Con la ley de partidos políticos, al inicio de los ochenta, se inicia la fase de burocratización de la representación política. Ésta progresivamente fue disolviéndose en una serie de actos administrativos poco relacionados con la política. Los partidos dejaron de ser centros de pensamiento y acción políticos, y devinieron en maquinarias o aparatos regulados por un organismo eminentemente burocrático, el Consejo Nacional Electoral (CNE). Éste verifica que los partidos cumplan con requisitos formales de organización básica: estructura interna, número de afiliados, directivas nacionales, provinciales, cantonales, inscripción legal. Pero no comprueba ni evalúa su funcionamiento.

En muchos casos, las informaciones de los partidos no se ajustan a la realidad pese a lo cual logran pasar la prueba.  Este ajetreo burocrático ha terminado moldeando la manera de actuar de los partidos frente a los ciudadanos. Así, progresivamente se han ido borrando sus diferencias ideológicas, lo cual dificulta el ejercicio responsable del sufragio. ¿Cómo pueden los ciudadanos elegir opciones si los candidatos muestran más similitudes que diferencias? Da lo mismo, entonces, votar por uno o por otro. Esta homogeneización desvirtúa la representación que consiste en expresar la diversidad de la estratificación social, étnica, doctrinaria y de género supuestamente encarnada en los partidos políticos.  

La masa de ciudadanos con derecho al voto es invadida por una publicidad que resalta la imagen de los candidatos y no la orientación de sus propuestas. Éstas, a su vez, no nacen de una investigación propia de las necesidades, anhelos y preferencias del electorado. Éste que los vive y sufre no es el que los demanda, se lo trata como mercado, no como sujeto activo de la democracia. La identidad ideológica de los partidos es dejada de lado porque se asegura que los electores no votan por ideologías.  De esta manera, la competencia electoral es vaciada de contenido. La política aparece como un juego de casino. Los partidos urgidos por la necesidad de obtener los votos suficientes, para no desaparecer, recurren a personalidades conocidas en el mundo de la farándula, del deporte, de los concursos de belleza o de las pantallas.

La ley de partidos inicial, expedida al regreso a la democracia, sufrió modificaciones que empeoraron su calidad. Esto se agravó en el correísmo. Se dio a los movimientos la misma calificación que a los partidos, sin tomar en cuenta que estos son el primer paso de un proceso que podría llevarlos a formarse como partidos. Y es que claro, a los caudillos no les conviene que emerjan verdaderos partidos ideológicamente coherentes y comprometidos no con el líder sino con el proyecto social  por el que abogan. Se eliminaron las diferencias entre los afiliados ocasionales, adherentes permanentes y afiliados. O sea, se privó a los partidos de sus principales elementos constitutivos. Se fraguaron afiliaciones falsas.  Se permitió así la inscripción de seudo partidos y movimientos con respaldos ficticios. Muchos ecuatorianos, sin saberlo, figuraron como afiliados a tal o cual partido o movimiento político como ocurrió con Alianza País, entonces partido del gobierno de Correa. 

Los partidos carecen de padrones de sus afiliados, la democracia interna no se practica con seriedad. Cualquier asamblea improvisada en la que los reunidos levantan la mano, ya se admite como una primaria. Esto ocurrió en la postulación de Jorge Glas a la vicepresidencia en el 2013 y el 2017 impuesta por el entonces presidente de la República.   Este desbarajuste organizativo no ha permitido superar el paternalismo, la elección a dedo de los candidatos, la injerencia económica privada ni los designios de las cúpulas partidarias.

Hay carencia de cuadros debidamente probados y preparados en la militancia orgánica para ejercer con probidad las distintas funciones de elección popular. Pese a estas falencias, los partidos reconocidos por la ley, a través de procedimientos a veces fraudulentos, son los únicos que pueden presentar candidatos en las elecciones nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. La fragmentación política imperante, sin embargo, ha distorsionado la ley de partidos, invalidando como dique al populismo, al caudillismo y a la improvisación.   

