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2 de Enero del 2019
Ideas
Lectura: 12 minutos
2 de Enero del 2019
Decio Machado

Sociólogo y periodista. Consultor y analista político. Coordinador de los seminarios de Geopolítica en América Latina organizados por la Fundación ALDHEA en distintas universidades latinoamericanas.

Por un 2019 donde el aborto sea legal
En su estúpida misoginia y dinámica de conflicto con el movimiento de feminista el expresidente Rafael Correa se caracterizó por mantener posiciones ultraconservadoras en el campo de los derechos de las mujeres. Bajo este criterio represivo y disciplinario en varios hospitales públicos del país el personal médico fue impulsado a denunciar mujeres sospechosas de haber interrumpido sus embarazos.

En América Latina y Caribe aproximadamente el 90% de las mujeres en edad reproductiva viven en países con leyes de aborto restrictivas. Ecuador no es una excepción.

El panorama legislativo latinoamericano es diverso aunque mayoritariamente propone causales y limitantes de diverso tipo que provocan diferentes niveles de criminalización y persecución sobre las mujeres que buscan abortar. De hecho coincide que es en los países con legislaciones más atrasadas en este sentido donde las mujeres sufren mayores tipos de privación de derechos, discriminación y violencia.

Es por ello que el movimiento de mujeres, caracterizado por su perfil intergeneracional e internacionalista, no se limitó a esperar pasivamente a que los espacios legislativos o ejecutivos de sus respectivos países normaran sobre despenalización o interrupción voluntaria del embarazo. Sus movilizaciones y estrategias han permitido que la tendencia mundial en estos últimos años haya sido relativamente positiva pese a la involución ideológica en la que está sumido el planeta.

En el subcontinente hay tres países -Haití, Nicaragua y El Salvador- donde la interrupción voluntaria del embarazo está completamente prohibida. En el resto de la región el aborto está permitido bajo alguna de las tres siguientes causales: violación, deformación del feto o riesgo en la vida de la madre. En el caso de Ecuador el aborto es ilegal salvo en caso de riesgo para la vida o salud de la mujer, o si el embarazo resulta de la violación a una mujer disminuida psíquica.

El Artículo 66, numeral 10, de nuestra Constitución reconoce el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre la salud y la vida reproductiva, así como decir cuándo y cuántos hijos se desea tener. Sin embargo, en su estúpida misoginia y dinámica de conflicto con el movimiento de feminista el expresidente Rafael Correa se caracterizó por mantener posiciones ultraconservadoras en el campo de los derechos de las mujeres. Así, encabezó una cruzada contra lo que definió como “ideología de género”, término inventado y utilizado desde posiciones fundamentalistas conservadoras tras la declaración de la Convención de Beijing (1995), donde se reemplazó el término sexo por género y se reconoció este último como expresión de diferencias y roles socialmente constituidos a partir del sexo biológico.

Bajo ese criterio moral ultraconservador devenido de la poltrona presidencial el rodillo correista entonces existente en la Asamblea Nacional aprobó, en el año 2014, un Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tipificó el aborto como delito, dando continuidad a la anterior legislación vigente en el país desde 1938. En el COIP se estableció que la mujer que cause su aborto tendrá una sanción de pena privativa de libertad de seis meses hasta dos años, legislándose también en contra de las personas que hagan abortar -considerados como proveedores de servicios- bajo el consentimiento de la mujer embarazada con penas de entre uno y tres años.

Bajo este criterio represivo y disciplinario en varios hospitales públicos del país el personal médico fue impulsado a denunciar mujeres sospechosas de haber interrumpido sus embarazos. Hasta 326 casos de judicialización de mujeres por aborto denuncia la abogada Ana Vera -vocera de la organización Surkuna- entre enero del 2013 y enero del 2018, y aún se sigue criminalizando con cárcel a las mujeres que deciden abortar pese a que muchas de ellas son víctimas de violación.

De esta manera el COIP viola la libertad reproductiva que emana del texto constitucional, al no permitir a las mujeres decidir en qué momento tener un hijo o cuantos tener por imposición obligada a seguir con un embarazo no deseado.

El asunto es grave, pues se da en un país donde la Unidad de Género de la Fiscalía recibe al mes entre 40 y 50 casos de violencia de genero. Ecuador contabiliza en los últimos cuatro años (al corte de abril de 2018) más de 18 mil casos de violaciones, siendo consciente el aparato judicial que la mayoría de estos delitos no son denunciados por las mujeres que los sufren.

Además de lo anterior, otro agravante irresponsable de ignorar esta realidad por parte del Estado se da en la medida en que Ecuador es el tercer país en la región con la tasa más alta de embarazos adolescentes -tan solo por debajo de Nicaragua y República Dominicana-, un dato que genera la alerta de las autoridades de salud. En los últimos 10 años el incremento de partos de adolescentes de entre 10 y 14 años fue del 78%, mientras que entre 15 y 19 años dicho indicador también creció en un 11%.

Tanta miopía cobarde por parte de la casta política nacional sumado al hecho de que la penalización a las mujeres que quieren abortar las aleja de los servicios de salud, motivó que desde el movimiento de mujeres se hayan generado respuestas autogestionadas y autónomas para paliar la desatención estatal y proteger a las afectadas. Estas basan sus estrategias en tres ejes fundamentales: informar a las mujeres sobre aborto seguro  con pastillas y estrategias para evitar la criminalización; facilitar a las mujeres contacto con organizaciones internacionales que trabajan por el acceso a los medicamentos; y, finalmente acompañarlas durante todo el proceso de aborto -antes, durante y después- como una estrategia de despenalización social y prevención a la criminalización de las mujeres.

