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16 de Septiembre del 2020
Ideas
Lectura: 6 minutos
16 de Septiembre del 2020
Mauricio Alarcón Salvador

Abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

¿Una nueva metida de mano en la justicia?
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¿Cómo pueden los ciudadanos hacer control social de un proceso tan importante como la renovación de la Corte Nacional de Justicia si ni siquiera están disponibles las hojas de vida y las carpetas de los postulantes? ¿Cómo confirmar que la Dirección Nacional de Talento Humano cumplió adecuadamente con su trabajo en la fase de postulación si no se dispone de información suficiente?

En enero de 2011, el ex presidente Rafael Correa anunciaba con total desparpajo que metería sus manos en la justicia “para mejorar esas Cortes con las que nadie puede estar satisfecho”. Pocos meses más tarde, en mayo de 2011, 10 preguntas se ponían a consideración de los ciudadanos en un referendo y consulta popular. Dos de ellas, la 4 y la 5, viabilizaban el secuestro de la justicia mediante la creación de un Consejo de la Judicatura de Transición que reestructure la Función Judicial, además de enmendar la Constitución y reformar el Código Orgánico de la materia.

Con poco más del 46% de los votos la ciudadanía avaló la iniciativa de Correa. Lo que sucedió, es conocido ya por los ecuatorianos.

La historia se repitió en febrero de 2018. Un nuevo referendo y consulta popular, esta vez por iniciativa del presidente Lenin Moreno, intervino indirectamente en la justicia, supuestamente para corregir la “metida de mano” de su antecesor. Por medio de la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se dio paso a un nuevo Consejo de la Judicatura de Transición y luego, al actual Consejo de la Judicatura.

En febrero de 2019 esta Judicatura, en cadena nacional, anunció que realizaría una evaluación integral a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Pese a las observaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de autoridades como el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, en noviembre se dio a conocer los resultados definitivos del proceso: 23 jueces y conjueces nacionales no superaron la evaluación. Días más tarde, se anunció la lista de 26 “conjueces temporales” para reemplazar a quienes fueron removidos.

A inicios de julio de este año, el CJ aprobó la convocatoria para el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia, a través del cual se busca llenar 16 vacantes: 7 correspondientes a las y los jueces nacionales cuyo período constitucional termina en 2021 y 9, correspondientes a jueces removidos mediante la evaluación integral. Los 7 jueces se elegirán para un período de 9 años, mientras que los 9 restantes, para culminar el período que correspondía a los removidos (3 o 6 años).

¿Cómo pueden los ciudadanos hacer control social de un proceso tan importante si ni siquiera están disponibles las hojas de vida y las carpetas de los postulantes? ¿Cómo confirmar que la Dirección Nacional de Talento Humano cumplió adecuadamente con su trabajo en la fase de postulación si no se dispone de información suficiente?

Las postulaciones se recibieron entre el 9 y el 29 de julio. Si bien estaba previsto que esta etapa culmine el 21 de julio, el Consejo de la Judicatura prorrogó la presentación de postulaciones por la pandemia. Cerrado el período de recepción de postulaciones, únicamente se emitió un comunicado anunciando que se había registrado 124 digitales y 129 físicas.

Por medio de comunicados e informes posteriores se conoció que la Secretaría General del Consejo de la Judicatura, remitió un total de 128 postulaciones físicas a nivel nacional, no 129 como se mencionaba en el comunicado oficial del mes de julio. De estas, únicamente 116 contaban con postulación digital, por lo que 12 expedientes físicos quedaron incompletos. La Dirección Nacional de Tecnologías de la Información remitió un total de 124 postulaciones, de las cuales, 2 tenían registro incompleto, y una postulación seleccionó una especialidad no considerada en la convocatoria. De estas, 6 no contaban con expediente físico, dejando un total de 115 postulaciones completas.

Se conoció que de las 115, 97 cumplían con los requisitos reglamentarios y, en consecuencia, se encontrarían habilitadas para continuar a las siguientes fases del concurso. Pero un postulante fue descalificado al registrar sanción de destitución al cargo, y una postulante quedó fuera por no haber ejercido la profesión de abogado por un lapso mínimo de 10 años.

El concurso continuaría con 95 aspirantes. No obstante, tras los respectivos pedidos de reconsideración se ha conocido que finalmente serán 100 personas las que concursarán por las 16 vacantes.

A pesar de que las postulaciones cerraron a finales de julio, no fue sino hasta el 31 de agosto que se pudo conocer estos datos. La transparencia y la publicidad del concurso no han sido garantizadas de manera plena, pues no se dispone de información completa al respecto. ¿Cómo pueden los ciudadanos hacer control social de un proceso tan importante si ni siquiera están disponibles las hojas de vida y las carpetas de los postulantes? ¿Cómo confirmar que la Dirección Nacional de Talento Humano cumplió adecuadamente con su trabajo en la fase de postulación si no se dispone de información suficiente?

Desde varias organizaciones de la sociedad civil se ha pedido a la Judicatura publicar información completa y cumplir con el estándar de máxima transparencia en un proceso de tanta relevancia para el país. La poca transparencia y la falta de información han motivado que incluso la Comisión Nacional Anticorrupción se retire de su rol de contraloría social al proceso por considerar que hay obstáculos para la participación ciudadana. ¿Por qué no permitir que cualquier ciudadano pueda ejercer libremente su derecho al control social como establece la Constitución? Esperemos que no sea porque se prepara una nueva “metida de mano” en la justicia.

[PANAL DE IDEAS]

Iván Flores Poveda
Oswaldo Toscano
Mauricio Alarcón Salvador
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Fernando López Milán
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Patricio Crespo Coello
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