Como el artista de circo que simula expulsar fuego por la boca, el embajador de los Estados Unidos de América, Michael J. Fitzpatrick, volvió a realizar explosivas declaraciones con gran impacto mediático. 

 No es la primera vez que actúa como un lanzafuego. Lo hizo en diciembre de 2021 cuando habló de «narcogenerales» sin precisar nombres. Luego, en diciembre de 2022, cuestionando a la administración de justicia. Y ahora, repitiendo lo que todos saben y dicen desde hace años: que la economía formal del Ecuador es una gigantesca lavandería de dinero sucio.  

 Que un jefe de misión diplomática asuma un rol político descarado no solo es una violación al artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas: «no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado» (Lo que equilave a continuar atropellando el «estado de derecho» que tanto parece preocuparle al Embajador Fitzpatrick). También es un claro síntoma del proceso de vaciamiento democrático que experimenta el país.

Que la “visa americana” se haya convertido en indicador de honorabilidad ciudadana, es tan perturbador para una democracia menguante, como ver al líder de Los Choneros escoltado por un oficial de Policía, mientras anuncia una paz mafiosa desde la cárcel. 

Cuando los actores externos al sistema político logran más influencia que los internos, es el sistema el que experimenta una profunda recesión democrática. 

En este círculo vicioso de deslegitimación estatal, los «medios de comunicación» y las «redes sociales digitales» juegan un rol protagónico. 

El embajador Fitzpatrick lo sabe muy bien y su proceder es premeditado: en 2021 provocó una crisis institucional en la Policía, dándole un espaldarazo a la comandante de aquel entonces: Tania Varela, quien había bloqueado el ascenso de varios coroneles.  

En diciembre de 2022 gatilló el framing comunicacional para la campaña política de la Consulta Popular sobre la extradición, que fue rechazada por los electores el 5 de febrero de 2023. 

Ahora lo hace justo cuando inicia el proceso de Juicio Político contra la Fiscal General, Diana Salazar, a quien el Departamento de Estado premió como «campeona anticorrupción» en febrero de 2021. 

En fin, lo importante no es sólo lo que dice el Embajador Fitzpatrick, sino cuándo lo dice. 

Pero nada de esto sería posible sin el blindaje mediático que se le concede al representante de los Estados Unidos, para que hable con la superioridad moral propia de un Virrey.  

¿Qué se ha dicho en Ecuador sobre la trama de sobornos en la que está implicado ex Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, acusado de recibir coimas  a cambio de favorecer interés de ciertos países? ¿Acaso no fue con este oscuro personaje que el ex presidente Lasso acordó una serie de compromisos, gracias a la gestión del Embajador Fitzpatrick y la Embajadora Ivonne Baky? ¿Acaso no fue Bob Menéndez el mentalizador de la Ley de Asociación Ecuador–EE.UU., que ya está implementándose?

¿Podría el embajador Fitzpatrick hablar tan suelto de huesos sobre democracia y buen gobierno, si los ecuatorianos supieran que solo en el año 2022 el gobierno de los Estados Unidos vendió armas al 57 por ciento de los regímenes autoritarios del mundo? 

Mientras el Embajador Fitzpatrick crítica a los corruptos en Ecuador, el gobierno al que representa –el del Presidente Biden– apoya a los corruptos en Israel. Acosado por graves acusaciones, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, impulsó una reforma judicial para evadir la justicia y seguir en el poder. 

Ni qué hablar sobre los compromisos de EE.UU. con la paz y la seguridad mundial. 

El 7 de diciembre el Embajador Fitzpatrick deseaba que la paz sea una realidad cotidiana para Ecuador. Sin embargo, su gobierno no aspira lo mismo para los palestinos. Al día siguiente, EE.UU. fue el único en vetar una resolución del Consejo de Seguridad que pedía un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza. Al parecer, la paz que gusta al gobierno de EE.UU. es la de los cementerios. 

¡Caray, caray, qué contrariedad!