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8 de Junio del 2017
Ideas
Lectura: 12 minutos
8 de Junio del 2017
Gonzalo Ortiz Crespo

Escritor, historiador, periodista y editor. Ex vicealcalde de Quito. 

Una aberración a lo Juan José Flores
Es monstruoso que un grupo de personas, sin representación política alguna, por medio de un proceso dirigido desde el Ejecutivo, nombre a los funcionarios encargados de controlar a ese Ejecutivo, por más que se haya mal disfrazado hasta ahora de supuestamente participativo y transparente. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es de los peores engendros de la historia constitucional del Ecuador.

El escándalo de tener al Contralor General del Estado bajo indagación fiscal y llamado a juicio político tiene laberínticas implicaciones sobre lo actuado por este individuo, porque hay que fiscalizar al fiscalizador y revisar todo lo que ha hecho. También están las rocambolescas maniobras desde Miami para reemplazar al contralor subrogante (¿quién protege a quién?, ¿dónde está la pelotita?). Pero, sobre todo y ante todo, desnuda la aberración del sistema con el que se nombra las autoridades de control del Ecuador impuesto en la Constitución de 2008.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es de los peores engendros de la historia constitucional del Ecuador. No encuentro parecido sino con un invento de Juan José Flores en la tristemente célebre “Carta de la Esclavitud”. Es que es monstruoso que un grupo de personas, sin representación política alguna, por medio de un proceso dirigido desde el Ejecutivo, nombre a los funcionarios encargados de controlar a ese Ejecutivo, por más que se haya mal disfrazado hasta ahora de supuestamente participativo y transparente.

La tristemente célebre “Carta de la Esclavitud” de 1843, dictada por una constituyente manejada a placer por Juan José Flores, consagró no solo la reelección inmediata (revivida por Alianza País en el siglo XXI para beneficio de Rafael Correa) sino la impunidad de los actos del Ejecutivo. Para fiscalizar al Estado creó una Comisión Permanente de cinco senadores escogidos por el presidente. Pero el presidente podía designar senadores principales y suplentes por una sola vez, y estos durarían 12 años en funciones. ¡Arreglado el pastel! Los cinco amigos de Flores que conformaban la Comisión obviamente nunca señalaron falta alguna.

Vicente Rocafuerte denunció que dicha Constitución iba “a facilitar el camino a la tiranía” y anticipó que habría una rebelión. También entonces se atacó a los partidos políticos que se oponían al dictador y a su constituyente de bolsillo. El guatemalteco Antonio José de Irisarri, portavoz de Flores, dijo que “los partidos no producen otra cosa que animosidad, rencor y venganza” (igual pasa con todos los dictadores: ellos y sus portavoces atacan a quienes denuncian, fiscalizan y exigen que se actúe con ética). La rebelión anunciada por Rocafuerte no tardó: dos años después se produjo el movimiento civilista del 6 de marzo de 1845 y, aunque Flores desató la guerra civil y se atrincheró en su hacienda La Elvira, tuvo finalmente que rendirse, como todo tirano ante la fuerza del pueblo.

Hoy, cuando las máscaras se han ido al suelo, sabemos que el sistema antidemocrático, fascista, de control creado en Montecristi se prestó a dar “puntaje perfecto” a un individuo sobre el que el Ecuador entero tenía sospechas y al que uno de los propios mafiosos enquistados en el Gobierno acusó de recibir una maleta llena de dinero en su suite del Swissotel. A la perfección del puntaje, sumó el Cpccs, la supresión de cualquier objeción, y avanzó por el camino de la vergüenza para cumplir a pie juntillas la instrucción de nombrarlo por tercera vez al cargo que ya ostentaba durante diez años.

¿Cómo fue eso posible si existían sospechas más que fundadas? ¿Por qué se le dio el tiempo y la protección que significa su cargo para que siga preparando su escapada y pueda enervar cualquier investigación en su contra y en contra de otros miembros de la trama corrupta?

Otro de los siniestros inventos del correísmo es que para que se pueda seguir un juicio por peculado a un funcionario público no bastan todas las evidencias y pruebas que puedan recoger fiscales y policías o que presenten los agraviados. No; es indispensable que haya informe previo de Contraloría. Sin ese informe previo no puede haber juicio. Es escandaloso, a esta luz, que el Cpccs (sigla impronunciable, porque carece de vocales y al que llamaré Cepececé-ese) haya reelegido a este individuo al que se le daba el poder inmenso de bloquear por sí y ante sí cualquier acusación y, por lo tanto, podía cobrar su propio peso en oro por hacerlo.

Más que mérito del presidente Lenin Moreno, y del fiscal, Carlos Baca, nombrado por el mismo aberrante sistema del Cepececé-ese, la situación actual se deriva de la imposibilidad de permanecer pasivos ante las descomunales revelaciones logradas por la justicia de Brasil sobre las prácticas de Odebrecht y del resto de empresas constructoras brasileñas.

Aunque ya desde fines del año pasado podían haberse tomado acciones, porque los indicios eran abundantes, ya sabemos que los regímenes de Alianza País solo han tomado acciones cuando no pueden ocultar ni un minuto más las evidencias. Sucedió con los Panama Papers, que revelaron la existencia de empresas de conveniencia y transacciones con paraísos fiscales de los funcionarios del área petrolera, y sucede ahora cuando la justicia de Brasil entrega nombres como parte de la Operación Lava Jato.

