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8 de Diciembre del 2020
Ideas
Lectura: 7 minutos
8 de Diciembre del 2020
Patricio Moncayo

PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.

Una consulta trascendente
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Con la bicameralidad se busca diferenciar más claramente la representación provincial de la representación nacional. La Cámara de Representantes seguiría estando integrada por los asambleístas provinciales, mientras que el Senado estaría constituido por representantes nacionales.

El proyecto de modificación constitucional planteado por el Comité por la Institucionalización Democrática apunta a dar mayor racionalidad al juego político que tiene como centro la Asamblea Nacional. El deficiente desempeño de la Asamblea actual es producto no solo del comportamiento de sus asambleístas, en su gran mayoría imbuidos de afanes opuestos a los intereses del país y de los ciudadanos, sino de una estructura institucional que ha dado lugar a prácticas que han distorsionado la representación provincial.

La unicameralidad ha sido utilizada por los asambleístas electos a nivel provincial para la tramitación de obras demandadas por las localidades en términos de una negociación en la que ha operado un intercambio de favores con el Ejecutivo. Los votos de estos asambleístas suelen condicionarse a la ejecución de obras a cargo de los gobiernos de turno, lo cual puede dar paso a actos de corrupción. Este clientelismo ha fomentado la emergencia de caciques regionales que impiden la consolidación de una autoridad nacional.

Con la bicameralidad se busca diferenciar más claramente la representación provincial de la representación nacional. La Cámara de Representantes seguiría estando integrada por los asambleístas provinciales, mientras que el Senado estaría constituido por representantes nacionales. En la actual Asamblea no existe una clara diferenciación entre los dos tipos de representación. Y ello es básico para forjar un liderazgo nacional.

Se busca, además, mejorar la calidad de la representación. Los candidatos al senado deben tener una edad mínima de 35 años y al menos diez años de experiencia profesional. Los candidatos a la Cámara de Representantes deben tener una edad mínima de 21 años. Éstos serían electos para dos años, y los senadores para cuatro años.

La Cámara de Representantes, en esa condición, podría ser un espacio de formación de los políticos en la práctica parlamentaria, en el aprendizaje de temas sustantivos, de métodos de trabajo idóneos. La política debe ser entendida y practicada en términos profesionales. Hay que desistir de la improvisación, del oportunismo, de los acomodos. Una senaduría supone mayor madurez y comprensión de la complejidad de los temas que conciernen a las políticas públicas. La perspectiva nacional de los senadores ubicaría a la política en otra dimensión.   

Aunque en la propuesta del Comité se contemplaban otros requisitos atinentes a los niveles de instrucción para los senadores, la Corte Constitucional hizo reparos basándose en la “restricción de derechos” que ello implicaba. El conflicto entre los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, y una formación académica que avale su desempeño en funciones que demandan conocimientos que no están al alcance del ciudadano común y corriente, pone en debate la calidad de la gestión de la función pública.

La experiencia del país en este campo muestra el costo de una representación de baja calidad. Y una de sus causas, por cierto, no la única, es la carencia de conocimientos de diversa índole de los representantes electos. Otra, sin duda, es la ausencia de partidos políticos serios y responsables que enriquezcan, potencien y monitoreen la acción de los representantes ungidos por éstos.  No cabe, por tanto, dejar de lado tal requisito.

La Constitución y las leyes no deben ser letra muerta, se les debe dar vida mediante acciones que provengan de la ciudadanía, dado que los partidos y movimiento políticos se han visto atrapados por el electoralismo, el clientelismo, el caciquismo, pese a lo cual siguen ostentando el monopolio de la representación política.

En cuanto a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la propuesta del Comité establece la transferencia de las atribuciones para la designación de autoridades a la función legislativa, pero deja a las demás atribuciones de dicho Consejo sin una ubicación institucional. Esto es, la formación de ciudadanía, la rendición de cuentas, la transparencia, lo cual equivale a eliminarlas. Estimo que esta es una falla que hay que enmendar.

La propuesta también aboga por una mejor relación entre las funciones del estado eliminando la llamada “muerte cruzada” que puede alimentar la pugna de poderes, y otorga mayor independencia a la fiscalía general del estado en el campo de la función judicial. 

La fiscalización, con la existencia del senado, evitaría la manipulación política que los asambleístas suelen hacer con objetivos y cálculos electorales. Que el juicio político pase a consideración del senado le daría a esta mayor seriedad y le pondría a resguardo de motivaciones políticas menores derivadas del juego coyuntural, oposición/gobierno.   

La Comisión de la Asamblea que avocó conocimiento de la propuesta refleja la resistencia, al menos de cuatro de sus integrantes, a la bicameralidad, con el argumento de que se estarían lesionando los derechos de representación de las provincias.  Tales derechos han sido utilizados para practicar el clientelismo y  afianzar el  parroquialismo, que impide a la unicameralidad representar al conjunto del país.  Se esgrimen, entonces, banderas regionalistas para deslegitimar la iniciativa ciudadana que cuenta con más de 300.000 firmas reconocidas por el CNE para que sean los ciudadanos los que finalmente la aprueben o desaprueben.

Esta forma de participación directa establecida en la Constitución acorta la distancia entre los representantes y la población, pues devuelve la soberanía a su verdadero dueño.  La propuesta apunta a fortalecer el sistema de representación para dar a los ciudadanos capacidad de control sobre los políticos obligándoles a que cambien su comportamiento y sus prácticas.

Ello se traduciría en el mejoramiento de la calidad de la democracia, a través de una más adecuada articulación entre las funciones del estado y de un más eficiente desempeño tanto del gobierno central como de los gobiernos seccionales.

La Constitución y las leyes no deben ser letra muerta, se les debe dar vida mediante acciones que provengan de la ciudadanía, dado que los partidos y movimiento políticos se han visto atrapados por el electoralismo, el clientelismo, el caciquismo, pese a lo cual siguen ostentando el monopolio de la representación política. 

La revitalización de la función parlamentaria es un objetivo no solo de valor institucional sino político.

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