El descalabro económico y la enorme caída de los ingresos públicos, en un contexto de ausencia de ahorros líquidos y limitado acceso a financiamiento, obliga al Gobierno a un radical ajuste en sus cuentas. El Presidente Moreno nos habla de un déficit de 12.000 millones de dólares. La pregunta clave es si todo ese ajuste puede darse sólo por la vía del recorte en el gasto (cuando éste, además, sufre presiones adicionales por la pandemia) o si es necesario también un aumento en los ingresos a fin de garantizar la provisión de servicios estatales básicos.

En unos pocos días, el Gobierno nacional alcanza que le aprueben dos leyes en la Asamblea e introduce un paquete de medidas de ajuste que funciona bajo simple decreto ejecutivo, que merecen una revisión un poco más profunda de sus alcances e implicancias.

En cuanto a la Ley Humanitaria, si bien regular el sistema educativo, seguros, inquilinato y los créditos suena bien en el papel —y hasta se puede justificar por una suerte de búsqueda de protección a los más necesitados—,  no es menos cierto que se pueden generar incentivos perversos que pueden afectar severamente la sostenibilidad de muchos de los proveedores de estos servicios. Pareciera que al gobierno y los asambleístas no les asesoraron con los peligros del riesgo moral, lo cual obliga a levantar estas medidas prontamente, so pena de generar incentivos muy negativos en el largo plazo.
 
Establecer topes a los precios de ciertos bienes que igualmente suena música al oído de  la gente, desconoce el fracaso absoluto de este tipo de regulaciones a lo largo de la historia y evidencia que la autoridad económica  no ha leído buenos textos de  economía. Estoy consciente de que ciertos mercados pueden prestarse para abusos de poder, pero considero que la  implementación de mecanismos de apoyo directo y tratamientos particulares provocaría menos distorsiones.

La rebaja en los costos de servicios públicos, como electricidad, telecomunicaciones, internet, o la suspensión de la matriculación de vehículos, además de la entrega de créditos productos a tasas preferenciales es parte del apoyo estatal que se ve en todo lado. Inclusive puede decirse que resulta hasta insuficiente, pero algún costo debe tener los excesos fiscales del pasado reciente.

Por el lado laboral, esta Ley Humanitaria abre espacio a la negociación entre empresarios y trabajadores, para reducir de alguna manera los sueldos y así salvar empleos. No queda otra y se deben dejar de lado los discursos pendencieros de aquellos líderes gremiales que por el bien del país deberían quedarse en cuarentena por largo tiempo, so pena de hacer colapsar toda la economía. Para evitar los excesos está el Ministerio de Relaciones Laborales. De la misma forma, una reducción de los márgenes de comercialización también es imperativa, pero ello no se debe atacar mediante decretos, sino promoviendo la libre competencia.

Las regulaciones sobre las tasas de interés merecen un capítulo especial, por lo sensible que resulta afectar las expectativas de los agentes financieros y se debe tener mucho cuidado. Resulta preferible cargar una suerte de impuestos extraordinarios, subsidios directos a los acreedores antes que arriesgar la estabilidad del sistema financiero, sin un estudio más profundo de las regulaciones directas sobre las tasas de interés.

Sobre los impuestos, pocas horas antes de la votación en la Asamblea, el Presidente Moreno anunció el retiro de todas las contribuciones a tono de los pedidos de los movimientos políticos y sociales. Sin embargo, se anuncia que nuevamente se presentará una propuesta de un esquema impositivo, lo cual no es necesariamente malo, si se enfoca a los umbrales de ingresos realmente altos y con cargo a ejercicios anteriores, descartando de plano el anticipo del impuesto a la renta 2020 que generaría pésimos incentivos, y naturalmente  considerando la situación particular y restricciones de liquidez post pandemia.

La teoría económica no es para nada concluyente en el sentido de si el aumento de impuestos o reducción del gasto es menos recesivo, por lo que probablemente una combinación de ambos bien enfocada sea la mejor opción.

En cuanto a la Ley de Reordenamiento de las Finanzas Púbicas, todo país serio aplica reglas fiscales con el objetivo de fortalecer sus finanzas públicas. Estas reglas tienen como propósito controlar los egresos permanentes, el crecimiento del gasto, el endeudamiento público y el resultado primario del Gobierno. Su aplicación no es parte de una agenda ideológica sino, más bien, estas reglas tienen propósitos llenos de sentido común. En pocas palabras, permiten al Estado generar ahorro público, tener acceso a fuentes de financiamiento y atender a los más necesitados en periodos de crisis, y si no logramos consenso en torno a ello, realmente que estamos mal.

El proyecto de ley tiene varios aspectos positivos. Permite la contratación de mecanismos, como una cobertura petrolera que garantice un ingreso estable derivado de la comercialización del crudo ecuatoriano. Además, se propone un fondo de estabilización y ahorro fiscal, que garantizará la sostenibilidad de las finanzas públicas y las inversiones en educación y salud. Asimismo, se busca una nueva regla de deuda con amplia cobertura de los pasivos públicos (endeudamiento y otras obligaciones), debido a que sí considera los pagos pendientes a proveedores, preventas petroleras y certificados de Tesorería y no como el gobierno anterior que escondía estos pasivos, como si no fuera deuda. Por allí falta un poco de mayor control a los GAD y una mejor conformación del Comité de Coordinación Fiscal, pero ciertamente son asuntos menores al lado de los otros  beneficios.

En lo que se refiere al paquete de medidas desde el Ejecutivo, un recorte en los sueldos y salarios por 6 meses desconoce que el gran problema del país es el tamaño excesivo del Estado y que no se corrige con medidas transitorias, sino permanentes. La corrección de los subsidios no obstante de ciertos tecnicismos que preocupan, definitivamente va en la dirección correcta. La eliminación de ciertas  empresas públicas y otras instituciones se justifican  desde el punto de vista de la eficiencia. Sin embargo, me llama la atención el caso particular de TAME que anticipan su proceso de liquidación, lo cual afecta su precio a la baja y hace pensar que no era la mejor estrategia anticipar este proceso. Por otro lado se le carga nuevos compromisos de gastos al IESS, y como en economía no hay almuerzo gratis, los afiliados tendrán que pagar los mismos, sin que hasta el momento se tome una decisión de sacar adelante a esta institución del Estado.      

Si algo debemos concluir de este ejercicio de evaluar este recetario, es que el mejor consejo que se le puede dar al próximo Gobierno es acelerar lo más posible todas las reformas pro crecimiento y que se lo haga mientras tenga capital político a su favor, esto es la luna de miel de los primeros 60 a 100 días del gobierno. Después de ello cualquier propuesta de ajuste parece que suena a un suicidio político.