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17 de Junio del 2021
Ideas
Lectura: 4 minutos
17 de Junio del 2021
Juan Cuvi

Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.

Una Contraloría descontrolada
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Lo que sucede con la Contraloría General del Estado desde el incendio de 2019 ilustra la aberración de las instituciones públicas cuya naturaleza ha sido extirpada a consecuencia de los juegos de poder, de la pugna entre intereses particulares.

La política es la forma más rápida de perder buenos amigos. Al parecer, que se trate de una actividad cuya esencia es el manejo deformado del poder provoca pasiones desaforadas y absurdas. Ya Maquiavelo afirmó que la finalidad del poder podía alcanzarse sobre la tierra arrasada de la ética. Poco importa que en el camino vayan quedando afectos y amistades.

Pierre Clastres, célebre antropólogo y etnólogo francés, sostenía que las sociedades primitivas se niegan a dotarse de un Estado para prevenir ese encuentro siempre fatal entre jefatura y poder. No es que desconocen la existencia de esa instancia; simplemente la aborrecen por las consecuencias de desigualdad social que termina provocando. No obstante, la dinámica general de las sociedades terminó dotándolas de un Estado.

En Línea de fuego -su última novela- Arturo Pérez Reverte reflexiona, a propósito de la guerra civil española, sobre el drama que implica matarse entre hermanos. Mejor dicho, entre españoles. En uno de los pasajes del relato, un personaje se lamenta porque lo “malo de estas guerras es que oyes al enemigo llamar a su madre en el mismo idioma que tú”. Únicamente una concepción exaltada y sectaria del poder político pudo derivar en un conflicto de una brutalidad espantosa.

Lo que sucede con la Contraloría General del Estado desde el incendio de 2019 ilustra la aberración de las instituciones públicas cuya naturaleza ha sido extirpada a consecuencia de los juegos de poder, de la pugna entre intereses particulares.

Todas estas reflexiones sirven para formular una pregunta, a propósito de la profunda crisis de las instituciones estatales por la que atraviesa el país. ¿Es factible que, al margen de las disputas propias de la política, existan ciertas instituciones del Estado que cumplan con una función independiente, equilibrada y transparente? Por ejemplo, el organismo electoral, la administración de justicia o los organismos de control. Es lo mínimo a lo que puede aspirar una sociedad moderna (y el Ecuador, pese a sus desfases estructurales y a sus rasgos premodernos, es una sociedad moderna).

Lo que sucede con la Contraloría General del Estado desde el incendio de 2019 ilustra la aberración de las instituciones públicas cuya naturaleza ha sido extirpada a consecuencia de los juegos de poder, de la pugna entre intereses particulares. La posibilidad de hacer algo tan obvio y necesario como cuidar los bienes colectivos queda desactivada por una confrontación que debería trasladarse al ámbito de la Asamblea Nacional.

Es decir, al espacio donde deben disputarse las propuestas y lineamientos sobre el destino de los recursos públicos. Que ahí se den repartos y chanchullos es otro cantar. Lo inadmisible es que esos repartos y chanchullos se trasladen justamente al organismo que tiene que sancionarlos.

Los primeros teóricos del socialismo planteaban que el Estado está al servicio de la clase dominante. Por lo tanto, en aras de alcanzar la igualdad social, había que abolirlo. El problema es que, con la extrema complejidad de las sociedades contemporáneas, esta aspiración luce inviable. Es más, a contracorriente de lo previsto, los países del denominado socialismo real terminaron creando Estados omnipotentes y omnipresentes. En esas condiciones, y hasta que los cambios más profundos se produzcan, habría que debatir si al menos una parte de esa estructura monstruosa puede servir a la sociedad.

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