El presidente Daniel Noboa ha dicho que ‘una guerra cuesta y cuesta dinero’, a propósito de justificar el reciente envío a la Asamblea Nacional del proyecto de ‘Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica’, para su tratamiento con el carácter de económico urgente.

Esta iniciativa, en lo sustantivo, pretende elevar de forma permanente 3 puntos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), al pasar de 12 al 15%, con la finalidad, según dice el oficialismo, para atender las necesidades de recursos para afrontar una profunda crisis de inseguridad, así como implementar política pública en los sectores sociales y aportar, además, en la estabilización de las finanzas del Ecuador.

No obstante, tan pronto se conoció este inesperado anuncio del gobierno, fuerzas políticas como el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, Construye y Pachakutik, se han mostrado contrarios a apoyar en el legislativo este proyecto que, conforme está redactado, no tendría los votos requeridos para su aprobación.

Resulta bastante incomprensible, por decir lo menos, plantear en medio de una economía que apenas se estima podría variar en el 0,7% del PIB en el presente año, es decir, inclusive menos de la mitad de la tasa de crecimiento poblacional (con lo cual no hay crecimiento real), no obstante, se pretende cargar de impuestos y con ello agravar los problemas que se evidencia a nivel de demanda agregada.

No debemos soslayar que, si se quiere estimular la demanda nacional, es necesario impulsar el consumo interno, lo cual implica colocar dólares adicionales en los bolsillos de las familias, a través de la reducción de impuestos. Pero no. El gobierno ha elegido una opción no solo diferente sino contraria al manual. Es de esperar que, con una economía doméstica estancada, agobiada por la inseguridad y la incertidumbre, expresadas esto último en un altísimo riesgo país, lo cual explica –por otra parte- la falta de inversión nacional y extranjera, caiga el consumo y con ello, probablemente, la recaudación del IVA, en tanto, las autoridades económicas esperan se genere en un escenario favorable unos 1.306 millones de dólares adicionales por este tributo.

Por otra parte, hay que dejar en claro que el IVA es un impuesto regresivo, pues, el pago del mismo no está en función del ingreso, la riqueza o patrimonio del contribuyente, sino del consumo, lo cual deja entrever que se camina en contravía a alcanzar la llamada justicia tributaria en la que se verifica que quien más tiene, más aporta, es decir, una relación directa y proporcional.

Consecuentemente, la lectura que se tiene del proyecto que alienta el incremento del IVA al 15% es de colocar la mayor carga del sacrificio en la clase media y pobre del país y menos, muchos menos, en la clase privilegiada que pueda absorber de mejor manera este aumento. El Primer Mandatario, en otras palabras, pretende colocar ese pesado madero en las espaldas de un pueblo empobrecido. Y no solo eso. Hace poco se aprobó la ley de ‘eficiencia económica’ mediante la cual se introdujo la remisión de intereses, multas y recargos para quienes mantengan deudas con el Servicio de Rentas Internas, lo cual a más de enviar un mensaje errático a los agentes económicos (a propósito de los estímulos en una economía), contradice el plan del actual gobierno, en cuyo documento se lee: ‘...Para construir una cultura de cumplimiento fiscal, es importante que los ciudadanos entiendan la importancia de pagar impuestos y cómo sus impuestos se utilizan para financiar los servicios públicos...’.

Para conducir adecuadamente los destinos de un país se requiere mantener una buena dosis de coherencia y claridad en la toma de decisiones que se adopten en función del bien común.