Definitivamente, los gobiernos ecuatorianos tienen serias dificultades para manejar la relación con el movimiento indígena. Oscilan entre el autoritarismo más torpe y el pragmatismo más burdo. No se ve ni claridad ni capacidad para dar respuestas a una problemática histórica y estructural.

La creación de una Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades se inscribe dentro del viejo fetichismo burocrático con el que el poder pretende desactivar los conflictos más complejos. En los años 90 se respondió al primer levantamiento indígena creando instituciones ad-hoc. Sin embargo, a la luz de los hechos posteriores, se constata que de nada sirvieron estas iniciativas para procesar la propuesta de plurinacionalidad de la CONAIE. El paro de octubre de 2019 fue la consecuencia inevitable de un conflicto que no solo persistió, sino que se ahondó peligrosamente.
Es inconcebible suponer que el actual gobierno no haya realizado un análisis de estos antecedentes para tomar decisiones como la creación de este nuevo organismo. Más bien parece que pondrá en práctica una estrategia de seducción, cooptación o neutralización de aquellos sectores indígenas potencialmente inmanejables. En ese sentido, el régimen de Lasso estaría reeditando las mismas medidas fallidas del pasado, recalentado un fracaso.

 A propósito de los señalado, Inti Cartuche Vacacela, un reconocido dirigente indígena, afirma que la medida de marras es una distracción para aplicar sin mayor resistencia las políticas neoliberales anticipadas por el actual gobierno, y que terminarán perjudicando precisamente a los mismos sectores que se supone serán los beneficiados de la flamante Secretaría.

Los impasses seguirán siendo la tónica mientras no se entienda que lo que la conflictividad social requiere son políticas, no paliativos. Sí, políticas; es decir, formas de poder que permitan a la sociedad civil organizada tomar decisiones sobre los asuntos públicos.

En el caso del movimiento indígena, esta condición es todavía más trascendental, por las implicaciones que tiene para la construcción de un Estado diferente. En esencia, la plurinacionalidad significa no solo el reconocimiento de una realidad diversa, sino la exigencia de una democratización del poder y la consiguiente garantía de la autonomía territorial para los pueblos y nacionalidades indígenas. No son programas, ni medidas compensatorias, ni acciones de discriminación positiva; son políticas estratégicas.

 Mal comienzo, porque adicionalmente el presidente encarga esta misión a un indígena que no tiene ninguna representación del movimiento y que, además, genera mucha suspicacia por su pasado político. En la práctica, es una decisión contraria a la consigna oficial del encuentro, sobre todo porque Guillermo Lasso sabe perfectamente dónde encontrar al legítimo interlocutor.

Carlos Fuentes decía que la raíz del racismo mestizo mexicano es amar en abstracto a la indianidad y despreciarla en concreto. Ciertas iniciativas rimbombantes desde el poder político se parecen demasiado a esta admonición.