Las contralorías nacen en América Latina con las llamadas misiones Kemmerer. Edwin Walter Kemmerer fue un economista estadounidense conocido por asesorar durante las décadas del 10, 20 y 30 del siglo  XX a gobiernos latinoamericanos. Su enfoque estuvo dirigido a instalar políticas monetaristas o que proponían controlar la cantidad de dinero en las economías domésticas y el tipo de interés. Para esto se necesitaba de Bancos Centrales autónomos de los gobiernos para la emisión de la moneda, Superintendencias de Bancos fuertes para el control de las tasas de interés y Contralorías poderosas para la vigilancia en el gasto público.

Las misiones Kemmerer crearon contralorías, superintendencias bancarias y bancos centrales, o algunos de estos, en México, Guatemala, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú. Era la época de gobiernos militares, constituyentes, reformas institucionales, liberalismo económico, caos político y alto endeudamiento público.  Era también el período de las revoluciones mexicana en febrero y rusa en marzo, ambas en 1917 y de inspiración socialista.

La respuesta hemisférica del librecambismo fue confiar en las reformas constituyentes la instalación del monetarismo. En la época de Kemmerer, en México gobernaba el militar liberal Venustiano Carranza tras recibir el encargo de la Constituyente de 1917. En Guatemala, en 1919, el también militar liberal Manuel Estrada ganó las elecciones de 1917. En Colombia, en 1923, Jorge Holguín, un militar conservador, también ganó las elecciones en 1921. En Chile, en 1925, gobernaba por elecciones el liberal Arturo Alessandri, ideólogo de la reforma constitucional del mismo año. En Ecuador, en 1926, era presidente provisional el liberal Isidro Ayora, encargado por la Revolución Juliana de 1925. En Bolivia, en 1927, gobernaba Hernando Siles, conservador que ganó el poder en elecciones. En Perú, en 1931, gobernaba el militar conservador Luis Miguel Sánchez que consiguió el poder en elecciones el mismo año. Sin embargo, ¿por qué se prefirió una Contraloría y no un Tribunal de Cuentas?

América Latina, que tiene una larga tradición presidencialista, personalista y caudillista, por entonces vivía la enérgica influencia de la Revolución Mexicana que se alzó en contra de las oligarquías corporativas muy poderosas desde esa época. Tarde o temprano, en cada uno de estos países y por influencia del monetarismo de Kemmerer se impuso el principio de que una sola persona debería reunir el poder de controlar los recursos que gestiona toda la Administración Pública central y no un órgano compuesto por un grupo de personas que podría permearse por los intereses corporativos de los grupos de poder económico que gravitan alrededor del Estado. Los poderes del Estado deben ser pocos y vigorosos para poder operar, pero deben también vigilarse entre sí para evitar los abusos. La dispersión del poder en distintos órganos difusos, que omita nuestra tradición presidencialista, facilita el corporativismo oligárquico muy presente en nuestra historia regional y acentuada durante la década ganada del correismo.

De todas maneras, el presidente Lenín Moreno ya anunció que se convocaría a una consulta popular para reformar la Constitución y posibilitar la derogación de la Contraloría y la sustitución de este órgano con un Tribunal de Cuentas, pero se equivoca. Debería anticipar elecciones y reformar la constitución a través de la nueva legislativa y con alcances constituyentes, tal y como lo propuse hace más de un año. Esta sería una de la fórmula que evitaría el golpe de Estado que estarían gestando algunos sectores retardatarios.

Instalar un Tribunal de Cuentas en el Ecuador es continuar con el libreto autoritario para corporativizar el Estado. El Tribunal y luego Corte Constitucional, así como el Consejo de Participación Ciudadana son la demostración de que los grupos privilegiados atornillan sus intereses a un Estado que es cada vez menos democrático y más oligárquico. Es la forma de controlarlo todo a través de camarillas de notables.

Así como el Consejo de Participación debe derogarse y debe restituirse la participación ciudadana a la sociedad civil, la Corte Constitucional debe ser una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia que debe volver a ser una Corte Suprema e inaugurarse por fin como un poder autónomo al Ejecutivo.

Pero no harán nada. Crearán un tribunal para prolongar los privilegios de los pocos sobre las necesidades de los muchos. Con otra cara, la revolución renace.

@ghidalgoandrade