Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Trabaja en Letras, género y traducción.
El 19 de octubre se conmemoró el primer año de la muerte de Vanessa Landínez Ortega. Vanessa murió en la ciudad de Ambato, en un hotel. Esa noche, ella y otras personas, quienes al parecer habían reservado habitaciones para reunirse y pasar la noche, bebieron, escucharon música, nada inusual. En un momento dado, Vanessa tuvo un intercambio de palabras con E.G., un hombre al que conocía de antes. Más tarde, Vanessa había muerto. Tenía hematomas en el cuerpo.
Las circunstancias en que sucedió su muerte son perturbadoras porque son confusas y violentas. No son claros los procedimientos legales que tuvieron lugar desde el momento de su muerte. Su familia no fue notificada de inmediato. Su cuerpo fue trasladado a la morgue y sus familiares se enteraron horas después. E. G. fue acusado de homicidio, permaneció en prisión y luego fue liberado, declarado inocente. La familia del sospechoso se organizó en Ambato en “acciones de defensa”. Uno de sus mecanismos consistió en denigrar la memoria de Vanessa. Una mujer sola en un hotel, de madrugada, si ha bebido, merece morir. Esta familia es numerosa, aparentemente tiene recursos. Algunos de sus miembros se han trasladado a Quito para “asistir” a conversatorios y acciones organizados por la plataforma Justicia para Vanessa, formada por su familia y por activistas de derechos humanos. La defensa de E.G. por parte de su familia evidencia algo que rebasa este caso: cómo llegamos a justificar la violencia contra las mujeres y la muerte de una, al punto de declararla culpable, para salvaguardar el orden social.
Frente a esta legión, aparece otra familia. Durante este año, la familia de Vanessa Landínez nos ha dado una lección de dignidad. Se trata de una familia pequeña y con recursos limitados. Pero la dignidad no depende de eso. Rosa Ortega, prima de Vanessa, y Alberto Bladimir Ortega, su tío, han perseverado en defender la memoria de Vanessa a pesar del duelo de su familia y de las enormes dificultades que presenta la justicia en este país cuando se tiene que bregar con la falta de transparencia y de criterio. Así como Pedro Restrepo y su familia decidieron que su vida sería para defender la memoria de sus hijos, así mismo la familia de Vanessa ha decidido que su dignidad puede más que el poder. Rosa Ortega, Alberto Ortega, Pedro Restrepo, el activismo que los acompaña, nos dicen que la sociedad civil sí puede incidir en la justicia y sí puede hacer de la defensa de la memoria la posibilidad de interpelarnos como sociedad.
Gracias a esta perseverancia, la defensa de este caso, ubicada en Ambato y en Quito, ha logrado que se vuelva a abrir el proceso. Francisco Hurtado, abogado defensor, se ha referido a un cambio fundamental en este proceso luego de que el acusado fuera declarado inocente. En meses recientes, Hurtado, Juan Pablo Albán y un equipo de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad San Francisco lograron que el proceso de Vanessa Landínez se declarara nulo: “ha sido importante la reciente declaratoria de nulidad del proceso en primera instancia porque confirmó irregularidades y permitirá reabrir las investigaciones y ampliarlas e, incluso, eventualmente incluir a otros sospechosos”, dice Hurtado.
Ahora que el juicio está abierto, la administración de justicia, los jueces, fiscales, testigos, tendrán que entender, porque ya es hora, que toda la sociedad tiene la obligación de comprender qué es violencia de género, qué es un femicidio, por qué cuando hablamos de Vanessa Landínez tenemos que hablar en estos términos. No se puede administrar justicia si quienes están sentados en esos puestos no entienden que una mujer no tiene menos valor si está sola por la noche en un hotel. De poco sirve que esté tipificado el feminicidio, como han dicho con tanto orgullo quienes están sentados en la función judicial, loando el COIP, si cada ciudadano y ciudadana piensa en su interior que Vanessa merecía morir porque había bebido, porque tenía puesta una falda o porque hacía uso de libre albedrío.
Tipificar un delito sin promover los procesos de concienciación y sensibilización que van de la mano no es ningún mérito. “No es suficiente que el Estado presente a la opinión pública evidencia de medidas tomadas para eliminar la tolerancia general y social a la violencia contra las mujeres, sino que debe demostrar que tiene un compromiso real de enfrentar el patrón de impunidad que lamentablemente afecta este tipo de casos”, explica aquí Juan Pablo Albán.
Ahora que el proceso se reabre, la familia de Vanessa tendrá que pasar por la dura experiencia de reconstruir los hechos; escuchar testimonios maliciosos que igualan mujer libre con mujer sin honra y culpable; ver la vida de Vanessa expuesta y juzgada mientras su hija crece sin saber que su madre fue culpabilizada por su muerte. Todo esto tiene que valer la pena. Puede pasar en cualquiera de nuestras familias, a cualquiera de nuestras mujeres. Este enorme esfuerzo emocional que está dispuesta a hacer la familia de Vanessa debe valer la pena.
Hoy, Alberto Ortega, que relata en uno de sus artículos cómo llevaba de la mano a su sobrina Vanessa al jardín de infantes cuando era pequeña, tiene que enfrentar su muerte y, además, su culpabilización. “Te escribo para decirte que toda la familia está más unida que nunca para enfrentar los fantasmas oscurantistas que tratarán de defender lo indefendible”, le dice Alberto a Vanessa en una carta. Nosotras y nosotros nos sumamos a esa promesa. Defender lo indefendible en memoria de Vanessa y de cada mujer asesinada.
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