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30 de Mayo del 2016
Ideas
Lectura: 6 minutos
30 de Mayo del 2016
María Fernanda Solíz

Psicóloga por la Universidad del Azuay y PhD en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es investigadora y académica. 

Una reconstrucción con tintes fascistas
Luego de algunos días acompañando a comunidades afectadas por el terremoto, quedan en el aire algunas preguntas urgentes que merecen ser ventiladas: ¿qué está detrás de la militarización y el control gubernamental de los refugios, albergues y territorios afectados? No nos gustaría pensar que el correísmo pretende condicionar el acceso a los programas de compensación post desastre a la filiación política o al voto en las elecciones próximas.

Cuando pensé que ya nada podía sorprenderme, que el abuso de poder había llegado a su máxima expresión, recorrer las comunidades de Manabí pone en evidencia una vez más que la ambición y el totalitarismo no tienen límites.

Desde redes sociales, columnas editoriales y desde las voces mismas de comunidades y colectivos, se ha denunciado con insistencia los abusos de un gobierno que en nombre de la rectoría, ha construido su plataforma política capitalizando el inconmensurable despliegue de generosidades de la sociedad civil. Y aún más, un gobierno que no logra entender que el control y anulación de la sociedad civil organizada tiene tintes fascistas.

Luego de algunos días acompañando a comunidades afectadas por el terremoto, quedan en el aire algunas preguntas urgentes que merecen ser ventiladas: ¿qué está detrás de la militarización y el control gubernamental de los refugios, albergues y territorios afectados? No nos gustaría pensar que el correísmo pretende condicionar el acceso a los programas de compensación post desastre a la filiación política o al voto en las elecciones próximas. ¿Por qué anular las soberanías comunitarias, la autonomía, la construcción democrática e imponer estructuras verticales que responden directa y únicamente al ejecutivo? ¿Es eso legítimo en un Estado democrático?

Las definiciones ministeriales determinan que quienes no estén en los albergues dirigidos por el gobierno, no tendrán beneficio alguno, amenazan a las comunidades con el discurso “que el gobierno no se responsabilizará en lo absoluto” por los pobladores que no se enlistan en esta política de albergues únicos. Esta lógica no tiene sentido ni argumento alguno. Desde la salud colectiva, una propuesta masificadora de refugiados incrementa las preocupaciones en torno a saneamiento, vulnerabilidad generacional y de género, sufrimiento mental, privación de la intimidad e incremento de enfermedades infecciosas y transmisibles.

La concentración masiva, unificadora y asistencialista de refugiados en estructuras verticales que obedecen a los mandatos presidenciales puede entenderse sólo desde la necesidad utilitaria y populista de condicionar los derechos sociales a la toma de partido por el gobierno central. Existen relatos de líderes comunitarios presionados a dar testimonio público y documentado agradeciendo la labor del gobierno central, ¿es eso ético?

Con la misma indignación surge el interrogante: ¿por qué la necesidad de construir un estado de propaganda que pinta una historia que no se acerca en lo absoluto a las realidades de Manabí y Esmeraldas? Temas como la propiedad de la tierra y el acceso a agua potable son debates políticos obligatorios para el momento actual. ¿Cómo se puede afirmar que el 80% de la economía ha sido reactivada en Pedernales?, ¿en qué cabeza podría caber ese cuento?

Sólo por citar un ejemplo, el barrio los Cañonazos es un espacio de asentamientos informales de la periferia de Portoviejo, en el que viven alrededor de 500 familias en situación de extrema pobreza.

Estas familias no tienen legalización de sus terrenos (se consideran invasiones), no cuentan con ningún servicio básico, trabajan como recicladores/as informales en el basural a cielo abierto del cantón y su promedio de ingresos mensuales están entre los 105 USD y los 330 USD. Sin tierra, sin legalización ni reconocimiento laboral (los recicladores y recicladoras en el país han sido un grupo históricamente excluido) y sin alternativas productivas, han “sobrevivido” a lo largo de al menos 5 décadas.

Como no existe acceso a agua, cada familia gasta hasta 25 dólares semanales en tanqueros (no hablamos de agua entubada, ni potable ni segura, sólo agua dulce), es decir, deben pagar un promedio de 8 dólares por metro cúbico, ¡el agua más cara del país!, terrible paradoja.
La intervención gubernamental en estos últimos 10 años no ha seguido un enfoque de derechos sociales, de equidad, justicia social y ambiental. Por el contrario, son comunidades que amortiguan los impactos del basural a cielo abierto y viven en condiciones de vulnerabilidad y exposición.

Frente al terremoto, comunidades como las descritas revelan que no existen desastres naturales, existen fenómenos naturales que se convierten en desastres frente a la pauperización sostenida, a modelos societales de opulencia y miseria, a desequilibrios en la relación de las sociedades y sus ecosistemas permitidos en nombre de la acumulación de capital y el desarrollo (pensemos en la destrucción del manglar por las camaroneras. Valga decir, además, que las camaroneras han sido uno de los principales sectores atendidos para la reconstrucción).

Por todo esto, debemos insistir: “no queremos reconstrucción, queremos y demandamos reparación integral”. El gobierno debe respetar la autonomía y soberanía de familias, comunidades y pueblos afectados y debe ser el garante del cumplimiento de derechos sociales, civiles, políticos, económicos en tanto su inexistencia ha sido en mucho, responsable de que el terremoto se convierta en un desastre natural. Demandamos, garantías de no repetición.

[PANAL DE IDEAS]

Carlos Rivera
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