propiedad y posesión de sus territorios ancestrales, al agua, a mantener sus cosmovisiones e identidad cultural, a la vida e integridad. En la experiencia histórica ecuatoriana, todos estos derechos han sido menoscabados por las actividades hidrocarburíferas, habiéndose provocado daños que luego ningún fondo es capaz de remediar. Todo el país y más allá de eso, toda la humanidad necesita que los bosques amazónicos sean preservados para mantener el equilibrio climático, y las actividades petroleras llevan a su deterioro. 

La historia reciente nos ha debido enseñar que la promesa de prosperidad vinculada con más actividad petrolera es falaz. El lunes 20 de abril de 2020, en plena cuarentena, los precios del petróleo se derrumbaron hasta extremos inauditos. La pandemia hizo que se desparrame, como castillo de naipes, la ilusión de que el petróleo equivale a riqueza. Luego de medio siglo de ser país petrolero, la pandemia nos encontró desprotegidos, con un sistema de salud colapsado, las arcas vacías y el precio del crudo por los suelos. A quienes candorosamente creían el discurso de que la explotación petrolera sirve para garantizar el bienestar de la mayoría de los ecuatorianos, les abofeteó la verdad. Tras cincuenta años de ser país petrolero, el festín del petróleo solo dejó a las mayorías, una enorme deuda pública y un montón de incertidumbres. 

Por esas razones, la transición ecológica que proclama el gobierno no es real si se acentúa el extractivismo. Si no se exploran nuevas alternativas para la crisis, diferentes a exprimir más el subsuelo y ampliar las zonas de explotación petrolera que terminan siendo zonas desastre. 

Y el olvido de los Derechos de la Naturaleza, en el corto plazo poder la pérdida de una oportunidad para las nuevas generaciones en un escenario, cada vez más actual y actuante, de catástrofe ambiental por el cambio climático.