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El 28 de marzo de 2017,  al final del partido Ecuador vs. Colombia  en el estadio Olímpico Atahualpa,  Guillermo Lasso, candidato presidencial, su familia y equipo fueron agredidos por un grupo de seguidores del gobierno quienes lanzaron objetos a la salida del escenario.

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Al mediodía del viernes 7 de abril de 2017, la Fiscalía y  un grupo de policías  allanaron la oficina de la encuestadora Cedatos  bajo una orden que pide la  incautación de las computadoras de al menos cuatro empleados. Rosana Alvarado, integrante del partido de gobierno, Alianza PAIS, fue quien denunció a la firma por supuesta asociación ilícita y alteración de documentos.

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En el enlace 518 del sábado 8 de abril de 2017, Rafael Correa arremetió contra los medios por haber publicado un exitpoll que no coincidía con los datos del CNE. Y no dudó en quitarle legitimidad a las protestas. Para ello, Correa sostuvo que quienes protestan son personas que pertenecen a la clase media pudiente y, según él: los ricos, al contrario de los pobres, son personas de malos sentimientos y sin sentido de país.

El Ecuador está transitando un momento de crisis social, en la cual la corrupción de políticos, la violencia, la intolerancia, la opresión y el menosprecio al llamado de transparencia de la mitad de los ciudadanos se han convertido en el diario vivir.  El gobierno, en conjunto con el partido Alianza PAIS, se ha dedicado a señalar con su dedo acusador y criminalizador a la prensa, la oposición y aquellas encuestadoras que no coincidieron con los resultados del CNE que dan como triunfador a Lenin Moreno. Pero cuando alguna acusación recae sobre el partido verde-flex,  ellos se proponen a negarlas, desmentirlas y voltearlas de forma que les favorezca.

Estos tres actos suscitados los últimos días revelan de qué color es la transparencia  del gobierno:

Primer acto: Mientras el Gobierno repudia la violencia y acusa al movimiento Creo de generar actos violentos en las calles durante las marchas, sobre ellos pesa el ataque del 28 de marzo al señor Guillermo Lasso en las afueras del Estadio Olímpico. A pesar de que Alianza País ha negado rotundamente ser responsable de la agresión, los hechos muestran lo contrario. Imposible no prestar atención a la declaración de  Andrés Venegas, gerente operativo de Ecutickets, quien aclaró que una entidad del Gobierno de Ecuador compró un número considerable de boletos para el partido entre Ecuador y Colombia. Es irresponsable negarse a ver los hechos y resulta aún más falso declarar que la agresión se pudo tratar de un auto atentado como lo declaró Jorge Glas, vicepresidente del Ecuador, sobre quien pesa la sombra de la sospecha de corrupción.

Segundo acto: el allanamiento a Cedatos no es más que una demostración de intolerancia, pues al gobierno no le gustó los resultados que arrojó en la segunda vuelta la encuestadora, la cual dio  el triunfo a Guillermo Lasso. Han acusado a la firma de gravísimo delito contra la fe pública sin considerar que esta fe pública se espera de ciertos instrumentos dotados legalmente de determinadas formalidades y funciones de carácter dispositivo y probatorio y no de simples actuaciones de particulares como Cedatos. Además la resolución del Consejo Nacional Electoral tampoco constituye fe pública, son impugnables en vías administrativas dotadas en la ley. Cómo no dudar de un organismo cuestionado y comprometido con intereses del partido ganador.

Tercer acto: el enlace 518 del Gobierno mantuvo como es de costumbre su línea de violencia y repudio a quienes piensan diferente.  Criticó a los medios privados que publicaron el exitpoll de Cedatos el cual daba el triunfo a Lasso, pero no recuerdan o prefieren dejar en el olvido  las veces que los medios públicos y del Gobierno han publicado encuestas a boca de urna con datos que resultaron errados. ¿Qué dijo el Presidente y su gobierno sobre la famosa encuesta que se inventó René Ramírez y cuyo autor era supuestamente la Universidad de Georgetown?

Después de tildar a los medios privados de deshonestos en la sabatina, procedió a quitar legitimidad a las protestas. Para ello sostuvo  que una persona que pertenece a la clase media pudiente que, según él es la que ha salido a las calles, no tiene credenciales para protestar y exigir derechos. “No conocen el Ecuador, no envían a sus hijos a colegios públicos, no van a hospitales públicos, nunca han estado en Palenque y conocen como la palma de sus manos Miami”, declaró Correa.  Pero las declaraciones del gobierno por descalificar a quienes protestan, no toma en cuenta que medio país se siente representado por esas reivindicaciones, porque más allá del resultado y  el supuesto fraude que se denuncia, las marchas son de oposición a una forma arbitraria y abusiva de ejercer el poder.

La fractura social de Ecuador ocasionada por diez años de ejercicio del poder, en el que se desacreditó a todo aquel que criticara al Gobierno, ha provocado la división del país, y aquella mitad está cansada de esa transparencia verde y falsa de la cual nos ha saturado el Gobierno a través de sus sabatinas, cadenas y propagandas, exigimos aquella transparencia que no tiene color. El pueblo tiene sed de verdad y el deber del Gobierno es restaurar la confianza de esta mitad que votó en su contra.