El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene en sus manos un instrumento legal, muy poderoso, para lograr una condena a personas que hayan cometido actos de corrupción y contra los derechos humanos, fuera de las fronteras de su país. Y puede ser utilizada por Ecuador. 

La Ley Magnistky, en vigencia desde finales del 2016, es una normativa que permite al Presidente imponer prohibiciones al ingreso hacia su país, confiscaciones a las propiedades en Estados Unidos de cualquier persona, de cualquier nacionalidad, o institución extranjera que ha cometido abusos. Y, finalmente, dificultar sus negocios en las naciones que se consideran amigas del gobierno estadounidense, como lo es ahora mismo Ecuador.

Las sanciones están dirigidas a quienes consumaron ejecuciones extrajudiciales, torturas o graves violaciones a los derechos humanos, en especial contra quienes trabajan por defenderlos. 

Asimismo, pueden ser inhabilitados los personajes que han cometido actos de corrupción para beneficio propio o para beneficio del régimen o empresa al que pertenecen. O quienes han sobornado y han escondido activos de la corrupción en otros países. Y también las personas o entidades que apoyaron con dinero o tecnología para cometer esos delitos. 

Ya existen sancionados por esta ley. Entre ellos están: Roberto Rivas Reyes (Presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, quien fue investigado por la prensa y determinó que incrementó su patrimonio sin justificar el origen de sus recursos, y fue clave para un fraude electoral); Ángel Rondón Rijo (empresario conectado políticamente al gobierno de República Dominicana y que canalizó dinero de Odebrecht); Julio Juárez Ramírez (Congresista guatemalteco acusado de ordenar un ataque, con sicarios, donde dos periodistas fueron asesinados y otro resultó herido).

Pero hay otros actores a la cola. Por ejemplo, está en análisis de las autoridades estadounidenses el caso del viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Juan Luis Merino; y de Remigio Ángel González, de México, conocido como ‘El Fantasma’ y que tiene negocios mediáticos en 12 países, incluido Ecuador. Él está acusado de actos de corrupción por usar mecanismos posiblemente corruptos para obtener frecuencias en varios países. En Ecuador hay una investigación realizada por varios portales digitales sobre su participación en medios de comunicación nacionales.

Sin embargo, el presidente Trump no tiene el poder magnánimo de decidir quién es sancionado y quién no. Es el ejecutor de un informe previo solicitado por el Senado y ejecutado por el Departamento de Estado, en coordinación con las dependencias de control de los delitos a los derechos humanos y económicos. Las prolijas investigaciones periodísticas, los informes de las organizaciones de la sociedad civil y los procesos judiciales, son los insumos que se han utilizado para obtener una sanción a los abusadores. 

Esto abre una puerta enorme al Ecuador para alcanzar justicia por los abusos del correísmo en derechos humanos y por corrupción. El primer candidato a una futura lista ecuatoriana pudiera ser el exvicepresidente Jorge Glas, condenado por participar en la trama ilegal de Odebrecht. O Carlos Pareja, quien manejó ilegalmente dinero en la petrolera nacional Petroecuador. Incluso, el mismo Rafael Correa si es acusado por el caso del espionaje y secuestro a Fernando Balda. Y hay más… los responsables de los abusos en derechos humanos que todavía están pendientes en la justicia ecuatoriana. Entre ellos los autores de los asesinatos de líderes comunitarios, de las torturas a los estudiantes del Colegio Mejía, del encarcelamiento de policías por la mentira del 30S, de los cierres de medios de comunicación, del espionaje a periodistas, líderes sociales, líderes gremiales… del caso Gabela. 

¿Quién inicia el trámite?