Iniciada en 2008 por la denuncia de un empresario (Hermes Magnus) de que en su empresa (Dunel Indústria e Comércio) un grupo de personas intentó lavar dinero, la investigación fue hecha pública por Policía Federal de Brasil el 17 de marzo de 2014. Anunció que el esquema de lavado de dinero incluía delitos de organización criminal, financieros y de falsedad documental y que, para entonces, involucraba a 30 personas, entre ellas a Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras.

La operación, a la que se llamó Lava Jato (que en portugués quiere decir “lavado a presión”, porque entre los esquemas de lavado de dinero se utilizaba una cadena de estaciones de autolavado de coches), sumada a la enérgica actuación del fiscal Sergio Moro, que no dejó de investigar a todos quienes aparecían como autores o cómplices, provocó una cascada de revelaciones, a cual más escandalosa y desproporcionada, sobre el sistema de sobornos que las empresas brasileñas daban a políticos y funcionarios para obtener contratos de obras en Brasil.

Si Paulo Roberto Costa fue el primero en acogerse al sistema de “delación premiada” (colaboración en las investigaciones a cambio de rebaja de penas), el hilo de revelaciones condujo al fiscal Moro hasta el propio Marcelo Odebrecht quien también se acogió al sistema, junto con alrededor de 80 funcionarios de la firma, en lo que los medios brasileños llamaron la “delación del fin del mundo”.

Es a partir de esa delación y con la intervención de las fiscalías y sistemas judiciales de Suiza y EEUU que se supo ya a fines de diciembre del año pasado los montos de los sobornos pagados en 12 países de América Latina y África. Reitero: son los sobornos que pasaron por el sistema financiero de EEUU, no todos los sobornos pagados ni mucho menos.

El 1º de junio, fecha hasta la cual Brasil, Suiza y EEUU se habían reservado durante seis meses nombres y detalles para adelantar sus propias investigaciones, la fiscalía brasileña los entregó a los países que lo pidieron, y es de allí que nacen los allanamientos y detenciones realizados por la fiscalía ecuatoriana. Según anunció Baca, esta semana volvió a Brasil con un equipo de fiscales para recabar más información. Es que no pueden postergarlo más porque esas listas ya están en varias manos y pronto se filtrarán a la prensa.

Claro que para el 1º de junio, Carlos Pólit y su familia ya se hallaban a buen recaudo en EEUU. Será imposible que regrese, y menos aún que se lo extradite, siendo ciudadano de EEUU. La periodista Thalía Flores puso en redes sociales que “muchos saben que Carlos Pólit tiene también nacionalidad estadounidense. Pocos saben que el vicepresidente Glas tiene pasaporte alemán”.

A propósito de Glas, la Asamblea Nacional, en una nueva demostración de espíritu de cuerpo de Alianza País, se niega a llamarlo, a pesar de que Jorge Glas, como presidente del Fondo de Solidaridad (2007-2009), ministro coordinador de Sectores Estratégicos (2010-2012) y vicepresidente de la República (2012 a la fecha), ha tenido a su cargo a lo largo de estos diez años las áreas en las que se contrató a Odebrecht y a las demás empresas corruptoras brasileñas, por lo que, al menos, es responsable directo por descuido.

De allí que su amenaza hecha en estos días de expulsar a Odebrecht es escandalosa. Ninguna expulsión cabe: lo que la fiscalía requiere es la cooperación eficaz, al estilo de la “delación premiada” brasileña, para que esa empresa y las demás compañías corruptoras brasileñas, digan con detalle a quiénes pagaron; si lo hicieron directamente o no; si lo entregaron en efectivo, transferencia o especie; si contribuyeron a sus campañas presidenciales, legislativas o municipales; todo con detalles de cuánto, cómo, dónde y cuándo.

La frase utilizada por Glas estos días, “prepárense a largarse,” es exactamente igual a la que utilizó en 2008. Como presidente del Fondo de Solidaridad, responsable del área de electricidad, decía en septiembre de 2008: “Si Odebrecht no acoge de inmediato todas y cada una de las exigencias, que no son dádivas para el Estado, que se prepare para largarse del país; que se prepare porque todos los contratos que tiene con el Estado se acabarán". Dos semanas después de esas frases, el Gobierno, en efecto, la expulsó. Pero, al poco tiempo, la empresa volvió, el castigo se arregló nomás, un manto de perdón y olvido cubrió las multas y sanciones con que se le había amenazado y la empresa recibió nuevos y jugosos contratos.

Aunque ya hay pedidos de que se vincule a Glas en la instrucción fiscal y se lo haga con el propio expresidente Rafael Correa (lo hizo, por ejemplo, con un escrito a la fiscalía, Giovanni Atarihuana de Unidad Popular), lo que resulta de todo esto es el descalabro del sistema de nombramientos y la aberrante existencia del Cepececé-ese. Por eso es tan adecuada la iniciativa de la legisladora Wilma Andrade de pedir al presidente Moreno que convoque a una consulta popular para dejar insubsistentes las designaciones a todos los a los órganos de control y superintendencias, y eliminar el Cepececé-ese, esa aberración a lo Juan José Flores que, como su antecedente, solo sirvió para tapar la corrupción.

[PANAL DE IDEAS]

Patricio Moncayo
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