
PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.
Resulta sorprendente el espectáculo que el gobierno del presidente Correa está ofreciendo al Ecuador y al mundo, al término de su mandato. Pasamos de la política noble a la política sucia. Ésta se basa en estratagemas que consisten en “el engaño consciente, intencional y deliberado” realizado por un actor a través de jugadas con el objeto de obtener ganancias. Por cierto, hay estratagemas y estratagemas. Maquiavelo, por ejemplo, se hizo famoso por aconsejar al príncipe que hiciera uso de medios, non santos, para vencer a sus enemigos. Pero en modo alguno, él estaba pensando en fines prosaicos, como el enriquecimiento ilícito, la perpetuación del poder, el perjuicio a la colectividad. Sabido es que Maquiavelo era un ferviente republicano que anhelaba la unificación de los reinos para hacer posible la constitución de Italia como república.
Cuando las estratagemas son usadas para encubrir la corrupción ya no estamos en el mismo terreno de Maquiavelo, sino en el fango de un juego pestilente donde la transgresión a la ética anula el valor de las artimañas. Es lo que los ecuatorianos con estupor estamos presenciando a vista y paciencia de quienes están al frente de los destinos del país.
Una estratagema, por ejemplo, es ocultar la lista de los implicados en los sobornos de Odebrecht hasta después de la elecciones. Más importante, en esa perspectiva, es librar a la candidatura oficial de un revés seguro, que poner a salvo el interés del país, del estado, de la moralidad pública.
Otra estratagema es disminuir la carga del delito con el argumento de que detrás del denunciante están los Isaías, pretendiendo distraer la atención pública del hecho denunciado. Sea quien sea el que esté detrás de las denuncias de los latrocinios, la responsabilidad de los autores no es menor ni inexistente. Mucho menos si la alta dirección del gobierno se halla involucrada.
Queda claro que desde que se le sacó a Alberto Acosta del ministerio de Hidrocarburos allá por 2007, con el señuelo de la Constituyente, se le dejó el campo libre a Carlos Pareja Yanuzzelli para que sentara sus reales en el campo petrolero, a donde afluirían los abundantes ingresos de la venta del crudo, dado su alto precio en el mercado internacional. El presidente Correa no puede negar su responsabilidad por este recambio: prefirió darle poder a Pareja y quitarle del medio a Acosta.
A la luz de lo ocurrido en estos diez años, poco importa que ahora el presidente Correa y el vicepresidente Glas tilden de “ladrón” a Pareja. Durante ese lapso ¿qué hicieron el presidente y el vicepresidente para impedir que delante de sus narices se cometieran los incalificables atracos al erario público?
Las revelaciones hechas en su tuiter mediante correos confidenciales entre el presidente y su exministro de hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuzzelli, inauguran un nuevo estilo de gobierno: desfundar la impudicia sin inmutarse.
La transparencia, negada para la contratación de la obra pública, sin licitaciones, mediante la declaratoria de “estados de excepción o de emergencia”, no lo ha sido para aquellas labores de trastienda donde se tejen pactos y arreglos, no de estado, sino particulares. El presidente Correa hasta ha minimizado el delito del soborno o coimas recibidas por altos funcionarios del estado, cuyos nombres se niega a dar hasta después de las elecciones, como algo propio de la viveza criolla que no merece el escarnio público. Por eso, para él es el “colmo de la bajeza” utilizar esta arma en vísperas de las elecciones y pretender poner en duda la honorabilidad del actual vicepresidente de la República, que está terciando por su reelección. ¿Es una “bajeza” destapar la corrupción?
El desplome de la “revolución ciudadana” le deja a Alianza PAIS sin proyecto. El objetivo mayor parecería ser ganar la próxima elección, no para retomar el proyecto “histórico” de las “cuatro o cinco revoluciones” sino para cubrirse las espaldas. Si ese no fuera el caso, ¿por qué no usar el poder acumulado para exigir ahora una cabal y seria investigación de todas las denuncias documentadas para despejar toda sombra de duda respecto de la probidad del gobierno y de su binomio? Lo que no se entiende es que un gobernante haga uso de artimañas sin ningún objetivo estratégico.
El famoso “pacto ético” propuesto por el presidente Correa con la complicidad de los jueces de la Corte Constitucional, es una artimaña política de “falseamiento o de distracción” con la que se pretende inducir a los electores a votar en contra de los candidatos incursos en esa potencial prohibición legal. Se trata, en efecto, de una maniobra para burlar la Constitución y restringir el derecho a elegir y a ser elegido.
Es muy posible que los ciudadanos se valgan de la consulta popular forjada por el presidente de la República para expresar en las urnas su condena a los abusos de poder y a la corrupción. La bigotera le puede salir al revés.
Es incomprensible que un gobierno que tuvo un alto capital político a lo largo de una década termine asediado por sus propios errores. Su visión cortoplacista le llevó a perder la brújula y su ceguera le condujo a la pérdida de credibilidad y legitimidad.
Las estratagemas son parte de la micro política; suelen responder a necesidades coyunturales, pero cuando dan las espaldas a objetivos trascendentes, como crear poder ciudadano, no como soporte del líder, sino para volverlo copartícipe del gobierno en la construcción de más democracia, le colocan a la micro política como la piedra angular de la dirección del estado.
La marea envolvente de la corrupción y de las artimañas para ocultarla exigen de los actores políticos democráticos la reinstalación de la ética en el juego político, lo cual implica no enredarse en estratagemas cortoplacistas. Los candidatos de la oposición no deben ensañarse unos contra otros. Ganar una elección es apenas un primer paso en la ardua tarea de gobernar. Saber gobernar es más difícil, que saber llegar; ello queda sobradamente demostrado en este gobierno.
Lo que está en juego ahora, dado el giro que tomó la “revolución ciudadana”, no es la elección entre derecha e izquierda, sino entre una revolución fallida que no supo hacer realidad un proyecto histórico de transformación, y la gestación colectiva e inclusiva de un proyecto alternativo, capaz de darle a la política otro sentido, alejado de los dogmas, del caudillismo, de la sumisión a su voluntad omnímoda; un proyecto que haga posible la recuperación de la libertad y de la democracia.
La construcción de ese proyecto no se puede dar de la noche a la mañana; exige un gran acuerdo nacional sobre la base de reglas claras del juego que devuelvan la dignidad a la función pública y creen mecanismos de control ciudadano sobre el ejercicio del poder y el manejo de los recursos públicos.
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