Según el informe “Abortion Wordwide 2017 Uneven Progress and Access” publicado por el Instituto Guttmacher, América Latina es la región con mayor tasa de abortos en el mundo. El promedio de mujeres latinoamericanas que realizan este procedimiento es de 44 de cada mil, seguida de Asia con 36, África con 34, Europa con 29 y América del Norte con sólo 17 de cada mil mujeres. Ese mismo reporte advierte que aún persiste la inseguridad con los abortos clandestinos: cada año 6,9 millones de mujeres son atendidas por complicaciones derivadas de abortos inseguros.

Lo anterior significa que las timoratas reformas legales introducidas en los países latinoamericanos durante lo que va de siglo no son suficientes para garantizar el acceso a un aborto seguro. Esto implica la necesidad de aumentar la voluntad política, incrementar las acciones de vigilancia, capacitar a más profesionales de la salud y trabajar en eliminar el estigma que persiste sobre las mujeres que abortan, así como prevenir retrocesos frente a este derecho.

En Ecuador, consecuencia de la ilegalidad del aborto, se mantienen prácticas de aborto clandestino que en muchos casos ponen en riesgo la vida de las mujeres -fundamentalmente de sectores populares- o las expone a diversos tipos de abusos. Se genera así la construcción de una economía ilegal y criminal que lucra con la necesidad, la desesperación y la precariedad de las mujeres sin importar el riesgo para sus vidas.

De igual manera al no existir más presencia del Estado en este ámbito que su intervención punitiva, el  acceso a la información sobre donde y con qué médicos poder realizar un aborto en el país suele ser escaso. En general las mujeres de estratos más humildes acceden a esta información mediante contactos de amigos o personas cercanas que ya han pasado por ese episodio. Esta suma de obstáculos hace que haya mujeres que lleguen a abortar en períodos de gestación más avanzados, lo que incide en el costo económico y la seguridad para las mismas. El aborto representa la segunda causa de morbilidad femenina (enfermedades, discapacidades o lesiones) y una causa significativa de mortalidad materna en Ecuador.

Al menos 10% de las muertes maternas en América Latina y el Caribe se deben a abortos inseguros. Anualmente unas 760.000 mujeres en la región reciben tratamiento por complicaciones derivadas de intervenciones clandestinas según indica un estudio publicado en el International Journal of Obstetrics & Gynaecology.

Ya es hora que el Estado ecuatoriano deje de mirar hipócritamente a otro lado. En febrero de 2015, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer exhortó al Ecuador a despenalizar el aborto en casos de violación, incesto y malformaciones graves del feto. El hecho de que el COIP prohiba el aborto es un tema que debe ser urgentemente abordado por las y los legisladores nacionales. No se debe permitir que siga vigente una ley que perjudica a víctimas de violación sexual y a las mujeres que enfrentan la dura realidad de un embarazo no deseado, ya que eso demuestra una notable falta de respeto por los Derechos Humanos de las Mujeres.

Los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestran que la prohibición legal a abortar no implica que su práctica disminuya, sino que hace que los abortos inseguros sean más frecuentes donde hay restricciones legales (31%) y menos frecuentes en países donde el aborto es legal y hay condiciones que favorecen el acceso (1%). Según esta agencia de Naciones Unidas, se estima a nivel global que un 56% de los embarazos no planeados terminan en aborto.

Así las cosas, va siendo hora que el Estado ecuatoriano asuma sus responsabilidades en esta cuestión y deje de ser cómplice de la violación del derecho de las mujeres. En un país donde hoy se canta a la libertad tras una década en la que el gobierno se fue haciendo por momentos cada vez más autoritario, se debería entender que ser dueño de uno mismo es un componente directo de la libertad a diferencia de otros derechos de propiedad. Los mal llamados “pro-vida” -organizaciones sociales de perfil fundamentalista que hacen apología de la restricción de derechos a las mujeres- se oponen al aborto planteando el derecho a la vida y la autoridad que el Estado tiene para defenderla, sin embargo, se ignora que un embarazo no deseado es atentar contra la libertad individual y reproductiva de la mujer que lo sufre.

Hablando claro, la libertad reproductiva debería estar en el mismo nivel de consideración legal que la libertad de expresión, de asociación, de ocupación y de movimiento, ya que se le considera al cuerpo humano como una propiedad privada donde solo la persona dueña de ese cuerpo puede decidir qué hacer o dejar de hacer con él. La libertad reproductiva es hoy una de las principales luchas del movimiento de mujeres en la región y también en Ecuador, implica el núcleo de la identidad de una mujer, su organización social, sus procesos de autoformación, sus proyectos de vida y la comprensión que tiene de sí misma. Seguir ignorando esto, más allá de manchar de sangre la política pública, implica ponerse del lado de activismo religioso conservador, algo que ya hizo Rafael Correa pero que atenta contra el principio constitucional de Estado laico asumido por el Ecuador en el Artículo 1 de su Carta Magna.

[PANAL DE IDEAS]

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