Todo lo señalado se refleja en las campañas electorales. Los debates temáticos entre los candidatos ocupan un lugar secundario. No se discuten propuestas ni su viabilidad técnica ni política.  La capacidad de gestión pasa desapercibida. No se analiza la trayectoria de los candidatos en la esfera pública. Prevalece el show mediático de candidatos caminando en el lodo o bailando y prodigando besos a niños desnutridos. Hay más de doscientos movimientos reconocidos por el CNE. Las alianzas no siempre responden a acuerdos programáticos sino a oscuros cálculos ocasionales. 

El CNE, pese a sus atribuciones como poder electoral ha descuidado su principal función que es la de educar a la ciudadanía sobre la democracia. Hay mucha gente que acude a votar solo por conseguir el certificado de votación. Con un electorado así, hay candidatos que regalan alimentos, o que proyectan una imagen que venda, como cuando se coloca un producto en el mercado. La capacitación no está entre sus prioridades. No ha sido posible, entonces, construir un verdadero sistema de partidos. Ello afecta el desempeño de los funcionarios electos para las distintas áreas del estado. Ciudades con graves problemas sociales, culturales, medioambientales, de discriminación de género, no pueden ser administradas sin planificación, mientras el campo permanece olvidado, convirtiéndose en caldo de cultivo de potenciales estallidos sociales. El primer poder del estado, la Asamblea, tiene un bajísimo nivel de aceptación, pues está lejos de cumplir sus funciones con responsabilidad. Atrapado por una oposición golpista trabaja en contra de la democracia. El Consejo de la Judicatura entre el 2011 y 2017 estuvo controlado por el Ejecutivo, lo cual atentó contra la autonomía de los jueces, y propició la corrupción. El Ejecutivo carece de equipos de gobierno, la inestabilidad de los gabinetes es su consecuencia, lo cual afecta su gobernabilidad y el cumplimiento de los ofrecimientos de campaña.   Las disputas entre el Ejecutivo y Legislativo desgastan la acción integral del estado y le apartan a éste de la sociedad. Ésta queda en la indefensión, a merced de falsos redentores.    

No es, pues, casual que el Ecuador arrastre problemas de todo orden, frente a los cuales el estado se ve rebasado. Hay una desproporción entre la complejidad de los problemas y las herramientas de las que se dispone para afrontarlos con eficiencia. Prevalecen visiones parciales en las medidas que se adoptan o ceguera respecto de las verdaderas causas de la violencia en sus diversos campos. De ahí que para combatirla solo se piensa en el uso de la fuerza y del endurecimiento de penas. Ello puede deslegitimar la política de seguridad del estado. El abandono de la planificación económica y social le priva a la seguridad de sustento. Las autoridades se enfrascan en litigios por el poder que distraen su atención de lo que incumbe a la población. El gobierno de la población, como lo entendió Foucault, se apoya en la economía. Fueron los economistas los que le dieron forma a esta práctica, desplazando el concepto de estado de policía propio del siglo XVI, basado en la competencia entre estados y la rivalidad de los príncipes (léase hoy rivalidad entre los jefes de las funciones del estado) Su acción es predominantemente reactiva y de corto plazo, y gira en torno a tales rivalidades.

Esto no se resuelve con menos democracia, sino con liderazgos competentes no solo para ganar elecciones sino, y sobre todo, para gobernar. La baja competencia de gobierno es el principal problema de la democracia y ello no es atribuible a la democracia per se, sino a los malos gobiernos, incapaces de ligar la economía con la política y viceversa. Por tanto, nada se resuelve aboliéndola. Si no, fijémonos en Nicaragua donde los guerrilleros de la revolución sandinista que triunfaron en el campo militar no pudieron ganar la batalla contra la pobreza y el despotismo en el ejercicio del. gobierno. Más bien prohijaron una dictadura sangrienta incapaz de construir un estado basado en el equilibrio entre igualdad y libertad.